No sólo eran tres trajes

Desde que el escándalo estalló hace dos años y medio, el PP ha tratado de minimizar y deslegitimar el caso Gürtel con variados argumentos. El preferido es que es una conjura orquestada por el PSOE, que se sirve de la Fiscalía para atacarles. En el caso del País Valencià, ha sido recurrente la afirmación de que sólo se trata de "tres trajes", en referencia a los regalos que presuntamente recibió el expresident Francisco Camps de los empresarios de la red corrupta, unos hechos por los que será juzgado en otoño y por los que dimitió el pasado 20 de julio.

Pero la instrucción judicial ha demostrado ser más tozuda que las barreras que el PP ha ido colocando para frenar el avance del escándalo. La última muestra es un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hecho público ayer.

El juez Ceres dicta una auto por el que se inicia la investigación

El documento hace referencia a la presunta connivencia entre la cúpula del PP valenciano, el Gobierno regional y las empresas de la trama. Fruto de esa estrecha relación, se cometieron los presuntos delitos de financiación ilegal, falsedad documental, prevaricación y cohecho. El auto de ayer es el primer paso para investigarlos. Los presuntos delitos se cometieron entre los años 2005 y 2009, el mismo periodo en el que Camps fue presuntamente agasajado por los mismos empresarios que ayudaron al PP regional a cometer las supuestas irregularidades que ahora se investigan.

A la vista del auto, el PSOE valenciano pidió ayer al nuevo president, Alberto Fabra, que "dé las explicaciones al pueblo valenciano que todavía no se han producido". Fabra toma hoy posesión de su cargo. El martes, en su discurso de investidura, calificó a Camps de "honrado" y pidió a la oposición que no hable del "pasado", en referencia a la corrupción. Pero para el PSOE, el auto de ayer muestra que el caso Gürtel sigue formando parte del presente de la política valenciana. Ángel Luna, diputado socialista y personado en la causa como acusación popular, afirmó que "la punta del iceberg eran los trajes".

En concreto, el TSJCV señala como posibles culpables de los presuntos manejos a cinco personas que hoy son diputados del PP valenciano. Son Ricardo Costa, ex secretario general de la formación; Yolanda García, la tesorera del partido; Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat hasta que fue relevado del cargo hace poco más de un mes; David Serra, vicesecretario de Organización del PP regional, y Milagrosa Martínez, expresidenta de Les Corts Valencianes y actual alcaldesa de Novelda (Alicante).

Están imputados cinco diputados autonómicos conservadores

Además, el auto del TSJCV señalan al extesorero del PP nacional y exsenador Luis Bárcenas y a los dirigentes de la Gürtel, entre los que están Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes. También se cita a los "gestores efectivos" de varias grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat.

El auto de ayer está firmado por el magistrado José Francisco Ceres. Es el instructor nombrado por el TSJCV para llevar a cabo la investigación. Fue Antonio Pedreira, el juez que instruye la Gürtel en Madrid, el que halló indicios de delito en varios políticos valencianos. Decidió entonces transferir la causa al tribunal valenciano, que la aceptó en mayo. Ayer, el TSJCV comenzó a dar los primeros pasos para abordar la instrucción, que se prevé larga y compleja.

El TSJ pide al PP nacional datos sobre la contabilidad de la filial valenciana

En su escrito, el juez da varias órdenes. Primero, divide la causa en tres piezas separadas para un mejor manejo. Segundo, dispone que los imputados sean informados de su condición, y les da diez días para personarse en la causa. Tercero, pide a Les Corts Valencianes una certificación de la condición de diputados de algunos de los acusados. Finalmente, desgrana a lo largo de varias páginas la abundante documentación que necesitará consultar para comprobar la veracidad de los indicios delictivos.

El juez, por ejemplo, solicita a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV que le haga llegar el informe policial efectuado por la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal). Este documento narra cómo se produjo la presunta financiación ilegal del PP valenciano durante la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales de 2007. La empresa de la trama Orange Market servía, según el informe, como intermediaria entre grandes empresas a las que la Generalitat otorgaba contratos públicos y la formación política. Gracias a esta intermediación, las mercantiles pagaban gastos electorales del PP valenciano.

El mismo informe, que el juez Ceres requirió ayer, narra que esta operación era posible gracias a otro presunto delito, el de la falsedad documental. Orange Market elaboraba una supuesta facturación doble, en la que participaban Costa, García y Serra, que se prestaron supuestamente a introducir conceptos ficticios en las facturas.

En este sentido, las pesquisas del juez alcanzan también al PP nacional, al que se requiere información sobre la contabilidad de su filial valenciana y su grado de autonomía económico-financiera. El magistrado también pide al Tribunal de Cuentas y al órgano homólogo en el País Valencià todos los datos de los que dispongan sobre la contabilidad del PP valenciano en 2007 y 2008.

En cuanto a los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, se refieren a los contratos públicos adjudicados por la Generalitat a Orange Market para la instalación del stand de la comunidad en la feria de turismo Fitur.

El juez pide otro informe policial que narra cómo en la primera edición de la que Orange Market fue adjudicataria, la empresa recibió información privilegiada sobre las bases del concurso a través de correos electrónicos provenientes de la Conselleria de Turisme. El magistrado Ceres también pide una lista de los altos cargos que participaron en la contratación.