Poco podía imaginarse el ejército británico que el fortín conocido popularmente como el de la Virreina, construido por sus ingenieros en Tarragona durante el siglo XVIII,  acabaría dejando al descubierto las miserias de una administración. Para ser más precisos,  ha sido la administración local quien durante casi 19 años (y con alcaldes socialistas y convergentes) ha alentado el negocio privado en forma de restaurante de altos vuelos en este espacio catalogado como protegido, a pesar de las reiteradas sentencias que certificaban su ilegalidad, emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y por el Tribunal Supremo. El recurso desesperado del Ayuntamiento de implicar al Constitucional no fue tomado en consideración por este órgano.

El alcalde socialista surgido de las elecciones del 2007, Josep Fèlix Ballesteros, ha entendido, por fin, que las sentencias están para cumplirlas y ha contratado, por casi 700.000 euros, los servicios de una empresa para derribar este mes de julio el negocio (que ha calado hondo en el imaginario social de la ciudad porque ha sido escenario de los banquetes de bodas de media Tarragona) y devolver al fortín su condición original eliminando, entre otros elementos, las ventanas con vistas al
Mediterráneo.

En esta historia hay una protagonista indiscutible: la procuradora Rosa Elias, que impugnó en 1989 la licencia de obras para la construcción del restaurante concedida al propietario de los terrenos por parte del alcalde socialista Josep Maria Recasens, basándose en un informe favorable y sorprendente del secretario municipal, que obvió que el plan urbanístico vigente en aquel momento calificaba ese espacio de “zona verde”, según explica a Público la propia Elias y tal y como han ratificado todos los tribunales desde entonces.

Un año después el poder municipal cambiaba de manos gracias a una moción de censura y el convergente Joan Miquel Nadal iniciaba un reinado que lo mantendría como alcalde hasta el 2007. Y a pesar de todo, no arregló el entuerto y su obstinación en la defensa del restaurante fue tal que Elias empezó a vivir una pesadilla personal. Afirma haber padecido mobbing por parte de la policía local y  haber recibido una oferta de dinero para retirar la denuncia.

Al final, el hartazgo de los tribunales ha sido tal ante la resistencia del Ayuntamiento que Nadal fue condenado a pagar de su bolsillo una multa de 1.500 euros por cada 15 días de retraso en la ejecución de la sentencia. En los últimos días también se ha barajado la posibilidad de que el propietario del restaurante cobre una indemnización millonaria.