El arquitecto Leopoldo Arnaiz, responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y otros tantos repartidos por las provincias de Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia, Pontevedra y Cantabria, controla a través de testaferros una red de 33 empresas que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos. En declaraciones a Público, Arnaiz reconoció que era socio de las empresas, pero negó cualquier actuación ilegal: "Tengo acciones en las empresas, pero jamás he utilizado información privilegiada. Todos los negocios inmobiliarios los he realizado una vez que ya había sido aprobado definitivamente el plan urbanístico de la localidad".

La especialidad de Arnaiz como arquitecto es diseñar planes generales urbanísticos gracias a contratos decididos sobre todo por ayuntamientos del Partido Popular. Es el caso de Boadilla del Monte, Alcorcón (cuando lo gobernaba el PP), Colmenar Viejo, Soto del Real, Pinto (durante el mandato conservador) o Arroyomolinos. También trabajó para la Comunidad de Madrid y fue llamado a declarar en la comisión de la Asamblea que investigó el tamayazo, en 2007, por su relación con los empresarios vinculados a los diputados tránsfugas.

Trabajó en más de 40 localidades de Madrid, la mayoría en manos del PP

Su actividad profesional en Boadilla y Alcorcón le costó sendas imputaciones por negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, que sólo son la punta del iceberg de la trama inmobiliaria que dirige el urbanista de cabecera del Partido Popular en Madrid, según una denuncia de la ex socia de Arnaiz, María Rosa Llano González, a la que ha tenido acceso Público.

El texto describe con todo lujo de detalles una red de ocho empresas cabecera de las que cuelgan otras 25 constructoras (ver gráfico). En total, una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia, una impugnación de las cuentas de dichas empresas ante el Juzgado Mercantil número 4 de Madrid. El pasado 16 de septiembre se celebró la audiencia previa y el juicio quedó fijado para el 22 de febrero de 2011.

En su exposición, el abogado de la denunciante le explicó al juez el porqué de esta estructura opaca: "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de las empresas demandadas". Él mismo "no puede aparecer como socio, por incompatibilidad [legal], y para eso busca testaferros que aparecen como socios constituyentes". A estos hombres de paja les hacía firmar un poder para transmitir esas acciones a su nombre y evitar que estén inscritas en el Registro Mercantil, explicó el letrado, quien señaló que su clienta "se limitaba, como empleada que era, a buscarle los testaferros a Leopoldo Arnaiz". Público ha confirmado en los distintos registros de la propiedad que las mencionadas sociedades poseen terrenos en varios de los municipios que contrataron los servicios de Arnaiz Consultores para diseñar sus planes urbanísticos.

La red societaria ha sido revelada por la denuncia de una socia

La denunciante es propietaria de, aproximadamente, un 10% de las acciones de la red de empresas, mientras que el 90% restante pertenece a Leopoldo Arnaiz. Según la denuncia, el patrimonio de las empresas es muy superior al que reflejan los libros contables, por lo que la demandante se considera estafada y exige que se aprueben "nuevas cuentas teniendo en cuenta la real situación económica y financiera de las sociedades demandadas". Este pleito particular entre socios ha terminado por desvelar una estructura empresarial supuestamente fraudulenta que traspasa las competencias de los juzgados de lo Mercantil, ya que pueden aflorar delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas o delitos fiscales. Según fuentes de la trama empresarial, el valor de sus propiedades inmobiliarias puede superar los 500 millones de euros. Sólo en Boadilla del Monte, dos de las sociedades poseen cientos de parcelas para construir viviendas unifamiliares.

La denuncia de su socia recoge los nombres y apellidos de los presuntos hombres de paja de Arnaiz. Se trata de Héctor Emilio Centenera García, Carlos Serrano Altimiras, Francisco Javier Resino Pozas y Alberto Cubillo Rubiato. Este último constituyó dos de las sociedades cabeceras de la trama, Bederline de Negocios SL y Perisfer SL, y después "se las vendió a Leopoldo Arnaiz por un euro". Así se manifiesta en la denuncia, de más de cien páginas y cuatro tomos de anexos documentales.

Usó dos notarías de Londres para ocultar la titularidad de las acciones

Los testaferros son los dueños de las empresas, pero sólo a los ojos del Registro Mercantil, porque en realidad las acciones son de Arnaiz, como consta privadamente en la notaría madrileña de Luis Rueda Esteban y en las londinenses de Chees Writeghts Notaries y De Pinna Notaries, donde el arquitecto se hizo con la titularidad completa del entramado.

De todos modos, pese a que las sociedades demandadas oficialmente tienen distintos administradores, este periódico comprobó cómo un único abogado y un único procurador las representaban a todas en la audiencia previa y defendían abiertamente los intereses de Arnaiz. Además, las sociedades denunciadas suelen celebrar sus juntas de accionistas el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora.

El patrimonio de las empresas se eleva a varios cientos de millones de euros

En conversación con Público, Arnaiz reconoció que es el dueño de las empresas demandadas, "en algunas de ellas junto con otros socios", y que el motivo de no aparecer al frente de ellas, de utilizar "personas que trabajan" para él, es porque ha "sido prudente". "No quiero estar en primera línea ni aparecer en los periódicos", señaló.

El urbanista asegura que sufre personal y profesionalmente una inmerecida mala fama que le ha obligado a no figurar directamente en algunas operaciones inmobiliarias: "Pones mi nombre en internet y aparezco como un corrupto en informaciones tergiversadas. Declaré en la comisión del tamayazo y quedó acreditado que no tengo nada que ver".

Arnaiz sostiene que puede tener "todas las empresas que quiera", a su nombre "o al de otras personas", porque trabaja para ayuntamientos en cuyos municipios desarrolla luego negocios urbanísticos, pero no es "un cargo público ni un técnico municipal". Preguntado por qué la verdadera titularidad de algunas de las sociedades está en dos notarías de Londres, el arquitecto respondió: "Me convenía fiscalmente que las acciones estuvieran allí". Ante la posibilidad de que esto sea un hecho delictivo, Arnaiz alegó que no es "un especialista en temas fiscales". "Si hubiera cometido algún delito de tipo fiscal, lo purgaré", añadió.

Leopoldo Arnaiz hace hincapié en que siempre que ha comprado suelo en un municipio donde él ha dibujado el plan urbanístico, lo ha hecho "una vez aprobado definitivamente el plan". "Nunca he comprado suelo rústico para después recalificarlo", afirmó. Con su trabajo para los ayuntamientos pierde dinero, argumenta. "No me pueden pedir incompatiblidad por la miseria que cobro a los ayuntamientos. Me presento a esos concursos porque me permiten conocer a propietarios de suelo que luego contratan a mi empresa".

El arquitecto matiza que no sólo trabaja para municipios gobernados por el PP: "He hecho un montón de planes urbanísticos en ayuntamientos del PSOE e incluso tengo trabajando en mi empresa a un ex director de Urbanismo de una Administración socialista".

Según datos de distintos registros mercantiles, Arnaiz ostenta 31 cargos en 24 sociedades, la mayor parte de ellas propiedad suya o de su familia, al margen del entramado opaco de 33 empresas. La denunciante también ha sido empleada, concretamente administradora, de algunas de las empresas oficiales del polémico empresario.