Las dos secretarias judiciales y los 29 funcionarios adscritos al Juzgado Central de Instrucción número 5 hicieron público ayer su "más sincero apoyo" al juez Baltasar Garzón, como "magistrado y como persona", en un manifiesto en el que dicen no entender "la situación de crítica permanente" a la que se someten todas sus decisiones por parte de aquellos a los que no benefician.

Los funcionarios destacan que desde su "privilegiada posición" pueden comprobar "día a día" cómo el juez "trabaja sin descanso durante jornadas maratonianas" que no distinguen "de días laborables y festivos", y en los que la escasez de medios materiales se suple "con su fuerza de voluntad" y la de sus funcionarios.

Por eso, "se nos hace harto difícil entender que sus decisiones y órdenes puedan ser consideradas a sabiendas injustas y, por tanto, constitutivas de una conducta prevaricadora".

Los funcionarios niegan así que Garzón haya cometido el delito por el que el Tribunal Supremo le ha abierto dos procedimientos, uno por abrir la primera causa penal para investigar los crímenes franquistas y otro por la financiación por el Banco Santander de los cursos que impartió en Nueva York, durante el año y medio que estuvo en dicha ciudad.

El comunicado, que resalta la labor realizada por Garzón "en la persecución de los más graves delitos contra la comunidad, a escala nacional e internacional", como los de terrorismo, concluye confiando en que "la Justicia sea realmente el valor democrático que se enseña". Por si queda alguna duda, acuden a Montesquieu: "Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a la sociedad".