Feministas de toda España se manifiestan contra la reforma del aborto de Gallardón

Las plataformas feministas de toda España han celebrado hoy, por primera vez en el país, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La festividad, que nació en Latinoamérica en los años 90, cobró especial importancia a este lado del charco debido al anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la próxima vuelta atrás en la legislación. 

El ministro, que pretende instaurar una ley incluso más restrictiva que la de 1985, la anterior a la vigente -de 2010-, fue el blanco de todas las críticas durantes las manifestaciones que hoy se han celebrado en varias ciudades españolas, en respuesta a la convocatoria realizada por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Madrid y Barcelona congregaron a las mareas violetas más numerosas, con aproximadamente un millar y medio millar de personas, respectivamente. 

En Madrid, a pesar de la incesante lluvia, los manifestantes marcharon durante dos horas, desde la Puerta de Toledo hasta la plaza de Sol, como si de una procesión de Semana Santa se tratara. En esta ocasión, miembros de la Comisión de Feminismos del 15-M, plataforma convocante de la protesta, portaban una vagina a la que rendían culto y enunciaron algunas de sus proclamas históricas como "Fuera rosarios de nuestros ovarios" o "Sexualidad no es maternidad". 

"Decidir nos hace libres; fuera el aborto del Código Penal", fue el lema de la manifestación en Madrid

No obstante, la mayoría de las voces se concentraban en el titular de Justicia. Además de la pancarta de cabecera (Decidir nos hace libres; fuera el aborto del Código Penal), las asistentes al evento también gritaron "Menos Gallardones y más condones", "No queremos leyes contra las mujeres" o "No es la crisis, es el patriarcado".  

"Al contexto político y económico que han creado, el Gobierno agrega también la cuestión ideológica que responde a intereses de partidos y movimientos ultraconservadores. Quieren volver a ponernos en el papel de la mujer tutelada, pero queremos decirles que somos sujetos con capacidad para decidir sobre nuestra vida", explicó Luisi Acevedo, portavoz del grupo convocante. "El aborto no es un delito, es un derecho y tiene que estar fuera del Código Penal y dentro de la red sanitaria pública", añadió. 

Al acto, mayoritariamente femenino, también asistieron algunos hombres, como Jesús González, actor de 32 años que aboga por que el género másculino se una al movimiento feminista. "Los hombres también tenemos que apoyar esto; no podemos volver atrás. El aborto es una decisión de la mujer, pero tenemos que apoyar la lucha de las mujeres para acabar con esta sociedad patriarcal y machista que tenemos", declaró.

Algunas manifestantes señalaron las posibles repercusiones internacionales que tendrá la nueva legislación

Por su parte, Laura Montero, antropóloga de 31 años, extendió el problema actual a otros sectores del Ejecutivo de Mariano Rajoy. "A mí ya no me gusta la ley actual, porque a pesar de que supone un gran avance, aún mantiene la interrupción del embarazo en el Código Penal, pero si encima se cumplen las perspectivas anunciadas por Gallardón, vamos a perder todos los derechos conquistados durante años", comenzó la antropóloga. Pero, además, "el Ministerio de Sanidad debe garantizar, no sólo la gratuidad del aborto, sino el acceso a los anticonceptivos; de hecho, debería financiarlos para que fueran, si no gratis, al menos, más baratos". "Y la educación sexual, que [el ministro de Educación, José Ignacio] Wert ha eliminado de la asignatura Educación para la Ciudadanía, es fundamental para prevenir embarazos no deseados", continuó Montero.

Asimismo, Laura señaló también las posibles repercusiones internacionales que supondrá este paso atrás en la legislación española. "Tenemos que ser conscientes  de que países como Chile o Nicaragua, donde el aborto aún es ilegal en todos los supuestos y la gente aún va a la cárcel por ello, nos miran como ejemplo a seguir, pero si retrocedemos, esto tendrá efectos globales", advirtió. 

María Pazos, economista y coportavoz de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que asistió a la manifestación sólo como ciudadana, también habló de la situación internacional. "Vamos al revés de Europa, lo que demuestra que esta modificación de la ley no responde a criterios económicos, ni sanitarios, ni de ningún tipo, excepto ideológicos", sentenció. "El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo ya estaba resuelto, la Ley de 2010 ha evitado problemas antiguos de indefensión jurídica para médicos y pacientes a los que ahora Gallardón quiere volver, y lo único que va a conseguir es reinstaurar los abortos clandestinos", concluyó Pazos.

Por otro lado, coincidiendo con la celebración del Día de Acción Global por un Aborto Libre, la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos ha lanzado una campaña de concienciación en la que cinco mujeres muestran la evolución de la respectiva legislación y cómo los derechos conseguidos podrían perderse de un plumazo con la ley de Gallardón. 

47.000 mujeres mueren al año en el mundo por someterse a abortos inseguros

La plataforma, que engloba a más de 270 organizaciones, recuerda que cada año "unas 47.000 mujeres mueren en todo el mundo y 5 millones son hospitalizadas debido a que viven en países cuya legislación restringe su derecho a un aborto legal y seguro". Por este motivo, solicitan a toda la sociedad civil a unirse "por una Ley del Aborto que respete los derechos de las mujeres". Asimismo, denuncian que las intenciones del titular de Justicia sólo responden a las peticiones de "sectores ultraconservadores de la sociedad civil y el Gobierno del Partido Popular, que persiguen prohibir cualquier tipo de aborto, lo que podría enviar a prisión a las más de 100.000 mujeres que cada año deciden interrumpir su embarazo en España, así como a los profesionales que la atienden", detallan en un comunicado.  

En esta idea ha insistido también la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que denunció que "la reforma anunciada por Justicia situaría a más de 73.000 mujeres, de las 113.031 que abortaron en 2010, en el limbo de la inseguridad jurídica y física, ya que el 62,35% aseguran que lo harían en cualquier caso, siendo más de 3.000 las que lo hacen por patología fetal". Por este motivo, la organización solicita al Gobierno "que se aleje de de las opciones ideológicas y legisle para todas las mujeres", concluyen en un comunicado.