A los sindicatos mineros, la operación del gran banco de inversiones (el ejemplo por antonomasia de lo que se denominan "los mercados") no les pilla por sorpresa, pero sí con el pie cambiado, ya que están inmersos en la batalla para evitar que los recortes del Gobierno de España obliguen al cese de la actividad este mismo año.

El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Asturias, Maximino García, confirmó esta semana a este periódico su intención de exigir al Gobierno del Principado que paralice la operación acordada por la Autoridad Portuaria gijonesa con el bróker neoyorquino. También, su voluntad de estudiar la posibilidad de llevar la operación a los tribunales.

Tal como informó Público.es hace días, el grupo Goldman Sachs almacena en el puerto asturiano de El Musel, situado en Gijón, centenares de miles de toneladas de carbón colombiano pagado al contado y que pretende vender en el mercado de futuros, una operación especulativa con la que espera obtener un beneficio astronómico. El mineral se compró en el mercado americano y quedará almacenado en la dársena asturiana a la espera de comprador, preferiblemente en Europa, donde los precios son muy superiores (obviamente, los valores cambian, pero -como ejemplo- se puede decir que, a día de ayer, el carbón se pagaba en América a 61.35 dólares por tonelada mientras que los futuros sobre el mineral en Europa eran estos: 90, a un mes; 90.25, a dos meses; 91.85, para el último trimestre; y 97 dólares por tonelada a un año). Teniendo en cuenta que el grupo inversor mueve con esta operación centenares de miles de toneladas es evidente que el negocio es muy lucrativo.

Goldman Sachs no pagará el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) mientras no tenga vendida su mercancía 

El almacenamiento de carbón colombiano en Gijón es una operación cerrada por la dirección del puerto que nombró el gabinete de Francisco Álvarez-Cascos y consiste en hacer acopio de mineral en los diques gijoneses. Ya se han descargado 156.300 toneladas llegadas a Gijón desde Puerto Bolívar en el buque Rugia y se espera la llegada de otro flete similar en pocos días. También están sobre la mesa otros dos envíos de carbón que elevarían a 600.000 toneladas el material total almacenado al final en tierras gijonesas.

Pero esta segunda remesa tiene que ser autorizada por la nueva dirección del puerto, derivada de la victoria del PSOE en las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo, que llevaron a la presidencia del Principado a Javier Fernández y al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón a Rosa Aza. A estos socialistas que gobiernan con los votos de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia- les exige CCOO que paralicen las nuevas descargas previstas.

Maximino García da por hecho que esas operaciones no se realizarán, igual que el sindicato de estibadores. "Nosotros no sabemos de quién es la mercancía que tenemos que descargar, que para nosotros es trabajo y nada más", dice el portavoz de la Coordinadora -el principal sindicato de la estiba-, "pero si los mineros nos piden ayuda estaremos con ellos en esto". En la misma línea está la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), una de las centrales de referencia en el puerto.

En el puerto gijonés, hay tres comités de empresa distintos: el de los estibadores (los trabajadores que cargan y descargan los buques), donde es mayoritaria la Coordinadora; el de la sociedad anónima EBHI, que gestiona los depósitos y los movimientos de mercancía, donde es mayoritaria la CSI; y el de la Autoridad Portuaria, la institución pública propietaria de las dársenas y sus instalaciones, donde tienen paridad CSI y UGT.

Otra vertiente del frente común que la izquierda prepara contra el uso del puerto gijonés por parte de Goldman Sachs la representa el diputado Gaspar Llamazares, parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso elegido por Asturias, que tiene previsto preguntar por esta cuestión al ministro de Industria, José Manuel Soria.

La especulación del bróker neoyorquino tiene, además, dos elementos que la hacen especialmente inoportuna (que no, excepcional, ya que el movimiento de carbones importados es habitual en todas las comarcas españolas que viven de esta actividad): la coincidencia de la operación con los recortes que amenazan la supervivencia del sector y el trabajo en las minas colombianas, donde es conocida la utilización de niños y empleados en condiciones de semiesclavitud.

En ese contexto, se hace especialmente escandalosa una de las cláusulas que regulan la descarga en El Musel, donde Goldman Sachs no pagará el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) mientras no tenga vendida su mercancía. Éste es uno de los extremos que CCOO piensa utilizar para denunciar la operación ante los tribunales.