Ángel Vadillo no suelta la botella de agua mientras habla. Desde hace cinco días es lo único que ingiere. Agua con azucar "hasta que el cuerpo aguante", dice desde su furgoneta, estacionada frente al Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Decidió iniciar una huelga de hambre el 10 de junio como último recurso para conseguir que Aburquerque, la pequeña localidad extremeña de la que es alcalde, no se quede sin los cinco proyectos de termosolares que el Gobierno de Rajoy ha echado por tierra.

Antes, recorrió a pie los 639 kilómetros que hay desde su pueblo  hasta la capital tratando de concienciar a quien encontraba a su paso sobre la necesidad de invertir en las energías renovables. Pasó dos meses a las puertas del Ministerio a la espera de ser escuchado. Cuando se le acabó la paciencia, dejó de comer. "No había alternativa", asegura.

"En Extremadura los recortes nos están haciendo añicos. Sólo hay un sector para generar empleo y es el de las renovables", sostiene. 

Tan sólo un mes después de tomar posesión, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aprobó el decreto 1/2012 que retiraba las primas a los proyectos de energías verdes en el país y que en el caso de Alburquerque suponía una inversión por valor de 1.000 millones de euros.

Según explica Vadillo, aquello conllevaba la creación de 800 puestos de trabajo directo y otros 400 o 500 indirectos en una población de 5.700 habitantes que soporta una tasa de desempleo cercana al 40%.

"Ese decreto, aunque la gente no lo sabe, es lo más dañino que se ha hecho para la economía de este país. Es un sector [el de las renovables] que va a crear empleo y por el que el Estado reacudaría impuestos. Pero no estamos dando seguridad jurídica a los inversores, generando una imagen pésima para ellos", afirma el regidor extremeño.

Tras la insistencia, el pasado jueves consiguió una cita con Soria, pero la postura del ministro, que justifica la decisión por la necesidad de "bajar el déficit tarifario", parece inamovible. "Es un ministro más al servicio del lobby. Ni conoce ni quiere conocer porque está al servicio de UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)", subraya.

Esa es la pincipal denuncia de Vadillo, que achaca a los intereses de las grandes compañías de electricidad la escasa inversión en energías verdes, en manos de pequeñas y medianas empresas con escaso apoyo del Estado. "Hay una nómina tremenda de políticos en UNESA, Felipe González o Aznar cobran enormes sueldos de ellos ahora, en plena crisis.  Y es legal, pero tremendamente injusto", se queja.

Por eso, dice, le consuela que cuenta con "la verdad" de su parte. "El ministro me ha creado un problema a mí, pero yo también se lo puedo crear a él. Si a mi me pasa algo se va a saber la verdad sobre las renovables", sentencia.