La detención de la alcaldesa de Berga airea las diferencias independentistas ante la represión judicial

BARCELONA.— La detención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha puesto al descubierto las discrepancias entre la formación anticapitalista y el gobierno catalán, y especialmente el nuevo PDECat —la antigua CDC— a la hora de afrontar la represión judicial contra actuaciones vinculadas al proceso independentista. Venturós, que encabeza la alcaldía más importante en manos de la CUP, ha sido detenida a primera hora de la mañana por agentes de los Mossos d'Esquadra. La actuación ha indignado al partido de la izquierda anticapitalista, que desde hace meses defiende que la policía autonómica debería desobedecer a las instancias judiciales estatales. La demanda choca frontalmente con la actuación del departamento de Interior de la Generalitat, quién insiste que los Mossos están “para servir a la legalidad y hacer cumplir las leyes”.

Para Benet Salellas la detención muestra una “manera de actuar impropia de una policía democrática y de lo que esperamos de los Mossos”

La detención, y en particular la actuación de los Mossos d'Esquadra, ha indignado a la CUP. El diputado de la formación, y a la vez abogado de Venturós, Benet Salellas, ha manifestado que el hecho de detenerla a primera hora de la mañana, “buscando que estuviera sola en casa”, es una “manera de actuar impropia de una policía democrática y de lo que esperamos de los Mossos”.

"Podemos empezar a plantearnos que Interior no dé cumplimiento a aquellas órdenes injustas relacionadas con el proceso de independencia”

La respuesta a Salellas ha llegado de la mano de la portavoz del gobierno y dirigente del PDECat, Neus Munté, que ha pedido a la CUP “no caer en la trampa que nos pone el Estado español”. “El problema no es con los Mossos sino con el Estado y con el gobierno del PP y la judicialización de la vida política de Catalunya”. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Munté ha añadido que una de las atribuciones de los Mossos “es hacer de policía judicial cuando reciben un requerimiento de un órgano judicial y lo hacen en cumplimiento de su responsabilidad. No podemos poner el foco en la policía de Catalunya, que ha demostrado su talante respetuoso en derechos y libertades”.

El debate alrededor de la desobediencia

El papel de los Mossos d'Esquadra como ejecutores de decisiones judiciales contra políticos independentistas es uno de los grandes puntos de diferencias dentro del campo soberanista. La CUP entiende que, tras la aprobación en el Parlament de Catalunya de la declaración de ruptura [con España] del 9 de noviembre del año pasado, las instituciones catalanas deben “desobedecer” a las instituciones del Estado español y, por lo tanto, la policía autonómica no debe atender determinados requerimientos judiciales.

En marzo, la CUP ya pidió a la consejería de Interior y a los Mossos que “se abstuvieran” de obedecer los requerimientos de la Audiencia Nacional para pedir información sobre los ayuntamientos que aprobaron mociones de apoyo a la declaración del 9N. Y hace apenas diez días, el concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, acusado de un supuesto delito de incitación a la sedición, también pidió a la policía catalana que desacatara una eventual orden de detención sobre él de la Audiencia Nacional. Coma se ha acercado esta mañana a la concentración de apoyo a Venturós delante de los juzgados de Berga, que ha reunido a más de 200 personas, y ha afirmado en relación a la detención de la alcaldesa “que el gobierno [catalán] tiene que seguir su hoja de ruta y, por lo tanto, la consejería de Interior no debería acatar estas órdenes”.

Sectores de la CUP argumentan que la consecución de la independencia sólo será posible con una desobediencia real a las instituciones españolas

El titular autonómico de Interior, Jordi Jané, respondió a la petición de hace unos días de Coma, con el argumento que los Mossos están “para servir a la seguridad, para servir a la legalidad y para hacer cumplir las leyes”. Jané insistió en apartar a la policía del debate público porque debe cumplir sus funciones también “como policía judicial”.