El Gobierno multa a los indignados para 'concienciarles'

El Gobierno ha justificado las multas económicas de hasta 300 euros que impone a participantes en las últimas manifestaciones de indignados en que sirven para "concienciar" a los sancionados en el respeto a las normas.

El Ejecutivo agrega que las sanciones son también un acicate para que los multados pasen a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así lo refleja el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que preguntó por las sanciones administrativas que se generalizaban contra los manifestantes que protestan contra los políticos y otros estamentos.

"La sanción administrativa a la que se hace referencia -contesta el Gobierno- tiene como objeto concienciar del deber de cumplimiento con la normativa vigente y de colaboración con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".

En el mismo documento, el Gobierno asegura que no criminaliza las manifestaciones sino que "cumple y hace cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de manifestación, que no suspende, sino que concurre con el resto de los derechos contenidos en nuestra Norma Fundamental".

"Por lo tanto -añade-, ningún miembro del Gobierno ha estigmatizado o criminalizado reunión o manifestación alguna". Asimismo, defiende que la identificación de manifestantes por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se ciñe estrictamente" a las previsiones recogidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que ampara esas actuaciones cuando sean necesarias para la labor policial.