"En materia de libertad religiosa lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer", prologó el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Ridao, para presentar la ley de libertad religiosa propuesta por ERC, IU e ICV para suplir el "donde dije digo, digo Diego" con el que Ridao criticó el carpetazo del Ejecutivo a su anuncio, ahora congelado, de acometer la reforma.

"El Gobierno no tiene política de libertad religiosa; la agenda se la marca otro Estado, el Vaticano", denunció Ridao para censurar el cambio de intereses del Gobierno, que Público adelantó en agosto.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, denunció la actual ley —que data de 1980— por "obsoleta", para defender una reforma que se adapte "a una realidad social laica" y supere así la "herencia preconstitucional" que tiñó la elaboración del texto aún vigente. Ese legado, según Llamazares, consagra la "no neutralidad del Estado" en materia religiosa, hasta permear todo, "la toma de posesión de los ministros o la financiación de la Iglesia católica".

"Inventos, con gaseosa"

El término "neutralidad" preside el texto que la Cámara tumbó ayer por amplia mayoría, con el rechazo liderado por PSOE, PP, CiU y PNV. El Grupo Popular acaparó los reproches más encendidos contra un texto que, según el diputado Jorge Fernández Díaz, retrotraería a España "a finales del siglo XVIII, en el momento cumbre de la Revolución Francesa", en el caso de ser aprobado. "Los inventos, con gaseosa, no con estas cosas tan serias", concluyó el representante del PP. Republicanos e izquierda arcoiris sólo encontraron la complicidad del BNG para su propuesta.

"El Gobierno no tiene política de libertad religiosa; la agenda se la marca otro Estado, el Vaticano", denunció Ridao

El PNV se mostró tan distante como CiU. "No hay demanda social", argumentó el peneuvista Aitor Esteban. La propuesta " tiene 20 puntos, la mayoría cubiertos ya" por el actual marco normativo, sostuvo el Grupo Catalán. El PSOE fue condescendiente con el fondo y crítico con el articulado. La reforma que anunció el Gobierno "no está abandonada", según defendió Jesús Quijano. La prioridad, sin embargo, es la economía, admitió, esa es "la responsabilidad del Gobierno, y también su riesgo".