Los partidos de la oposición recurrirán el euro por receta

"Desde las instituciones, desde el ámbito judicial y desde la calle". Así responderá la oposición madrileña, según ha anunciado el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, a las nuevas medidas anunciadas el pasado miércoles por el Gobierno de Madrid, entre las que se encuentar la implantación del euro por receta.  "O respondemos así a esta agresión a la construcción de una España que tanto esfuerzo nos ha costado en los últimos 25 años, o esta gente va a acabar con España y con nosotros", sentenció Gómez, en alusión al Ejecutivo regional.

Gómez ve la medida como "la penalización de la enfermedad" y "de la pobreza", y cree que, además, "pone en cuestión a los profesionales de la sanidad, que son quienes recetan los medicamentos". También a este respecto, se preguntó qué va a pasar si una persona no tiene para pagar ese euro por receta. "Ya no hay una sanidad universal y gratuita", se respondió el líder del PSM, que adelantó que su formación acudirá a la justicia con todos los recursos que tenga a su alcance, así como a la movilización social para frenar el euro por receta.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, también se ha unido a los reproches contra estas medidas y ha instado a la "desobediencia civil" contra lo que él considera una "monstruosa malversación de servicios públicos". "Si algo dice nuestra Constitución es que la sanidad es un bien público; no de financiación pública, que lo es, sino también un bien de prestación y provisión públicas", ha añadido.  Por ello, Llamazares considera "inconstitucional" el euro por receta.

"El Gobierno quiere convertir una necesidad social, como es la necesidad de la salud, en un negocio particular para los amigos del Partido Popular", ha señalado Llamazares. "Nosotros adoptaremos todas las medidas políticas, de movilización social y de desobediencia civil y también todos los recursos judiciales necesarios para impedirlo", ha zanjado.

Varios colectivos y asociaciones se han pronunciado también contra los nuevos recortes en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Por un lado, la Asociación del Defensor del Paciente ha remitido una carta a la Fiscalía de Madrid instando al Ministerio Público a que intervenga para impedir la aplicación del euro por receta. "Atenta contra la salud y la vida de los ciudadanos, poniendo en peligro la atención de estos", reza la misiva remitida por la presidenta del asociación, Carmen Flores, que augura "un daño incalculable" en la salud de los pacientes con pocos ingresos como parados con prestación mínima (no incluidos en las exenciones), "que se verán obligados a pagar lo que necesitan para comer y dejaran sus tratamientos".

Fadsp: "Ni hay 45 millones de medicamentos en los domicilios madrileños ni la medida puede ser disuasoria"

Por otra parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), ha vuelto a desmontar los argumentos del PP. "El argumentário del Sr. [Ignacio] González, presidente no elegido por los madrileños, es totalmente falso, ni hay 45 millones de medicamentos en los domicilios de los madrileños, ni la medida puede ser disuasoria porque estamos hablando de medicamentos recetados por médicos del Servicio Madrileño de Salud a enfermos que los necesitan para su tratamiento. Si a alguien disuaden será a quienes carezcan de recursos económicos, siendo así una medida profundamente inequitativa", denuncia la federación. "Los copagos nunca han servido para moderar la demanda inadecuada, sino para ser un impuesto sobre la enfermedad", añade. 

Asimismo, la Fadsp asegura que el euro por receta "excede las competencias de la Comunidad de Madrid", motivo por el que, si llega a aprobarse, la impugnarán "ante el Gobierno y los tribunales de justicia", han anunciado.

Por último, la asociación pro-defensa de la sanidad pública también arremete contra la privatización de los servicios de seis hospitales madrileños. "No mejorarán la eficiencia del sistema sanitario", aseguran. "Todos los datos señalan que en Madrid los hospitales de gestión privada y semiprivada suponen unos sobrecostes entre 7 y 8 veces a los ciudadanos madrileños", argumenta la Fadsp. "La privatización es la opción ideológica del PP a un coste exorbitante que va a acabar pagando los enfermos y los pensionistas con el copago farmacéutico", concluye.