El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se trata de la séptima ley orgánica de la democracia, con la que el Gobierno pretende "reducir la tasa de abandono escolar (26,5%), que dobla la media europea, y mejorar los resultados en las evaluaciones internacionales", ha afirmado el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Para lograr estos objetivos, el Gobierno ve necesario redistribuir el poder de decisión en la elaboración de los currículos. A partir de ahora, el Estado tendrá la última palabra sobre los temarios en un 75% en el caso de las comunidades sin lengua cooficial y en un 65% en las regiones que sí la tengan. Hasta hoy, el Estado decidía el 55% de los contenidos en las comunidades sin lengua oficial y un 65% en las que sí la tienen. Wert ha insistido en que el objetivo de este cambio es "reducir la dispersión de los contenidos" y eliminar "diferencias en el rendimiento educativo entre las diferentes comunidades". A preguntas de los periodistas, sin embargo, ha negado que se trate de una "recentralización de la educación".

El ministro ha afirmado que con esta reforma el Gobierno trata de que los alumnos españoles puedan competir "con el chico o la chica que está estudiando en Singapur, Estados Unidos o Letonia". "No es una reforma ideológica", ha añadido.

Esta redistribución que prepara el Gobierno pasa por aumentar la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e Inglés-; y eliminar de Primaria la asignatura de Conocimiento del Medio, que se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencia Sociales. Se elimina también Educación para la Ciudadanía en esta etapa.

El Gobierno adelanta a 3º de ESO los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato

Entre los principales ejes de la reforma educativa se sitúan las evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la "detección precoz de problemas de aprendizaje" en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el "segundo sustituirá a la actual Selectividad. A partir de la prueba al final de la ESO se podrá establecer con total transparencia una función de comparación entre centros y comunidades", ha señalado.

Wert ha explicado que la evaluacion externa había desparecido en todas las fases del sistema: "Actualmente el sistema permite una escasísima evaluación y hay dificultades para medir el avance y el retroceso de los estudiantes, ha criticado Wert, que ha señalado que, según estudios internacionales, "las pruebas externas pueden aumentar el rendimiento educativo entre 30 y 40 puntos, equivalentes a medio curso escolar".

 El Gobierno también adelanta a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato, a través de asignaturas optativas, mientras que estas dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO. Se crea una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior. 

El anteproyecto también abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus propios métodos pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han superado un curso sobre función directiva.

El ministro ha cifrado en unos 300 millones de euros el coste base de la reforma educativa. El titular de Educación ha diferenciado el coste de implantación y el coste de consolidación de la reforma, y ha observado que será más cara cuanto mayor sea el éxito de la misma, ya que si se consigue reducir el abandono y el fracaso escolar el número de alumnos en las aulas será mayor.

Wert ha observado además que el coste definitivo dependerá de factores demográficos, en relación al movimiento natural de la población, y de otros "con un cierto contenido de incertidumbre", que tienen que ver con el flujo migratorio. "Se trata de una reforma neutra en sí misma en cuanto a su implantación desde el punto de vista económico, y que exigirá más inversión cuanto mayor sea su éxito", ha concluido Wert.

La reforma dual

El Gobierno también ha dado luz verde este viernes al Real Decreto que sienta las bases de la introducción en España de la formación dual. Se trata de un sistema que tiene como objetivo primar la formación práctica frente a la académica en el ámbito empresarial. Tal y como se lleva a cabo en otros países, gracias a este tipo de prácticas, durante el aprendizaje los alumnos reciben una remuneración que ronda los 400 euros al mes y la mayoría obtiene su primer empleo en esa compañía.

Para la vicepresidenta del Gobierno, este modelo "mejorará la Formación Profesional a través de la conexión con las empresas" y dinamizará la empleación entre los jóvenes en un momento en el que el más del 52% de los menores de 25 años que quieren trabajar, no pueden hacerlo.

Los sindicatos manejan opiniones encontradas sobre este sistema. El pasado 6 de septiembre, los líderes de Comisiones Obreras y UGT confirmaron su voluntad de plantear, junto a organizaciones sindicales alemanas, un protocolo sobre la implantación en España de un modelo que, aseguran, habría evitado que 1,5 millones de jóvenes cayeran en las redes del desempleo. Sin embargo, las centrales advierten de las complicaciones que puede conllevar su implantación en España por la escasa dimensión de la mayoría de las empresas, pues este sistema necesita de la existencia de instructores que se responsabilicen de la formación. Asimismo, fuentes sindicales alertan sobre la posibilidad de que la falta de control fomente la "precariedad" o prácticas abusivas con las personas que están en formación.

El pasado martes, la vicepresidenta del Gobierno se reunió con los ministros de Educación, José Ignacio Wert, y Empleo, Fátima Báñez, para impulsar este nuevo sistema. En una nota de prensa, el Ministerio de la Presidencia explicó entonces que la formación dual se articularía a través del contrato para la formación y el aprendizaje, que podrá firmarse con trabajadores de entre 16 y 30 años. Dentro del sistema educativo, la formación dual se formalizará mediante un convenio con la empresa colaboradora a través de un programa de becas.