El hombre que confesó haber tirado a su perro de caza a un pozo de 30 metros de profundidad no es culpable de maltrato animal. Al menos así lo ha determinado el tribunal que ha juzgado el caso y que considera que, al no haber sufrido el animal grandes lesiones o fracturas, sólo debe pagar una sanción administrativa correspondiente a una falta.

El Código Penal, que en 2010 modificó la definición de maltrato a los animales para que las agresiones que "menoscaben gravemente la salud" de estos sean castigadas con penas de tres a un año de prisión, independientemente de que haya o no ensañamiento, castiga como falta el abandono de "un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad". Es esa la sanción que le corresponde cumplir al dueño del perro, que tendrá que pagar una multa que previsiblemente no superará los 600 euros como máximo.

La protectora de animales APAP 4 Patas de Jumilla, que se ha hecho cargo del can desde el rescate, ha mostrado su indignación ante el veredicto. "Vivimos en un país en el que protestar contra la muerte de un animal en una plaza de toros conlleva multas de 18.000 euros y tirar un perro a un pozo de 30 metros se queda en sanciones mínimas", dice la presidenta de la asociación, Irene Santos, que siente preocupación por los casos de maltrato que presencian con frecuencia y desamparo ante la legislación.

El animal, una hembra bretona de 7 años, no tendrá problema para encontrar nuevos dueños: "Como ha sido un caso tan sonado, nos ha llamado mucha gente por teléfono pidiéndonos a Paca". Es así como la han rebautizado, en agradecimiento al ciudadano que bajó a rescatarla después de que el Centro de Emergencias 112 se negara a asistirla. El propietario, que dice estar muy arrepentido por lo ocurrido, deberá ceder voluntariamente la custodia a la protectora para que puedan dar a Paca en adopción.