El Ministerio de Igualdad ha iniciado los trabajos para elaborar una ley integral contra la trata, un crimen que afecta a las mujeres "de manera desproporcionada", especialmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual.

Según ha informado este jueves el departamento que dirige Irene Montero, para la elaboración de la ley, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género impulsará un diagnóstico sobre los fenómenos de la trata, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

También analizará aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata y de seres humanos y garantizar la mejora de la atención, la protección y la recuperación de sus víctimas.

La trata supone una "profunda violación" de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones -señala Igualdad- implica a organizaciones delictivas a las que proporciona "importantes beneficios" basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.

La trata de personas -continúa- es un crimen que no es neutral en términos de género, ya que afecta a las mujeres de manera "desproporcionada", no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.

Igualdad recuerda que la Administración General del Estado, los gobiernos autonómicos y algunas entidades locales, a través de políticas públicas desarrolladas durante la pasada década, han consolidado una red de dispositivos y servicios de información, detección y atención integral y especializada a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata.

Los informes del pacto de Estado, tras identificar la situación actual de la lucha contra la violencia contra las mujeres en España y analizar los problemas que impiden avanzar en su erradicación, recogen un conjunto de propuestas de actuación a aplicar durante la vigencia del Pacto.

El ministerio destaca que la normativa europea y los estándares internacionales establecen la obligación de los poderes públicos de prevenir estos graves abusos y de garantizar la protección de los derechos de las víctimas, adultas o menores, a través de un catálogo de servicios y prestaciones.

Y recuerda que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) compele a los estados parte a adoptar "medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este delito en su derecho interno".

También la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing exhorta a los gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres.