Los laicos exigen el fin del Concordato sin condiciones

Los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 incumplen varios artículos de la Constitución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978, que declara España como aconfesional. Pese a la evidencia, los dos grandes partidos nunca habían planteado la posibilidad de revisar los acuerdos hasta el pasado fin de semana, cuando una enmienda de Izquierda Socialista incluyó en la ponencia marco del Congreso del PSOE el compromiso de renegociar con la Iglesia.

Sin embargo, tras la frustrada aprobación de la ley de libertad religiosa durante la última legislatura, las asociaciones laicistas desconfían del compromiso socialista. "Curiosamente en las grandes asambleas del PSOE siempre se aplaude mucho cuando se propone profundizar en el Estado laico, pero luego se producen situaciones de cobardía e incoherencia que impiden llevar a cabo las iniciativas", reflexiona el exdiputado socialista y presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral. "Cuando llega la derecha con la contraofensiva nos damos cuenta del tiempo perdido", añade.

Como una defensa ante la contrarreforma en materia de derechos civiles es como defiende ahora el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la renegociación con el Vaticano. "Si retrocedemos y si cada vez que la derecha llega al poder reconsidera todas aquellas leyes que hemos hecho entre todos, para aumentar los derechos civiles, y trata de poner dogmas que no son del conjunto de los ciudadanos sino de algunos, el PSOE se replanteará seriamente la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, ¡seriamente, seriamente!", enfatizó en su discurso de Sevilla.

"El PSOE plantea para el futuro la revisión de los actuales acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. La relación de cooperación con la Iglesia católica, que tienen que seguir dándose, ha de producirse sin privilegios antidemocráticos", dejó negro sobre blanco la ponencia de los socialistas. "La única moral oficial está en la Constitución y cada uno se organiza la vida como quiere", repitió ayer Rubalcaba.

Los acuerdos negociados con la jerarquía de la Iglesia católica antes de la aprobación de la Constitución y firmados un mes después de la aprobación de la Carta Magna se centran en cuatro ámbitos: Justicia, Ejército, Educación y Presupuestos. Los artículos blindan a la Iglesia Católica frente al criterio de igualdad y libertad de culto que establece la Constitución. "El artículo 16.3 dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal", advierte el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

Pese a la constitucional aconfesionalidad del Estado, los acuerdos de 1979 garantizan la enseñanza de Religión católica en los colegios, la asistencia religiosa en hospitales y prisiones o la permanencia de capellanes castrenses. Pero el privilegio que más llama la atención de las asociaciones que defienden un Estado laico es el económico. La Iglesia goza de exención fiscal para actividades de culto, recibe una asignación fija a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para gestionar servicios y cuenta con la posibilidad de recaudar a través de la casilla del Impuesto de la Renta.

"Hay asuntos que pueden cambiar sin necesidad de renegociar. La casilla del IRPF puede ser suprimida para cumplir con el compromiso adquirido por parte de la Iglesia de autofinanciarse", ejemplifica Delgado. Europa Laica calcula que el Estado, incluidas las partidas de Educación y Sanidad concertadas, entrega cada año a la Iglesia 10.000 millones de euros. "Fue el último Gobierno socialista el que en lugar de pedir a la Iglesia que se autofinanciara aumentó su designación presupuestaria de un 0,5% a un 0,7%" del IRPF, añade Mayoral.

"El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico", dice el Artículo 2.1 del Acuerdo IV de 1979. El Artículo 2.5 obliga al siguiente objetivo: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Nada se sabe del compromiso de autofinanciación. El último ejemplo llegó con la visita del Papa a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando la Iglesia recibió 25 millones del Estado para la organización del evento, según Europa Laica.

"Tienen poco crédito", dice del PSOE Delgado. El propio Rubalcaba defendió en una entrevista preelectoral hace unos meses que el Estado aportase a la Iglesia católica dinero público para gestión de servicios como la Enseñanza. El mayor fiasco que recibieron las bases socialistas llegó en la pasada legislatura, cuando la prometida ley que iba a remodelar la ley Libertad Religiosa de 1980 fue paralizada por "falta de consenso", según declaró el propio expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"El alma del PSOE es laica, pero siempre hay un sustrato de pragmáticos que considera que la Iglesia es un poder al que es mejor no enfrentarse pese a que la sociedad esté más secularizada que nunca", explica Mayoral. "Bien está que se saque este asunto al debate para frenar la contraofensiva del PP, pero se trata de una tarea pendiente porque Zapatero, por debilidad o lo que fuese, lo no abordó", conluye el presidente de Cives.