Prisión sin fianza para el exdirector general de Trabajo de la Junta

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha decretado esta noche prisión provisional, comunicada y sin fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Guerrero se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel.

La magistrada, Mercedes Alaya, ha adoptado esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel de Guerrero por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.

El fiscal solicitó imponer una fianza de 933 millones de euros

Tras tres días de interrogatorio, el fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.

Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público. Mientras, la defensa de Guerrero pidió a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones. Asimismo, han defendido que  no existe riesgo de fuga y que, en el momento actual, "ya no se pueden destruir documentos".

Se le imputan delitos de malversación, cohecho, falsedad documental y prevaricación 

Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), ha declarado que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad". En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves o al exconsejero Gaspar Zarrías.

La juez le imputa delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y oficiales. La orden de prisión se dictó a la 1.45 horas de esta madrugada, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".

887 ayudas "arbitrarias"

Alaya estima que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente. En un auto de prisión de 38 folios, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado"

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad. Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre. A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

La Junta celebra la decisión judicial

La Junta de Andalucía ha valorado el ingreso en prisión de Guerrero porque significa un "avance significativo en la instrucción" del caso. El Gobierno andaluz ha confiado en la acción de la Justicia y en que "se continúe por esta línea de esclarecimiento de los hechos y de concreción de responsabilidades de los principales implicados".

El Gobierno andaluz lamenta que Guerrero haya mantenido una "actitud exculpatoria" 

Tras los tres días de declaración del principal imputado en el caso de los ERE, se ha puesto de manifiesto, según la Junta, el "papel central que Guerrero parece haber tenido en los hechos que se investigan, sin que el imputado haya aportado elementos que permitan cuestionar con fundamento ese extremo".

Ha lamentado que Guerrero haya mantenido una "actitud exculpatoria y no haya admitido contestar a las preguntas de la acusación de la Junta, interesada en que se hubieran aclarado las numerosas contradicciones y vaguedades del imputado durante sus declaraciones". Asimismo, ha ratificado su "firme voluntad de que se aclaren todas las irregularidades de este caso" y mantiene su disposición a colaborar.