El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley con el que el Gobierno pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Para lograrlo, el Gobierno modificará la Ley de Extranjería. Endurecerá los requisitos del padrón a los inmigrantes en aras de "poner coto" al denominado "turismo sanitario", que en 2009 hizo perder a España 917 millones de euros tras atender a 700.000 extranjeros. Según ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, la Directiva Europea 2004/38 que regula esta cuestión "no se traspuso de manera correcta". Por eso, el Gobierno incorporará "al Derecho español el artículo 7, que prohíbe de forma explícita" el turismo sanitario, con lo que se pretenden ahorrar 1.500 millones de euros. "Hasta ahora cualquier persona, simplemente con el padrón, tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país, pero a partir de ahora, clarificaremos este concepto, pediremos requisitos", ha explicado Mato. "Muchos extranjeros no comunitarios también usan inadecuadamente o sin derechos la sanidad española. Ponen en la tarjeta a todos los miembros de la familia que no viven en España para venir a operarse aquí", ha destacado. "Esto es un despropósito absoluto, así que vamos a poner fin a esta utilización ilegal de la sanidad modificando algunas leyes".

Mato ha detallado que a partir de ahora, a la hora de conceder el padrón, se tendrán en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España, las que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos". La ministra ha explicado que toda persona que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica a nadie, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España"

El Real Decreto-Ley también incluye el copago de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10 % del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

Se establece el copago farmacéutico en función de la renta En cambio, los trabajadores en activo con rentas bajas continuarán aportando el 40% del precio de los fármacos. Los que superen los 18.000 euros anuales tendrán que pagar la mitad del coste. Además, los topes para las rentas más altas, aquellas que superan los 100.000 euros, serán del 60% del precio del medicamento o bien, 60 euros al mes, si se trata de mayores enfermos.

"Con esta reforma, aportan más los que más tienen, y menos o nada los que menos tienen", ha sentenciado Mato, que aunque ha reconocido que las medidas comportan "sacrificios", hacen posible que el modelo sanitario sea "más eficiente y eficaz, en el que todos colaboramos de manera solidaria y equitiva". Este nuevo sistema empezará a funcionar en un plazo de dos meses.

El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas". Esta cartera incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.

La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología (que supondrá un ahorro de 1.000 milllones de euros), el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario. El decreto también incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica. En total, estas actuaciones supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

La ministra ha afirmado que el Gobierno "no ha tenido más remedio" que aplicar estas mediadas, que son "estructurales" y que permitirán garantizar la "sostenibilidad" y la "universalidad" del sistema sanitario, que actualmente tiene un déficit de 16.000 millones de euros.