Sostiene José María Aznar que 'los socialistas tienen un problema siempre con la legalidad y con la ley'. ¿Y qué le pasa a su partido, el PP, con la Justicia? Cuando no trata de atacar, neutralizar o esquivar las resoluciones judiciales, el PP se sirve de debates de carácter jurídico, como estos días ocurre con el caso del etarra Antonio Troitiño, para acusar y amenazar al Gobierno y a las instituciones con lanzarlas al averno.

Es admirable cómo la derecha reacciona ante sus problemas judiciales. ¡Investigar al PP, a pesar de sus escándalos, es como investigar a un partido por encima de toda sospecha! En el País Valencià, el PP utilizó toda su influencia para ahogar la causa de presunta corrupción contra Francisco Camps, Ricardo Costa y demás dirigentes de la trama Gürtel, en el Tribunal Superior de Justicia. Lo consiguió.

El caso de Troitiño muestra cómo el PP politiza al extremo los problemas judiciales

Pero nadie es perfecto. Ni siquiera Federico Trillo. Y hubo un error de cálculo. El Tribunal Supremo reabrió el caso y ello hace que Camps se enfrente en las peores fechas posibles, a mes y medio de las elecciones del 22 de mayo, a un auto de apertura de juicio oral. Pero ni Camps ni Trillo, con encuestas en ristre, creen que son las peores fechas posibles. Más bien lo contrario. Por eso, el PP en el País Valencià ha llenado sus listas con imputados e implicados en casos de corrupción. Es una advertencia a los jueces. Pero también es, si estos candidatos resultan elegidos, proporcionarles un escudo. El escudo de que gozan los aforados. Aunque la experiencia de Camps en el Tribunal Supremo debería escarmentar, la idea sigue siendo que los tribunales de justicia superiores son más influenciables a la hora de disuadir, al menos durante cierto tiempo, a los magistrados de impartir justicia de manera independiente.

El caso del etarra Troitiño, a su vez, muestra cómo explota el PP los problemas judiciales, a través de una politización extrema. Primero, poniendo el hecho en relación con el 'proceso de paz'. Y, segundo, echando la culpa preventivamente ante la posibilidad, teórica, deque Troitiño se diera a la fuga.

En esta historia, si hay dos instituciones que se comportaron de manera coherente, fuera de todo tipo de presión ambiental, han sido la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Después de haber promovido la modificación del Código Penal para limitar el alcance de la doctrina del Tribunal Constitucional, nada más conocer que Troitiño era puesto en libertad por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, los fiscales presentaron un recurso de súplica ante la misma sección, una iniciativa que nunca prospera. Y, también, sugirieron al Ministerio del Interior que el etarra fuera 'controlado' discretamente para evitarsu 'evaporación' mientrasse resolvía el recurso.

La Audiencia Nacional, finalmente, admitió el recurso y justificó la marcha atrás en el conocimiento, el pasado lunes 18 de abril, de una sentencia del Supremo de fecha 28 de marzo pasado. Pero no es menos cierto que el mismo Supremo había corregido a la Sección Tercera presidida por el magistrado Alfonso Guevara cuando esta intentó, el pasado año, evitar la libertad en el caso del narcotraficante Manuel Charlín en contra de la doctrina del Constitucional. El que ha llegado tarde, pues, ha sido el Supremo.Pero estas cosas, que deberían ser objeto de un debate sosegado, son aquí la tormenta diaria... en un vaso de agua.