La Policía desaloja un edificio ocupado en Madrid que tenía el apoyo del 15-M

A primera hora de la mañana de ayer, la Policía desalojó a las 36 personas que, desde el pasado 19 de noviembre vivían en un edificio ocupado en la calle Corredera Baja de San Pablo, en el distrito Centro de la capital. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el desalojo, que se desarrolló sin incidentes, se produjo al existir una orden judicial de alzamiento.

Como resultado de la evacuación, todas las personas que estaban en ese momento en el edificio fueron imputadas de un delito de usurpación de bienes inmuebles, que puede estar penado con una multa de tres a seis meses de prisión. Además, 11 de esas 36 personas fueron detenidas al no portar la documentación y fueron trasladadas a las dependencias de la Brigada Político Social de la Policía Nacional.

Fuentes de la Oficina de Vivienda, vinculada al Movimiento 15-M, confirmaron que en el edificio vivían alrededor de 40 personas de forma habitual. Entre ellas, una madre con su hija adolescente que había sido desahuciada de un piso del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), una señora mayor que también había perdido su casa y gente vinculada al movimiento okupa, así como otras personas sin recursos que se habían resguardado en ese inmueble tras el desalojo del hotel Madrid, ocupado por indignados tras la manifestación global del 15 de octubre de 2011.

La citada Oficina de Vivienda había mostrado su apoyo a la "liberación" de este edificio, si bien sus integrantes quisieron dejar claro que fue llevada a cabo a través de un "grupo autónomo" y que en ningún caso se trataba de una iniciativa surgida del 15-M o los grupos de vivienda. Se trata, comentaron en ese momento, de que "las personas con dificultades para acceder a una vivienda encuentren los medios para organizarse de forma autónoma y llevar a cabo estas acciones por sí mismas". No obstante, esta oficina sí se encontraba ayer "trabajando" para buscar alternativas habitacionales para estas personas, aunque todavía no había nada definido.

Por la tarde, más de un centenar de personas se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para expresar su desacuerdo con este desalojo y para mostrar su apoyo a los cinco detenidos el miércoles por participar en una acción organizada por el colectivo Yo No Pago.

A través de un comunicado por el que se convocaba este acto, los integrantes de la Oficina de Vivienda acusaron a la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de haber estrenado su mandato "demostrando que la legalidad no le importa en absoluto" y que su "única preocupación" es "defender el privilegio de los ricos a cualquier precio".