Los inmigrantes critican el "racismo institucional"

"Nos quieren amargar la vida". Con esta contundente frase mostró José, ecuatoriano de 40 años, el miedo que reina entre la población inmigrante por las políticas "institucionales racistas", en palabras del colectivo. A pesar del frío que se intensificaba con la caída de la noche, se apuntó a la concentración convocada en Madrid por IU-Madrid, CEAR-Madrid, SOS Racismo, Asociación Entreiguales-ENAR, Movimiento por la Paz y Pueblos Unidos, entre otros, para denunciar el "menoscabo de los derechos de los inmigrantes".

Temen tres iniciativas: una proposición de ley de medidas contra la inmigración clandestina, aprobada en el Senado con los votos de CC, PP, PNV y CiU, y remitida al Congreso el pasado 28 de septiembre; la reforma de la Ley del Poder Judicial, que vio la luz el 19 de noviembre, y un protocolo de actuación de la Policía en las repatriaciones. En concreto, tienen miedo de que prospere la supresión de empadronamiento a los irregulares y del permiso por arraigo. También se quejan de que podría aumentar a tres años la exigencia de estar casado con un español para conseguir la nacionalidad.

Apoyo de los vecinos

La encargada de acoger a los manifestantes fue la plaza de Lavapiés, situada en el barrio del mismo nombre, y conocida por la convivencia de habitantes de diferentes países. No estaban solo ellos. Les acompañaban vecinos españoles, que espontáneamente se sumaron a la protesta.

"No se puede hablar de inmigrantes. Todos somos iguales", dijo Guillermo, de 25 años. Al ver la pancarta de "No a la guerra contra los pobres. No a las leyes racistas y xenófobas", este joven español se animó a denunciar el "recorte" de los derechos de los inmigrantes. Conoce sus dificultades de primera mano porque tiene un amigo venezolano que se casó con una española y todavía, ocho meses después, sigue sin trabajar porque no le han dado los papeles. A su lado, Rómulo Lifoncio, enarbolando la bandera del imperio inca de Perú, antes de la llegada de los españoles, reivindicaba el "respeto a todos los orígenes del hombre y sus culturas". Con él, Graciela Pérez, guatemalteca de 33 años, lamentaba que "cada vez se van cerrando más las puertas y las oportunidades de trabajar".

Con gritos como "¡ninguna persona es ilegal!" y carteles con frases como "si vienen ricos, es turismo. Si no, abuso y racismo", los manifestantes -un centenar según los convocantes- se situaron en círculo junto al parque infantil del corazón de la plaza, donde los niños apuraban los últimos momentos del juego, para pedir la retirada de esas tres "inaceptables" medidas, al considerar que se trata a los irregulares como un "enemigo peligroso".

En el manifiesto leído, reclamaron al Gobierno que promueva en el Congreso de los Diputados la ratificación del convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de 1990, cuyo espíritu creen que se está violando. "Luchar contra los que migran en lugar de contra las causas que les empujan es inmoral e injusto", añaden.

Las denuncias 

Supresión del arraigo

En la proposición de ley contra la inmigración clandestina, se plantea eliminar el permiso por arraigo, que se obtenía con tres años de trabajo, y con el que se arrojará a "cientos de miles" de personas a la marginalidad.2

Fin al empadronamiento

Se propone también suprimir el empadronamiento de irregulares, con lo que se les quitaría el derecho a la atención sanitaria.

Pegas a la nacionalidad

Se plantea subir de uno a tres años la exigencia de estar casado y viviendo con un español para obtener la nacionalidad. Los que lleguen a España de forma irregular nunca podrían obtenerla.

70 días de internamiento

Se ampliaría el plazo de internamiento de 40 a 70 días hasta la ejecución de la expulsión. Aumentaría también de tres a seis años el plazo de prohibición de entrada en casos de devolución.

Negar el visado

Transcurrido el plazo de prohibición de entrada a los expulsados o devueltos, la autoridad gubernativa les podrá negar la concesión del visado, si prospera la proposición de ley.6expulsión de sin papelesSe podría establecer como sanción obligatoria la expulsión de los inmigrantes sin papeles.

Persecución en otros países

La jurisdicción española y la Policía podrán intervenir en hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. Las asociaciones también alertan sobre el trato a los inmigrantes y lo equiparan con el esclavismo.

Violencia en la expulsión

La Dirección General de la Policía ha elaborado un protocolo de actuación en las repatriaciones con las que se trata a los expulsados como peligrosos y violentos. Según estas asociaciones, usan lazos de seguridad, grilletes, capuchas, cascos, correas y camisas de fuerza con los repatriados .