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Dimite un diputado gallego acusado junto a Blanco de corrupción

El ministro de Fomento anuncia acciones penales contra quienes le acusan de favorecer a un empresario a cambio de dinero

PUBLICO.ES / AGENCIAS

Pablo Cobián, diputado del parlamento gallego en representación del PP, ha presentando su dimisión tras la información publicada este martes por el diario El Mundo. Según este periódico, el empresario lucense Jorge Dorribo ha contado que entregó 400.000 euros al ministro de Fomento José Blanco, 200.000 a Pablo Covián y 350.000 al diputado regional del BNG Fernando Blanco, ex consejero de Industria de la Xunta, a cambio de ayudas a sus empresas farmacéuticas.

El empresario, propietario entre otras empresas de Laboratorios Nupel, declaró ante la juez del JI número 3 de Lugo, Estela San José, que el ministro 'hizo gestiones ante Hacienda para que la dirección de Ayudas Regionales, subvencionase con 467.267 euros a sus empresas', y ante el ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos para la comercialización de los productos conocidos como unidosis. A cambio, Dorribo declaró haber hecho llegar al ministro 400.000 euros por medio de dos empresas, una de ella propiedad de un primo político del ministro, Manuel Bran, según El Mundo.

José Blanco desmintió el lunes por la noche las acusaciones de corrupción recogidas por el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez.  A través de un comunicado divulgado la pasada madrugada, Blanco asegura que estas acusaciones 'son total y absolutamente falsas', por lo que confía en que el proceso judicial contra su responsable 'concluirá con la falsedad' de las mismas.

Además, el ministro ha adelantado que emprenderá 'las acciones civiles y penales a las que hubiera lugar para defender su honor y restablecer la verdad'.

'Las empresas de Dorribo habrían recibido un total de 5,6 millones de euros en concepto de ayudas públicas 

Dorribo declaró haber realizado el pago de los 400.000 euros en metálico mediante la contratación de servicios en las empresas Proitec, dedicada a la consultoría y la encargada de realizar los informes ante la Xunta para que el empresario recibiera las ayudas públicas, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad, según El Mundo, de un primo político del ministro, Manuel Bran. 

Ante la presunta implicación de estos cargos, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decidido remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que se ha declarado competente, y que, en los próximos días, elevará el caso al Supremo, según el diario. Dorribo habría optado por revelar estos datos a cambio de conseguir la libertad provisional, contrapartida que obtuvo el pasado mes de agosto tras realizar el día 8 ante la juez Estela San José Asensio dichas acusaciones.

Según la información de El Mundo, las empresas de Dorribo habrían recibido un total de 5,6 millones de euros en concepto de ayudas públicas y créditos.

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