El PSOE y el PP ya daban por perdida hasta la próxima legislatura la renovación del Tribunal Constitucional que ahora buscan impulsar los tres magistrados que han dimitido para forzar ese relevo en la institución.

El Constitucional está compuesto por doce magistrados que se renuevan por tercios. El vicepresidente del TC, Eugeni Gay Montalvo, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio, que acaban de presentar su renuncia para forzar esa renovación, son los tres integrantes del TC que, junto con el fallecido Roberto García Calvo, fueron elegidos por el Congreso en octubre de 2001 y debían haber sido sustituidos a finales del pasado año.

Los dos partidos mayoritarios, cuyo concurso es imprescindible ya que los magistrados del TC deben contar con el voto de al menos 210 diputados (tres quintas partes de la Cámara), lograron pactar en noviembre del pasado año la renovación de los cuatro jueces que debía renovar el Senado desde 2007 pero, a estas alturas de legislatura y ante el bloqueo de sus conversaciones, ya habían desistido de abrir otro nuevo proceso.

De hecho, el proceso de elección de los cuatro candidatos que corresponde nombrar al Congreso de los Diputados se puso en marcha oficialmente el 30 de noviembre al activar el presidente de la Cámara, José Bono, los mecanismos institucionales correspondientes.

Sin embargo, y como ambas formaciones no acababan de cerrar un acuerdo, Bono tuvo que ampliar dos veces el plazo para presentar candidatos y, el pasado 30 de diciembre, decidió dejar en suspenso el proceso en vez de seguir decretando prórrogas indefinidamente.

El PSOE y el PP ya acordaron que cada uno de ellos propondría dos nombres pero no han pasado de ahí. El principal escollo para el consenso es Enrique López, uno de los candidatos del partido de Mariano Rajoy al TC que el PSOE no acepta por su categoría profesional y su antiguo papel como portavoz del CGPJ en la etapa de mayoría absoluta de José María Aznar. López ya fue un problema para la renovación de los magistrados del Alto Tribunal que debía elegir el Senado, que acabó desechándolo porque entonces no cumplía los requisitos formales.

Al abandonar la Presidencia del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas reprochó a socialistas y conservadores este bloqueo de la renovación, aunque ella estuvo tres años más allá de su mandato.

Lo que sí pactaron los dos grandes partidos fue modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que la duración del mandato de los nuevos magistrados se reduzca en la misma proporción que se tarde en renovar a sus antecesores.

Esta norma, que el PSOE y el PP introdujeron en una reforma de la Ley Electoral para simplificar la papeleta del Senado, ya se aplicó con los nuevos magistrados elegidos por la Cámara Alta, cuyo mandato acabará en 2016, descontándo los tres años que costó sustituir a sus antecesores.

Ante la situación de bloqueo, socialistas y conservadores ya habían dado por hecho que la renovación del TC en el Congreso quedaría para la próxima legislatura, una vez renovado el Parlamento.

Si ahora los dos partidos mayoritarios consiguen limar asperezas y sellar un acuerdo, Bono volverá a poner en marcha los mecanismos para que los cuatro candidatos sean examinados en la Comisión Consultiva de Nombramientos y puedan ser votados en el Pleno de la Cámara Baja.

La misma situación que el TC atraviesa el Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, cuyo primer plazo se abrió el 7 de septiembre y que también quedó en suspenso tras meses de sucesivas prórrogas. PSOE y PP han de renovar seis consejeros, la mitad del total.

Y también están pendientes el Defensor del Pueblo, ya que el último titular (Enrique Múgica) cesó en junio de 2010, y el Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros concluyeron mandato el pasado noviembre