El fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach solicitará este miércoles al juez del caso Nóos que imponga una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso.

Según han informado fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos. En el escrito que presentará este miércoles en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.

El juez de Palma José Castro deberá luego decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y también por Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha declarado a Efe que la fianza le parece "exagerada", aunque prefiere no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado esta petición. La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

La fianza pone así cifra al supuesto desvío de fondos públicos llevado a cabo por el duque de Palma y su socio mediante el Instituto Nóos. Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano. Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.

Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal considera que ambos desviaron el dinero público a este instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.

Nóos organizó para el ejecutivo balear de Jaume Matas el Illes Balears Forum, un encuentro sobre turismo y deporte por el que cobró 2,3 millones de las arcas públicas en 2005 y 2006, y para la Generalitat Valenciana la cumbre Valencia Summit, por la que facturó 3,5 millones.

Según la ley, Urdangarin tendrá 24 horas para depositar la fianza a partir de que el juez la ratifique, pero los abogados penalistas consultados por Efe coinciden en que los jueces suelen ser laxos en su cumplimiento y dan al imputado más margen para depositar su dinero o bienes.

Para hacer efectivo el pago, Urdangarin puede hacerlo en efectivo, con un aval bancario o depositando bienes para embargar. En este último caso, el juez debe considerar estos bienes suficientes para cubrir la fianza y el imputado puede disponer de ellos, aunque no venderlos.

Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar el foro deportivo. El fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado Urdangarin, quien señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel".