Pablo Iglesias exige al PSOE que cumpla el acuerdo de Gobierno sobre el precio de la luz

La escalada de los precios mayoristas de la electricidad, que este miércoles alcanzarán un nuevo récord, ha provocado una airada respuesta en Twitter del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, en la que recuerda al PSOE que no está cumpliendo el acuerdo de Gobierno que firmó con Unidas Podemos sobre el tema, a partir de un editorial de nuestros socios de Contexto.

"No hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno", afirma en su tuit en el que, además, cita textualmente dicho editorial para apuntar que "el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y UP fue claro: bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución".

Dicha 'sobrerretribución' alude, sencillamente, al dinero que "reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión", recuerda el citado texto de Contexto.

Es decir, las cantidades asociadas al supuesto gasto que acarrea el uso de infraestructuras ya amortizadas.

Mientras tanto, el precio mayorista de la luz sigue por las nubes por una conjunción de factores, especialmente dos: el alto precio del gas y el de los derechos de emisión de CO2.

Frente a esta escalada, que deja el agosto más caro de la historia con incrementos anuales de más del triple, el Ejecutivo no termina de plantear una solución que frene esta deriva, más allá de modificar el IVA (con un impacto casi inapreciable) y con un llamamiento a la "empatía" de las eléctricas, unos gigantes empresariales con enormes beneficios económicos. y que, además, percibirán ayudas de los fondos europeos para la recuperación económica.

El asunto queda a la espera de uno de los compromisos del Gobierno que se remonta a principios de este verano: un proyecto de Ley redactado por el Ministerio para la Transición Ecológica que busca acabar con los denominados "beneficios caídos del cielo" que tienen las compañías energéticas, que incluyen en la factura precio de emisiones de CO2 pese a producir con fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero como las nucleares o las hidroeléctricas.