El sector del taxi se moviliza en Andalucía contra la nueva regulación de VTC que prepara el Gobierno de Moreno

El sector del taxi ha decidido movilizarse en Andalucía ante la intención –aseguran que por sorpresa– del Gobierno de Juanma Moreno (PP) de regular las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) "de forma que se garantice "la convivencia entre ambos servicios".

La polémica entre las VTC y los taxis viene de hace unos años. De fondo, un asunto de organización económica y laboral y de contraposición de modelos de gestión y si el taxi prosigue, como tenía antes de la irrupción de estas compañías multinacionales –que dan condiciones de vida precarias, según han denunciado reiteradamente las centrales sindicales– ofreciendo mayoritariamente los servicios urbanos.

Hasta ahora, Andalucía no tenía una regulación autonómica y estaba bajo la regulación estatal, según manifestó en una rueda de prensa en el Parlamento el presidente de la Fundación Andaluza Élite Taxi, Rafael Baena, que disparó con grueso calibre contra la Consejería de Fomento que dirige Marifrán Carazo (PP).

La Junta sostiene que la regulación estatal "introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de VTC, siendo la principal la supresión de los servicios urbanos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha".

"Estamos ante un engaño –dijo Baena–. Nos decían que no pensaban regular la VTC. Ahora dicen de repente que están obligados a regular, falso. [La regulación estatal] no obliga, habilita, establece un marco regulatorio. Este gobierno pretende hacer una regulación con nocturnidad y alevosía para que las VTC sigan haciendo de taxi. Su complicidad sin control ninguno ha provocado que se socialice este tema. Les está prorrogando las autorizaciones de transporte" sin cumplir con los requisitos: "Parece que está beneficiando a multinacionales, que traen precariedad laboral y pérdidas y garantías de todos los andaluces".

El sector mantiene conversaciones abiertas con el Gobierno –el lunes, según Baena, se reunieron con altos cargos de la Consejería–. "Durante el último año hemos tenido muchas reuniones: la respuesta siempre era la misma, no pensamos regular porque son competencias del Estado. Este lunes dijeron que tienen que regular, que están obligados, que no tienen borrador, que tienen pinceladas en la cabeza. No vemos serio esto en una administración". La movilización prevista obedece también a la intención de presionar al Gobierno, analizan en Fomento.

Libre competencia

La Consejería ha dado algunas pistas de por dónde quieren que vaya la regulación. Así, en un comunicado afirman: "Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia ya regularon los servicios de los vehículos con licencia de VTC, generalmente [cada regulación tiene sus particularidades] exigiendo un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC, existiendo resoluciones judiciales contradictorias en toda España".

Añade el Gobierno andaluz: "La Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias del sector con recomendaciones para revisar y adecuar la normativa a las directrices y libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, entre ellas, se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base".

Remacha la Consejería que "ya aprobó la pasada legislatura medidas para la modernización del sector del taxi recogidas en la modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado o la recogida de viajeros en municipios diferentes, entre otras: Todo ello fruto de un intenso proceso de negociación con el sector, que en anteriores legislaturas no había sido escuchado por el Gobierno andaluz".

Para la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, la actitud del Gobierno andaluz, de mayoría absoluta del PP, es la de "un rodillo con pinchos".