Salvo un milagro de última hora, la prometida Ley de Libertad Religiosa se quedará en el cajón de las promesas incumplidas por el Gobierno. Tanto la Iglesia como la derecha política y mediática se han mostrado muy beligerantes contra el proyecto y en el Ejecutivo se ha impuesto la tesis de que no es el momento de trasladar este debate a la sociedad. "Es una ley de principios de legislatura", explica a Público un miembro del Gobierno. Esta tesis está extendida no sólo en la Moncloa, sino también entre buena parte de la cúpula del PSOE.

El equipo de Zapatero no quiere que el debate sobre la religión en España origine una nueva polémica justo cuando se inicia un ciclo electoral: a las elecciones catalanas de otoño, seguirán en mayo de 2011 las municipales y las autonómicas en 13 comunidades. Ese proceso culminará en 2012 con las generales, siempre y cuando se agote la legislatura.

Pero, al margen de los intereses electorales, son varios los ministros que consideran que en España "no hay un conflicto de libertad religiosa, en todo caso habrá un problema por el Concordato" suscrito con el Vaticano en 1953 y que regula las relaciones del Estado con la Iglesia católica.

El grupo encargado de elaborar el texto no se reúne desde marzo

Según fuentes gubernamentales, la mayor parte del Ejecutivo tampoco ve factible que, en caso de que se inicie la tramitación de la nueva ley, esta finalmente pueda salir aprobada del Parlamento. La derecha, representada por PP, CiU y PNV, votaría en contra y la izquierda presionaría para cambiar un texto que consideraría insuficiente, a tenor del último borrador, bastante menos laicista que los anteriores. Fuentes de la Moncloa admitieron que el documento actual es bastante "pacato", de forma que es probable que "despertara demasiados recelos a izquierda y derecha, y no contentase finalmente a nadie".

No obstante, esas mismas fuentes no descartan que José Luis Rodríguez Zapatero decida en el último momento reactivar la tramitación de la ley como un gesto que, al final de la legislatura, pudiera movilizar el voto de izquierdas.

En esa misma línea, en la comisión permanente de la ejecutiva federal del PSOE hay quien considera que la tramitación de la ley permitiría precisamente a los socialistas hacer "un guiño al electorado de izquierdas", descontento con los recortes sociales del Gobierno, explicaron fuentes del partido. No obstante, la mayoría de la cúpula socialista cree que "no es el momento" de iniciar el debate sobre la libertad religiosa porque "no hay ambiente" y porque se corre el riesgo de provocar tensiones en la opinión pública.

El último borrador

El grupo de trabajo encargado de elaborar el articulado de la Ley de Libertad Religiosa no se reúne desde marzo, explicaron a este diario fuentes conocedoras del proceso. El citado equipo, formado por responsables políticos y técnicos de los ministerios de Presidencia y de Justicia, se había reunido hasta entonces como mínimo con una periodicidad mensual.

Miembros del PSOE defienden reactivar el proyecto como guiño a la izquierda

El pasado mes de febrero, el grupo de trabajo había redactado un último borrador titulado Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, con 37 artículos. La propia denominación de la ley suscitó un serio debate. Al final se impuso la idea de que "la religión entra dentro de la libertad de conciencia", por lo que se decidió incluir ese concepto más genérico en primer lugar.

En dicho borrador, los expertos respetaron algunas de las partes fundamentales planteadas al inicio de la elaboración de la norma. Así, el texto recoge la "neutralidad religiosa del Estado" para evitar que cualquier acción de las administraciones públicas pueda interpretarse como un apoyo hacia una u otra confesión religiosa.

El borrador también contempla un apartado sobre los símbolos religiosos. El proyecto establece que crucifijos católicos u otros símbolos de otras confesiones religiosas deberán ser retirados de los edificios públicos.

El papel de los cargos públicos

Respecto a la actuación de las autoridades, el texto redactado en febrero supedita la participación de los cargos públicos en actos religiosos a que esta se haga sin discriminación de confesiones. Así, si un alcalde decide desfilar en una procesión durante la Semana Santa católica, debería también participar en el ayuno islámico del Ramadán o en el Jánuca judío en el caso de que estas confesiones le cursaran una invitación.

Aunque el proyecto está paralizado, la última decisión sigue en manos del presidente del Gobierno. Si finalmente Zapatero decide reactivarlo, tanto en el Ejecutivo como en el PSOE dan por hecho "que la derecha se echará encima del Gobierno con todo tipo de acusaciones infundadas". En ámbitos socialistas esta posibilidad se considera muy improbable. Para los más progresistas, sería una especie de milagro laico.

Una reforma rechazada por el PP

Tras cerca de tres décadas de vigencia de la actual Ley de Libertad Religiosa, en mayo de 2008 el Gobierno anunció su intención de revisarla para “avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado”, dijo entonces María Teresa De la Vega. La medida, propuesta por ERC en 2006, había sido rechazada por el PP. Su responsable de Justicia, Federico Trillo, llegó a decir que la nueva ley podía ser un “pretexto” contra creencias como la católica.Para elaborar el nuevo texto, el Gobierno creó un grupo de trabajo que ha venido reuniéndose hasta marzo.