El fraude detectado por el Gobierno en el desempleo implica al 0,15% de los parados con subsidio

Palo combinado con zanahoria. El mismo Gobierno que perdonó a los grandes evasores de impuestos con su amnistía fiscal dio hoy luz verde al proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y contra el fraude a la Seguridad Social, que será remitido a las Cortes para su tramitación. 

La clave del nuevo texto del Ejecutivo, cuyas líneas generales ya habían sido adelantadas por el Ministerio de Empleo cuando la norma todavía era un borrador, es el endurecimiento del castigo a los defraudadores en el ámbito laboral, porque "perjudica a los derechos de los trabajadores, supone una competencia desleal entre empresas, porque tiene más costes la que cumple que la que no lo hace y una pérdida de ingresos para la Seguridad Social". Soraya Sáenz de Santamaría presentó esta reforma, junto a la del agravamiento de las sanciones a los que no paguen impuestos y junto a la Ley de Transparencia. Todo ello envuelto bajo un mismo papel celofán: recuperar la "confianza y la credibilidad", ya que un país "de administraciones responsables" es aquel en el que los gestores cumplen con la ley y un país "gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen leal y responsablemente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

"Es un cambio de mentalidad. Nadie puede ir de listo por la vida", afirma

"Estamos más allá de una reforma legal, estamos en un cambio de mentalidad de cómo debemos funcionar los funcionarios públicos", gestionando con austeridad los presupuestos, dando información y respondiendo de los "errores e incumplimientos", y también "un cambio de mentalidad de lo privado". Según la número dos del Ejecutivo, "hay que acabar con la visión tolerante del que defrauda, del que emite facturas sin IVA con total desparpajo, del que se considera más listo que nadie porque cobra el paro y trabaja a la vez, esto no es admisible en ningún momento, y menos en un momento de crisis, nadie puede ir de listo por la vida". 

La vicepresidenta desgranó algunos datos del panorama actual. Uno, quizá el más llamativo, es que los inspectores de Trabajo, en el primer semestre de 2012, en 10.209 actuaciones inspectoras, han detectado que 4.379 personas compatibilizaban indebidamente su subsidio de desempleo con un puesto de trabajo, un 38,49% más respecto al año anterior. A su vez, se han descubierto 3.211 infracciones de empresarios que daban ocupación a perceptores de la prestación por desempleo (un 26,72% más que en 2011). Esa cifra de 4.379 personas, aunque muy importante en el conjunto de actuaciones inspectoras, representa sin embargo un porcentaje muy pequeño si se compara con el total de personas que reciben una prestación por desempleo: 2.965.943 (hasta mayo de 2012), según el último Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo. Del total de 2,9 millones de parados con prestación, 1.381.136 son subsidios contributivos y 1.353.988 tienen carácter asistencial.

Santamaría recalca que así se recupera la "confianza y credibilidad"

En materia de empleo irregular, en lo que va de 2012, se han realizado 112.480 inspecciones que han permitido aflorar 39.887 empleos, un 13% más si se compara con el mismo periodo del año anterior. Sáenz de Santamaría también facilitó los datos de empresas ficticias observadas. Es decir, de aquellas compañías fantasma sin actividad creadas para tener acceso a subvenciones públicas. Se han contabilizado en seis meses 11.753 inspecciones, se han visto 809 infracciones (un 537% más) y se han hallado un total de 14.376 contratos de trabajo simulados (117,82% más).

"Lo que perjudica son los recursos para sanidad y educación"

El Gobierno cree que "con los nuevos instrumentos" que se ponen en marcha, tanto en el ámbito fiscal como laboral, se podrá luchar "decididamente contra una de las lacras del país que perjudican a todos porque perjudica a la recaudación". "Si uno no paga sus impuestos, o uno cobra lo que no tiene que cobrar, al final lo que se está perjudicando son los recursos de que se dispone para pagar la sanidad y la educación, no sólo se defrauda el fisco y a la Seguridad Social, sino al resto de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones", destacó Santamaría.

Se han computado en seis meses un 117,82% más de contratos simulados

¿Pero cuáles son esos instrumentos que arbitra el Gobierno y que supondrán la modificación de varias leyes, entre ellas el Estatuto de los Trabajadores? La vicepresidenta mencionó algunos cambios: se amplía de uno a tres años la exigencia de responsabilidad solidaria por cuotas a la Seguridad Social dejadas de ingresar por las contratas y subcontratas de obras y servicios (se amplía el periodo de inspección), no será ya posible la reducción de sanciones cuando la cuota liquidada no supere la sanción propuesta, se potenciará la colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas (como el Consejo General del Notariado), se aumenta el plazo de actuación de los inspectores en los casos de gran complejidad y se da una "vuelta de tuerca a la tipificación de las infracciones": será considerada infracción grave no cotizar por los salarios de tramitación y las vacaciones devengadas no disfrutadas, por ejemplo; muy grave ocupar a trabajadores que están en suspensión de contrato o bien ocuparles en jornada completa cuando en teoría disfrutan de jornada reducida o no facilitar o dar fuera de plazo datos relevantes a la Seguridad Social. La sanción será mayor si perjudica a un mayor número de trabajadores.

Las modificaciones que afectan a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social permitirán establecer especiales o mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de trabajadores y supongan una disminución de los ingresos de la Seguridad Social, comportamientos que además serán coordinados con el Ministerio Fiscal de acuerdo con las modificaciones que también se introducen en el Código Penal, o permitan el acceso indebido a las prestaciones por desempleo, con la utilización ilícita de suspensiones de contratos o de reducciones de jornada en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En este supuesto, la conducta podrá ser sancionada en una cuantía que va desde 6.251 euros a 187.515 euros, según añade la referencia del Consejo de Ministros de hoy. Además, hasta ahora, el Ejecutivo sancionaba infracciones de más de 125.000 euros y hasta un cuantía máxima de 187.515 euros. Con la modificación propuesta se elimina este límite y podrá imponer sanciones superiores.

Por la vía penal

Si se obtienen prestaciones con dolo, se perseguirá penalmente

Esta ley antifraude se complementa con las modificaciones que se van a introducir en el Código Penal. El Gobierno rebaja de 120.000 a 50.000 la cantidad defraudada mínima a partir de la cual se puede perseguir criminalmente al infractor. Se castigará además con cárcel de hasta seis años a los que creen empresas fantasma, ficticias –que "utilicen personas o sociedades interpuestas para poder acceder a más deducciones o dimisular que las están obteniendo"–, y ese delito prescribirá a los diez años.

Hasta ahora, las defraudaciones de las prestaciones a la Seguridad Social, se regulaban como si fuera una subvención normal, y tenía que ser de 120.000 euros para poder considerarlo como delito. A partir de ahora, dará igual la cuantía: si fraudulentamente se están obteniendo prestaciones con dolo, se podrá perseguir penalmente. Asimismo, se agravan los  contra los trabajadores, "especialmente aquellos de contratación masiva con carácter irregulares o de extranjeros sin autorización de Trabajo", según detalló Santamaría.

Hasta seis años de cárcel para grandes defraudadores

El Ejecutivo también toca el Código Penal para endurecer los castigos por delitos fiscales agravados. La pena máxima será de prisión de dos a seis años, en vez de uno a cinco años. Y el plazo de prescripción pasa a ser de diez años, frente a los cinco años de los demás supuestos de delito fiscal. ¿Pero qué se entiende por tipo agravado? Se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada sea mayor de 600.000 euros, cuando la defraudación se haga a través de una banda criminal o cuando se utilicen testaferros, negocios fiduciarios o paraísos fiscales. 

Se rebajará la pena si el evasor paga  voluntariamente antes de la instrucción 

Asimismo, se introducen algunas mejoras "técnicas". Ahora, cuando la Administración Tributaria descubría un posible delito y se iniciaba un proceso penal, debía obtener el pronunciamiento expreso del juez para poder seguir con el procedimiento de cobro. Eso hacía, en la práctica, según justificó la vicepresidenta, que el presunto delincuente aprovechase toda la demora de la instrucción judicial para desapoderarse de sus bienes y no pagar al fisco. Pues bien, a partir de ahora, se faculta a Hacienda a cobrar desde el principio, "salvo que el juez ordene otra cosa". Esto también se aplicará para el reintegro de subvenciones percibidas indebidamente. 

Se da una "respuesta tajante a las tramas de defraudación por IVA". Una vez que se superen los 120.000 euros de defraudación, no habrá que esperar a otro tipo de trámites ni tiempo para poder perseguirlas criminalmente. Además, se rebajará de forma importante la pena si el evasor paga voluntariamente a Hacienda antes del inicio del procedimiento de instrucción. "Se aplicará en los casos de regularización –dice la referencia del Consejo de Ministros– dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en los que el contribuyente colabore en la identificación" de otros culpables del delito.

LEY DE TRANSPARENCIA
Cuando saber qué hace Rajoy es una simple "anécdota"

Hoy por fin el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Transparencia, después de pasar el preceptivo trámite por los órganos consultivos. Y de ellos ha salido más dura. Según informó en rueda de prensa Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha incorporado las sugerencias trasladadas por el Consejo de Estado y del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), con lo que la norma "gana en rigor y contundencia".

El primer borrador de la ley, preveía que aquellos cargos públicos que falseen cuentas o bien oculten datos o guarden "facturas en el cajón" o divulguen información falsa pudieran ser inhabilitados por un periodo de hasta diez años. Pero tras los informes del Consejo de Estado y del CGPJ se ha añadido el reproche penal. ¿Qué significa? Que aquellos cargos que incurran en las conductas citadas y, además, causen a sabiendas un perjuicio económico a la Administración, podrán ser castigados con penas de prisión de uno a cuatro años. 

Además, se modificará la Ley Electoral para que no puedan ser elegibles en las elecciones aquellos que hayan sido sancionados por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Transparencia.

La norma afectará a todas las Administraciones y poderes públicos (Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, CGPJ, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social e instituciones autonómicas análogas). A todas menos a la Casa del Rey, dada la cerrazón del Ejecutivo en incluir la Corona en la ley. Sí quedarán bajo el paraguas del texto, a sugerencia del Tribunal de Cuentas, las sociedades mercantiles en las que la participación pública sea más del 50%. Asimismo, se amplían los supuestos en los que las administraciones deben publicar información en sus webs: convenios, encomiendas de gestión, contratos...  Se suma el ámbito de la publicación de las retribuciones y de las declaraciones de incompatibilidad. 

Buscando "el interés general"

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley será la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Gobierno, pero que deberá comparecer previamente en el Congreso y respaldado con mayoría absoluta. 

Que el Consejo de Ministros aprobara hoy el proyecto de Ley de Transparencia era la percha perfecta para una pregunta lógica: ya que tanto se quiere marcar el Ejecutivo el tanto ¿por qué no informa de las actividades y contactos del presidente, Mariano Rajoy? Su ausencia ha sido especialmente notable esta semana, cuando la prima estaba absolutamente disparada (antes de que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, hiciese un mínimo gesto) y cuando se multiplicaban los rumores de que el rescate total estaba cerca. Ni siquiera se informó previamente, ni se dio una foto, ni hubo declaraciones públicas de la reunión del jefe del Ejecutivo con los líderes de CCOO y UGT, ayer jueves.

"La Ley de Transparencia es más que la anécdota de saber qué hace el presidente del Gobierno. Es un elemento clave para luchar contra la corrupción", adujo Sáenz de Santamaría, restando importancia a la desaparición de su jefe. En ese punto, Santamaría indicó que si no se informa de ciertas entrevistas es porque el "interlocutor prefiere que sean discretas", porque son privadas o porque las circunstancias aconsejan el sigilo, aunque siempre buscando, dijo, "el interés general". Después la vicepresidenta añadió un argumento un tanto peregrino: "Como contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho, quizá, pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar la cultura de la Administración".