Este artículo se publicó hace 14 años.
Rubalcaba promete ceder los toros a Cultura "a corto plazo"
Los matadores reclaman ser considerados "artistas" y "más apoyo". Los activistas antitaurinos denuncian que los empresarios buscan principalmente pagar un 8% de IVA, frente al 18% actual
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer la decisión del Gobierno de trasladar la gestión de las corridas de toros al Ministerio de Cultura "en un corto plazo de tiempo".
Interior realizó el anuncio después de que su titular mantuviese una reunión de más de una hora con siete toreros (Cayetano Rivera Ordóñez, Julián López El Juli, Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera, Manuel Jesús El Cid, Alejandro Talavante y José María Manzanares), a la que también acudieron el presidente de la Mesa del Toro, Carlos Núñez, y el abogado y ganadero Javier Araúz de Robles.
"Nos sentimos artistas y creemos que en Cultura va a haber un apoyo muy grande", remarcó Manzanares, que ejerció de portavoz del grupo y auguró un mayor apoyo y difusión de la Fiesta Nacional bajo el abrigo de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
Los toreros esperan que el cambio suponga un aumento del número de retransmisiones y más presencia en los informativos. El traspaso final se producirá en las próximas semanas, cuando se solucionen las últimas "cuestiones internas del mundo taurino", según los matadores.
El interés económicoNo obstante, las organizaciones antitaurinas ven en el cambio de cartera una sombra de intereses económicos, más allá de que los matadores reivindiquen el título de "artistas".
"El cambio de ministerio es un primer paso para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural", denunció el presidente del Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA), Francisco Leal, tras conocer la noticia. La etiqueta de "interés cultural", que se puede acuñar a nivel autonómico o nacional, permitiría la reducción del impuesto del IVA para las actividades del mundo de la lidia del 18% al 8%. "Sobre el IVA, no hemos hablado nada con el ministro", negó Manzanares a su salida de la sede de Interior.
Los apuros económicos que vive el sector taurino ya han sido reconocidos por empresarios como el ganadero Leopoldo Sainz de la Maza, que a principio de mes aseguró que "el futuro de la fiesta nacional está muy complicado".
En el ámbito político, la polémica taurina ha estado presente en la última semana tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En la Cámara Baja, los diputados socialistas Eduardo Medina y José María Benegas trasladaron la semana pasada el compromiso de Interior a tres de los matadores, en una reunión privada. En el Senado, el pleno rechazó una moción del PP para declarar los toros Bien de Interés Cultural en todo el país.
"Sólo se escucha a una parte"Hace dos semanas, la cita de los toreros fue con la ministra González-Sinde, la primera en abrir la mano a la histórica reivindicación del mundo taurino. "Nosotros pedimos un encuentro con ella el 15 de agosto, pero ni siquiera nos han contestado", criticó la presidenta de la plataforma La tortura no es cultura, Marta Esteban. Esta agrupación aglutina a todas las organizaciones antitaurinas de España. "Sólo se está escuchando a una parte", denunció.
La líder de los activistas ve en el cambio de cartera un "intento desesperado por blindar la tauromaquia". Además de los intereses económicos, cuestiona el fondo de la medida: "¿El Gobierno quiere equiparar matar a un toro sobre la arena de una plaza a Las Meninas, El Quijote o la Catedral de Santiago? ¿De verdad quieren que nuestros hijos lo estudien?".
Los colectivos antitaurinos tienen abierto un frente de lucha en el Parlamento Europeo, de donde llegan unos 600 millones de euros de fondos para el sector ganadero, según la diputada del Grupo de los Verdes en el hemiciclo Franziska Keller.
Esteban se muestra "expectante" ante una posible resolución del Parlamento que detalle cuánta cantidad se destina a cabezas de ganado y cuánta a la lidia. En algunos países, como Alemania, la financiación de las corridas de toros españolas con fondos europeos ha levantado malestar entre sus ciudadanos.
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