El Gobierno Rajoy atiza la campaña de acusaciones contra Mas mientras oculta la lista de los evasores fiscales

A Cristóbal Montoro le faltó tiempo esta semana para anunciar una investigación sobre las supuestas cuentas que el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, tendría abiertas en Suiza con dinero presuntamente procedente del caso Palau, si fueran ciertas las filtraciones de un presunto informe policial publicado por El Mundo.

"Cuando hay indicios de tenencia de cuentas que no se han declarado en otros países o en paraísos fiscales, la obligación de la Agencia Tributaria es investigar desde la prioridad de luchar contra el fraude fiscal", proclamó con tono preocupado el pasado martes desde Sevilla. Declaraciones llamativas, viniendo de un ministro de Hacienda que aprobó una amnistía fiscal con la coartada de que el dinero repatriado serviría para tapar agujeros en las cuentas del Estado. Y más desproporcionadas aún, cuando cada día es más evidente que ese supuesto informe policial ha sido falsificado, ya que el borrador que halló el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no mencionaba ni a Mas ni al expresident Jordi Pujol , ambos incluidos en la filtración de cuentas en Suiza, difundida pocos días antes de las elecciones al Parlament de Catalunya.

Todo el Gobierno del Partido Popular ha saltado a la yugular de Mas por un caso que, de momento, ni el juez que lleva el escándalo de corrupción del caso Palau, ni el Ministerio del Interior saben de dónde ha salido. En realidad, como ya sucediera en septiembre tras la manifestación de la Diada y el posterior fuego cruzado sobre las aspiraciones independentistas de Mas, el debate en torno a la supuesta evasión de capitales del candidato de CiU les viene que ni pintado ­--tanto al Ejecutivo de Rajoy como al propio president catalán-- para crear una cortina de humo sobre los salvajes recortes en políticas sociales que ambos han acometido.

La trama del Palau de la Música Catalana de Barcelona nació en 2009, cuando la Fiscalía acusó al presidente de la Fundació Orfeó Català, Fèlix Millet, y a su socio Jordi Montull, de haber desviado fondos por valor de 23,7 millones de euros. Uno de los capítulos de la investigación de la Agencia Tributaria y la Policía apuntaba a que, además, parte de ese dinero se utilizó para financiar de forma ilegal a Convergència Democràtica de Catalunya (CdC), una de las dos formaciones que confluyen bajo las siglas de CiU.

Ni el juez del 'caso Palau' ni Interior saben de dónde ha salido el documento que acusa a Mas Cuando Hacienda empezó a fiscalizar las cuentas de ese partido, halló indicios de una especie de Tangentopoli a la catalana: CdC se estaba financiando presuntamente desde el año 2000 con comisiones ilegales que le cobraba a determinadas empresas a cambio de adjudicarles concursos públicos desde la Generalitat. Una de ellas era Ferrovial, que según los investigadores, estaba ingresando ingentes cantidades de dinero a la Fundación del Palau, disfrazadas en forma de donaciones. El pastel se lo repartían entre Millet, Montull y CdC. Según El Mundo, el dinero que Mas y Pujol ingresaron en esas supuestas cuentas suizas se generó ahí.

CiU reclamó esta semana la comparecencia en el Congreso de Montoro y del titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explicaran de dónde estaban saliendo esos informes, ya que la coalición sospecha que se trata de un ataque premeditado a la línea de flotación de Mas a escasos días de las elecciones. Montoro decidió entonces guardarse en el bolsillo la presunción de inocencia y disparó: "Los que tienen cuentas en Suiza son los que tienen que comparecer". Pero ni uno ni otro ministros comparecerán ante los diputados por este escándalo hasta bien entrado el año próximo, ya que el PP se opuso a aceptar su convocatoria urgente.

"Es muy poco creíble que el Sheriff de Nottingham quiera convertirse en Robin Hood", comenta en tono irónico a Público el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para quien toda la batalla dialéctica entre unos y otros no es más que "una farsa, porque la derecha sabe que nunca paga un precio electoral por los casos de corrupción y, además, porque ni siquiera hay un reproche moral entre los propios miembros de la derecha cuando estalla uno".

Según Pedro Saura, portavoz socialista en la Comisión de Hacienda del Congreso, "Montoro es el rey de las amnistías: cuando hay problemas siempre hace una. El Gobierno está aireando una supuesta lucha contra el fraude que no es real. Creo que Mas debe explicar lo que está pasando, pero me llama mucho la atención que Montoro haga esas declaraciones teniendo en cuenta lo poco preocupado que está en realidad por los paraísos fiscales. Y no hay que ir muy lejos para darse cuenta de ello. Esta misma semana [los diputados del PP] nos han tumbado una propuesta para crear una subcomisión que se centre en esos paraísos", denuncia.

"El Gobierno retrasó la amnistía fiscal hasta que llegó a un acuerdo con los abogados de los defraudadores", afirma Llamazares

Sobre la amnistía de Montoro, Llamazares acusa al Gobierno de haber "retrasado su aprobación hasta que llegó a un acuerdo con los despachos de abogados de los defraudadores, y después incluyó una enmienda en la ley que les garantiza su impunidad, ya que no podrán ser perseguidos en el futuro si se regularizan".

"Ni siquiera dan la sensación de querer limpiar su imagen cuando les imponen algo tan barato como un recargo del 10% -prosigue-. Para hacerse una idea de la lucha contra el fraude que se hace en España sólo hay que ver que el mínimo para considerar que un fraude fiscal es un delito penal, en la UE es de 50.000 euros, mientras que aquí es de 120.000 euros", subraya el líder de Izquierda Abierta.

Pese a todo, la cifra recaudada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la amnistía va camino de ser ridícula , si se tiene en cuenta que en agosto -única vez que ha informado sobre ello- se habían ingresado tan sólo 50 millones de euros. El plazo para acogerse a la regularización termina el día 30 de noviembre y el diputado de IU no cree "que pasen de los 500 millones", frente a los 2.500 que dijeron esperar.

Otro tema que llama la atención es que en el PP estén tan preocupados por el supuesto dinero negro de Mas y no hayan dicho ni una sola palabra de su procedencia. Es decir, en orden de prioridades, debería ser mucho más reprobable que un cargo público chantajease a empresas privadas con no adjudicarles proyectos si no pagan una comisión, que el hecho de que no declarase ese dinero. "Es más grave la corrupción que la evasión. En todo este asunto, da la sensación de que si Mas hubiera colocado el supuesto dinero sucio en una cuenta en España, no habría tanto problema", ironiza Llamazares.

Él y Saura han cuestionado en numerosas ocasiones la lucha del Gobierno contra la evasión fiscal, formulando varias preguntas parlamentarias sobre casos como el de Hervé Daniel Falciani, el exempleado del banco HSBC que proporcionó a Francia una lista en 2010 con las cuentas de 130.000 personajes sospechosos de estar evadiendo capitales a Suiza. La entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, remitió los datos a varios países de la UE para que actuasen contra todos esos defraudadores.

Nunca se ha dado a conocer quiénes son el millar de defraudadores españoles en la lista de Falciani

Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo recaudó con la regularización de 300 individuos poco más de 260 millones de euros, y la mayor parte (200 millones) la puso la familia Botín. Nunca se ha dado a conocer quién integra el resto de la lista (unas mil personas), pese a que Saura y Llamazares reclaman al Ejecutivo que la haga pública.

El problema que ponen desde La Moncloa -ya antes con Zapatero y ahora con Rajoy- es que la Ley Tributaria no permite difundir los nombres de los evasores. Y esto no tiene visos de cambiar "hasta que la UE dé un paso adelante y se muestre más beligerante con los bancos", opina Llamazares. Sólo se ha conocido quién evadía dinero a Suiza desde Grecia, pero la publicación de la lista la hizo un periodista griego que fue detenido por ello y llevado ante un tribunal, que finalmente tuvo que dejarlo en libertad.

En cambio, Falciani se encuentra en la actualidad detenido en España (en una celda de la cárcel de Valdemoro) y el Gobierno no ha decidido aún si lo extraditará a Ginebra, tal como están exigiendo las autoridades suizas. Tampoco parece tener prisa por decidirlo. Saura presentó una pregunta parlamentaria escrita el pasado 17 de octubre cuestionando al Ejecutivo sobre lo que piensa hacer con Falciani y aún no ha recibido una respuesta, pese a que está obligado por ley a hacerlo en el plazo de un mes.

París sólo facilitó a Madrid los nombres de los evasores cuyos delitos aún no habían prescrito

El socialista apuesta por un cambio en la Ley porque "los ciudadanos tienen que conocer los nombres de los evasores". Además, reclamará por escrito al Gobierno "que informe sobre los procesos judiciales que aún están en curso" y, sobre todo, que solicite a Francia la lista completa de evasores, ya que París sólo entregó los nombres de aquellos cuyos delitos no habían prescrito. "Pese a que ya no se les pueda imputar, es una información muy importante para saber cómo funcionan este tipo de operaciones financieras", explica. "Si Falciani termina siendo extraditado es posible que muchos de esos procesos se acaben anulando", alerta.

Antes del caso Falciani, España ya se enfrentó a otra lista de defraudadores, la que vendió a los servicios secretos alemanes el exempleado del Liechtenstein Global Group (LGT), Heinrich Kieber. En 2007 el Gobierno se hizo con los datos de los sospechosos españoles que tenían cuentas en Liechtenstein y sólo fue capaz de recaudar ocho millones de euros. En esa lista aparecía, curiosamente, el padre de Mas, Artur Mas i Barnet, quien se libró de la cárcel porque el delito, al referirse al ejercicio 2002, había prescrito.

Mas acusó el jueves a Rajoy de conspirar contra él y prometió dimitir si se demuestra que tiene cuentas en Suiza. Ninguno de los ministros que acusan al president de la Generalitat ha prometido nada parecido, en caso de que se demuestre que todo este escándalo es una maniobra de intoxicación para alterar el resultado de las elecciones autonómicas catalanas.