La lacra del suicidio en la Guardia Civil: un coronel acaba con su vida con su arma reglamentaria y en su propio despacho

La lacra del suicidio entre las filas de la Guardia Civil es un problema antiguo que, de momento, carece de una respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior. El lunes, un coronel perteneciente al Estado Mayor del cuerpo se quitó la vida con su arma reglamentaria y en su propio despacho, situado en la Dirección General del cuerpo, en la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid.

Asociaciones de guardias civiles como la AUGC y Jucil presionan al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska para se adopten medidas urgentes ante el drama "alarmante" y "oculto" del suicidio en la Guardia Civil, que "afecta en su mayoría a agentes de escala básica pero que, con en este caso, también a altos mandos de forma proporcional", comentan a Público fuentes de AUGC.

Dicha asociación remarca que en la Guardia Civil se produce "una muerte cada 26 días", como sostiene desde hace años, y el promedio de suicidios entre los agentes del instituto armado es superior al de la sociedad y al de otros cuerpos policiales; en 2021 se suicidaron 17 agentes, de una plantilla de 75.021 agentes de la Guardia Civil (datos oficiales de enero de 2021).

Las propuestas de la asociación AUGC son claras: "Es necesario externalizar el servicio de atención psicológica de la Guardia Civil, cosa que llevamos muchísimos años pidiendo; ahora mismo este servicio se presta internamente, y es complicado que una persona que puede tener problemas dentro del cuerpo acuda a alguien que, por muy psicólogo que sea, no deja de ser un miembro de la cadena de mando".

También piden "armeros, para poder dejar el arma reglamentaria y no tener que llevarla fuera de servicio", recuerdan desde la asociación, así como que existe alguna "garantía de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida profesional" del agente afectado.

El problema de los suicidios en la Guardia Civil viene de lejos y tiene un lado oscuro: durante la década pasada 235 guardias civiles se quitaron la vida, en circunstancias que el Gobierno califica como "materia reservada" y sujetas a la franquista Ley de Secretos Oficiales. Una información que sólo pudo conseguirse a través de una pregunta parlamentaria de EH-Bildu  hace dos años.