La prometida ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, derecho que España aún no ha garantizado como tal después de 32 años de democracia.

Así lo aseguraron a Público fuentes del Ministerio de la Presidencia, que avanzaron otros dos elementos sustanciales de la futura norma: se acortará el plazo de respuesta a los ciudadanos, que ahora es de tres meses; y se establecerá la obligatoriedad de dicha respuesta. Es decir, se eliminará el habitual silencio administrativo ante peticiones incómodas de información. Si el Gobierno cumple y aprueba finalmente la ley, no volverán a repetirse episodios como el de la negativa de la Generalitat valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.

La Ley del Suelo obliga a publicar los bienes de los ediles. No se cumple

Las mismas fuentes comunicaron que aunque todavía no hay un anteproyecto cerrado, se da por segura la creación del citado órgano de control, elegido por el Parlamento según la promesa socialista y crucial para garantizar que la ley no queda en papel mojado. Esa autoridad independiente que podría recaer en el Defensor del Pueblo o en la Agencia de Protección de Datos se ha demostrado eficaz en países como Reino Unido o Alemania.

La única ley de transparencia aprobada hasta ahora en España la gallega, de 2006 no contempla ningún órgano de seguimiento o apelación, lo que se traduce en un cumplimiento desigual de la norma. La ley estatal, avanzaron las mismas fuentes, precisará que Internet, al que ya acceden en España 24 millones de personas, es una herramienta básica.

El estallido en cadena de casos de corrupción gestados al calor de la opacidad administrativa ha reactivado el debate sobre la necesidad de una ley de transparencia, un compromiso pendiente de Zapatero desde 2004. El Ejecutivo cuya directora general de Coordinación Jurídica, del Ministerio de Presidencia, Ángeles Ahumada, se reunió el día 10 con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 ONG comprometidas con el derecho a la información se ha fijado ahora un nuevo plazo: aprobar el anteproyecto a comienzos de año para que la ley llegue al Congreso en junio.

El Gobierno niega que España se encuentre en el furgón de cola de Europa en materia de información pública. Según los datos de Coalición Pro Acceso, sólo cinco de los 27 países de la UE España, Grecia Chipre, Luxemburgo y Malta siguen sin legislar sobre el derecho de acceso a los datos en poder de las autoridades. "Pero las leyes de acceso de algunos países están al nivel de nuestra ley de 1992", replica una fuente oficial en alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo. Y los avances en Internet, dice, han sido importantes.

Algunas webs esconden los datos. Y eso opera como factor disuasorio

La Coalición Pro Acceso, impulsada por una pequeña ONG, Access Info Europe, y a la que pertenecen organizaciones como Intermón, Reporteros sin Fronteras, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional, retrata la situación con colores más oscuros que el Gobierno. Moncloa cree que leyes como la de libre acceso a la información ambiental, la de acceso electrónico a la Administración o la de reutilización de la información del sector público, aprobadas bajo mandato de Zapatero, han contribuido a abrir la caja de la burocracia. Las ONG subrayan lo que dicen que ya sabían: que la opacidad y un sentido patrimonialista de la información, impropio de democracias consolidadas, constituyen la regla.

En su artículo 37, la Ley de Procedimiento Administrativo consagra el derecho de acceso a registros y archivos públicos siempre que los documentos solicitados "formen parte de un expediente". Pero, como ha puesto por escrito la Convención sobre Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, lanzada en junio y a la que España se adherirá cuando ya tenga en marcha su propia ley, el derecho a la información va más allá de un expediente. Documento oficial, dice el texto, significa "toda la información registrada en cualquier modo, recopilada o recibida y mantenida por autoridades públicas".

España es uno de los cinco países de la UE que aún no ha legislado

Pero hay más. Las hemerotecas están repletas de quejas por la negativa de poderes públicos, sobre todo ayuntamientos y mediante el famoso silencio administrativo, a facilitar expedientes. Esa negativa vulnera la ley ya existente: pero no pasa nada. Un ejemplo: en abril de este año, una asociación vecinal de Valdemoro (Madrid) y los militantes locales de UPyD contaron y nadie lo desmintió que habían tenido que llamar a la Guardia Civil para que el Ayuntamiento les facilitara el informe de impacto ambiental de una nueva subestación eléctrica. "Aún no he conseguido el acta de la Guardia Civil, que se quedó en la puerta del Ayuntamiento", dice ahora Antonio González, de UPyD.

El paradigma lo constituye el estrepitoso fracaso de lo estipulado en la Ley del Suelo de 2007. En su artículo 75.7, la ley obliga a publicar anualmente las declaraciones de bienes y actividades de los munícipes y los altos cargos locales, aunque sin precisar cómo. ¿Se cumple? La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que prepara un código de buen gobierno, admite que muy pocos de los 8.110 ayuntamientos lo hacen. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, asegura que la declaración de bienes está a disposición de los ciudadanos pero no en Internet sino en la secretaría municipal.

Otras Administraciones vuelcan datos de sueldos, presupuestos y contratos en la Red, pero lo hacen de tal modo que sólo un detective daría con ellos. Un caso: la Xunta de Galicia publica en Internet los sueldos de los altos cargos, pero el buscador de la página principal no es capaz de hallarlos. Hay que rastrear dentro de cada consellería, lo que opera como elemento disuasorio.

"Transparencia es que la información esté fácilmente accesible", clama Helen Darbishire, una británica afincada en España que dirige Access Info.

El panorama ha mejorado en la Administración central y en las autonómicas, conviene Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. "Pero muchos ayuntamientos no se dan por enterados de la ley de información ambiental o ponen obstáculos", replica. Obstáculos como fijar "horarios imposibles" para formular la solicitud. Oberhuber explica de qué habla: "Si tienes que ir a una oficina donde el funcionario está de 12 a 14.00, es muy difícil ejercer el derecho".