Las víctimas de Franco se refugian en la Justicia argentina

La viuda de José Luis Sánchez Bravo, el último fusilado por el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, nunca denunció en España a los responsables del crimen. Silvia Carretero, que siempre ha reclamado la anulación de la sentencia que condenó a su pareja sin las más mínimas garantías procesales, ni siquiera acudió a la Audiencia Nacional cuando el juez Baltasar Garzón abrió la causa contra los crímenes de la dictadura en 2008. Siempre desconfió de los tribunales españoles. Visto lo ocurrido con el juez, que el martes se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado únicamente por dos colectivos de ultraderecha, el tiempo le ha dado la razón.

Carretero decidió exiliar su demanda a Argentina. El 14 de abril de 2010 fue presentada en Buenos Aires una querella que apela a la justicia universal para acabar con la impunidad de la dictadura franquista. La demanda se inició a partir de dos familiares de víctimas de la represión de la Guerra Civil. A los pocos días, se sumaron Carretero y un colectivo de víctimas de Galicia. A la vista del funcionamiento de la Justicia española, el goteo de denunciantes es constante. Los últimos en adherirse han sido los familiares de los fusilados en Pajares de Adaja (Ávila), cuyos restos fueron trasladados sin su consentimiento al Valle de los Caídos.

La foto de Garzón en el banquillo ha dado la razón a los que se fueron a Argentina

"El Tribunal Constitucional rechazó el recurso para que se reabriera la causa de mi hermano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también e incluso la ONU. Cuando un país se califica de democracia, lo tiene que demostrar", resume Flor Baena, hermana del militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) Humberto Baena, ejecutado por un pelotón de voluntarios junto con José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz en septiembre de 1975. A la vista del escaso resultado de su intento por reabrir la causa que condenó a muerte a su hermano sin pruebas, Flor medita incorporar su caso a la querella argentina. "De momento, no lo he hecho porque Silvia [Carretero] ya ha abierto el camino", explica.

La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó el pasado 13 de diciembre al Estado español "los nombres de los que se presentaron como voluntarios para los fusilamientos" de los condenados a muerte en 1975. "Creemos que el Gobierno no va a contestar pero nosotros reclamaremos igualmente las imputaciones que creamos necesarias", explica el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy.

La viuda de Sánchez Bravo, ejecutado en 1975, se ha personado en la causa "Vamos a ir donde haga falta a denunciar esta violación de los derechos humanos", advierte Fausto Canales desde el despacho del notario. Junto con otros ocho familiares de fusilados en Pajares de Adaja, acordaron el pasado viernes adherirse a la querella de Buenos Aires. "Pusimos la primera denuncia ante la Audiencia Nacional el 24 de diciembre de 2007, dos días antes de que se aprobara la Ley de la Memoria Histórica", recuerda Canales. Desde su punto de vista, la ley no iba a cumplir con lo que ellos reclamaban: la recuperación de los restos de los republicanos que fueron llevados al Valle de los Caídos sin el permiso familiar. "Lo que nosotros reclamamos sobre todo, es que en sede judicial se aclaren los hechos. Que un juez diga lo que realmente ocurrió", explica Canales, cuyo padre fue fusilado por los sublevados.

La imagen de Garzón sentado en el banquillo por dos asociaciones simpatizantes con el franquismo, Manos Limpias y Libertad e Identidad, ha terminado de convencer a las familiares de las víctimas del franquismo. "La denuncia en Argentina demuestra la gran vergüenza que es el Tribunal Supremo. Quieran o no quieran el franquismo será juzgado", advierte Críspulo Nieto, hijo y sobrino de dos militantes socialistas fusilados el 20 de noviembre de 1940.

"Un juez debe aclararlos hechos", dice el hijo de un fusilado del Valle de los Caídos Nieto acudió al despacho de Garzón en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre de 2008 con una copia del sumario de su padre. "No aparece ni fiscal ni abogado defensor. Encontré un superviviente del juicio y me contó que no les dejaron ni hablar. Le condenaron por auxilio a la rebelión. Por rebelarse contra los sublevados", resume. Asegura que acudirá "donde haga falta" para reclamar "verdad, justicia y reparación".

La experiencia de la investigación de Garzón ha servido para que los denunciantes añadan nuevos crímenes a la dictadura para investigarla en su totalidad. La pasada semana anunciaron su intención de presentarse en Buenos Aires los presos de los años 60 y 70. La asociación La Comuna quiere que un juez investigue quiénes fueron los responsables de las torturas sufridas en comisarías y prisiones.