Las Cortes dan el primer paso para recortar sus vacaciones

Hoy comienza el ocaso del calendario parlamentario actual, construido desde la Transición. El presidente del Senado, Javier Rojo, almorzará con los portavoces de todos los grupos de la Cámara para debatir sobre una posible ampliación del periodo ordinario de sesiones a enero y julio. También se repetirá la cumbre en el Congreso, previsiblemente la próxima semana. Para entonces se reunirán los líderes de cada grupo con el presidente, José Bono.

Desde 1978, las Cortes Generales se reúnen al año en dos periodos de sesiones, de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Así lo obliga la propia Constitución en su artículo 73. Pero regularmente reaparece el debate sobre las excesivas vacaciones parlamentarias.

El año pasado el PP reclamó habilitar enero y julio. En 2010, tras un arranque de año tranquilo, volvió la discusión. Rojo recogió el guante el martes pasado, y solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara un informe que reflejara qué soluciones podrían arbitrarse. Tres días después, Bono envió una carta a los portavoces del Congreso para pedirles propuestas. La suya era triple: o reformar la Constitución, o cambiar el Reglamento del Congreso o bien adoptar acuerdos concretos en la Junta de Portavoces.

Ayer se dio un paso más. El presidente de la Cámara baja consensuó con todos los grupos celebrar una reunión específica. Rojo presentó a los portavoces el texto de los letrados del Senado. Un documento de diez folios al que tuvo acceso Público y en el que se ofrecen dos caminos. El difícil es la modificación de la Carta Magna. El fácil, que el presidente de la Cámara alta convoque a la Junta de Portavoces y la Mesa para elaborar el orden del día de los plenos de enero y julio. Este orden del día sería aprobado a continuación por la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno cuando hay vacaciones parlamentarias. Si da su visto bueno, se celebraría la sesión plenaria.

Un galimatías técnicamente complejo pero sencillo de llevar a cabo si cuaja el consenso de todas las fuerzas políticas. De momento, disposición hay. Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado, indicó que su grupo está "abierto" a que prospere la iniciativa de Rojo. Pero también repudió que se hable de vacaciones parlamentarias, cuando sus compañeros "trabajan de forma incansable", tanto cuando hay plenos como cuando no los hay, informa Efe.

Hacer y parecer

Silva coincidió con su homólogo en el Congreso, José Antonio Alonso. "Se trata de visualizar algo que es verdad, que los parlamentarios trabajan en enero y julio. Pero además de hacerlo, hay que parecerlo", sostuvo. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, deseó que se resuelva ya el conflicto y repitió que los plenos extraordinarios han de contener también sesión de control al Gobierno, informa Europa Press.

Los grupos minoritarios son asimismo favorables a la reforma, aunque discrepan en el método. IU, por ejemplo, exige que para ello se cambie la Carta Magna.

Pero las inercias son eso, inercias. Bono abrió el Pleno ayer con unos 50 diputados presentes. Faltaron casi 300.

LA LETRA PEQUEÑA DEL INFORME
Una vía paralela que no vulnera la Constitución

El informe que hoy miércoles 10 de marzo discutirán los portavoces del Senado en la comida programada por Javier Rojo señala que cuando se elaboró la Constitución ya se debatió de la duración de los periodos de sesiones. Precisamente Manuel Fraga, ponente de Alianza Popular, defendió sumar el mes de julio.

El documento recuerda que en estos 32 años de democracia se han convocado plenos extraordinarios. La fórmula habitual ha sido esta: la Mesa del Senado, previa consulta a la Junta de Portavoces, propone al hemiciclo, en la última sesión de cada periodo ordinario, habilitar fechas para plenos extraordinarios.

El informe juzga "idónea" la reforma de la Carta Magna, pero sabe de sus "dificultades". Se puede lograr un "efecto equivalente" si se cumplen dos premisas. Una, que el Gobierno y las Cámaras (los sujetos de la actividad parlamentaria) estén de acuerdo en trabajar en enero y julio. Y dos, que el orden del día esté determinado. Si ambas circunstancias concurren, "difícilmente podrá sostenerse" que la ampliación de los periodos de sesiones "es contraria a la Constitución", concluyen los letrados del Senado.