Los hijos de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada fusilado por los golpistas el 2 de agosto de 1936, han formulado una "reclamación patrimonial" al Estado por la multa impuesta a su familia tras el asesinato.

José Castilla, de 80 años, y Carmen Castilla, de 75, solicitaron el 21 de octubre al Ministerio de Presidencia 262.832 euros. Según una pericia realizada para la familia por el catedrático de Economía Rafael Moreno, esta es la cantidad equiparable hoy en día a las 250.000 pesetas que fueron impuestas a la familia en concepto de multa.

Para afrontarla, los Castilla vieron embargados sus bienes y tuvieron que liquidar una empresa familiar (Luis y Virgilio Castilla Confecciones Sociedad Limitada). Sólo la ayuda de otros familiares permitió a la familia seguir a flote. "No pasamos hambre gracias a la ayuda de mi abuelo materno, un comerciante de Granada bien posicionado", cuenta a Público José Castilla.

Virgilio Castilla, al que su hijo José define como un "socialista absolutamente ajeno con los desmanes del Frente Popular en relación con los comunistas y la CNT", fue condenado a muerte el 1 de agosto de 1936 por un consejo de guerra que lo declaró culpable de los delitos de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo, dictado sin la más mínima garantía jurídica, lo consideraba parte de "un amplio movimiento subversivo para implantar en la ciudad las doctrinas ruso-marxistas más avanzadas y por medio del terror".

José Castilla afirma que ha acudido a Presidencia apoyándose en una carta del propio Ministerio de Justicia, del que es titular Francisco Caamaño, que admite la "ilegitimidad" del proceso militar que acabó con la condena a muerte de su padre.