La Generalitat Valenciana y el arquitecto Santiago Calatrava amenazaron a IU con acciones legales contra varios de sus miembros. Es la respuesta a la denuncia que la formación presentó ante la Fiscalía, en la que relatan presuntas irregularidades en la adjudicación y pago de tres proyectos encargados por la Administración a Calatrava. El arquitecto fue contratado sin concurso público y cobró 5,5 millones de euros aunque las obras no se iniciaron.

En dos de los proyectos (el Centro de Convenciones de Castellón y las llamadas Torres de Calatrava, en Valencia) hay problemas en la disponibilidad del suelo que ya se conocían cuando se hicieron la mayoría de los pagos. En el proyecto de Castellón, el pago se produjo en contra del criterio de los técnicos encargados de supervisar al arquitecto, que consideraron que no había cumplido el contrato. IU apunta los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude fiscal.

La Generalitat y el arquitecto coincidieron en hacer públicos sendos comunicados, ocho días después de que IU formalizara su denuncia. En ellos afirman que los pagos son legales. Por su parte, el arquitecto siente "lesionado" su honor. En su nota, la Generalitat reconoce que los contratos con Calatrava establecen que sus honorarios crecerán en función de los sobrecostes, pero afirma que es algo legal y "habitual en este tipo de contratos". En cuanto a las presuntas irregularidades fiscales (el arquitecto emitió facturas sin IVA), afirma que se cumple la ley porque la empresa de Calatrava no está en España (está afincado en Suiza), de forma que "la entidad pagadora de los honorarios debe autorrepercutir el IVA".

La Generalitat alardea de transparencia porque IU pudo acceder a uno de los contratos y afirma que Calatrava cobró porque entregó la redacción de los proyectos, que "responden al trabajo encomendado". El Gobierno valenciano fía el inicio de las obras a la resolución de los problemas urbanísticos.