El temor a que la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero se viera seriamente dañada por recibir en el palacio de la Moncloa a un presunto genocida llevó al Gobierno a anunciar anoche una severa rectificación en la agenda del encuentro de la ONU que hoy iba a reunir en Madrid al presidente español con el de Ruanda, Paul Kagame. El cambio de opinión, según la versión oficial, se produjo al recibir ayer el presidente una carta de siete diputados españoles, de otros tantos partidos, pidiéndole que no lo recibiera.

Hasta última hora de ayer se mantuvo la previsión de que Zapatero recibiría a Kagame "junto al resto de los participantes" invitados por la ONU y que, como uno de los dos copresidentes el otro es el mismo Zapatero del grupo que quiere impulsar los Objetivos del Milenio, intervendría en el mismo acto que su homólogo ruandés. Hasta anoche, el argumento era que el Gobierno español sólo actuaba como anfitrión de una reunión y de unos dirigentes "elegidos por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon".

Siete diputados españoles pidieron a Zapatero que no se encontrara con él

Anoche todo cambió. Zapatero sólo recibirá a mediodía de hoy en la Moncloa a Ban y no asistirá a las reuniones de trabajo. En contra de lo sostenido durante toda la semana pasada, ayer se aseguraba que el presidente "no se había comprometido a participar personalmente en la reunión", por lo que le sustituirá el ministro de Asuntos Exteriores. Al cierre de esta edición, el Gobierno no tenía certidumbre sobre la asistencia del propio Kagame, aunque ayer ya se encontraba en España.

El presidente ruandés es el hombre que, según un testigo protegido por la Audiencia Nacional, ametralló a 40 campesinos ruandeses en mayo de 1994. Según el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el general Kagame ordenó masacrar a decenas de miles de civiles en Ruanda y en el Congo y autorizó la muerte de nueve españoles en esos dos países.

El juez investiga la muerte de nueve españoles en el conflicto ruandés

La querella y el posterior auto, de febrero de 2008, estuvieron a punto de provocar una crisis diplomática entre España y Ruanda. El magistrado español atribuye a Kagame y a 40 de sus colaboradores indicios racionales de la comisión de un delito de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.

Todos fueron procesados y sobre ellos pesa aún una orden de detención internacional. Todos, excepto el presidente ruandés, al que su condición de jefe de Estado confiere inmunidad, por lo que, de momento, no tendrá que responder por los "crímenes horrendos" que le atribuye Andreu. Sin embargo, Kagame goza ante Occidente del crédito que le concede ser considerado el hombre que detuvo el genocidio del anterior Gobierno ruandés, que planificó la matanza de un millón de tutsis en apenas cien días de 1994.

Un argumento que no convence a las asociaciones promotoras de la querella, que creen que esa reputación ha extendido un cheque en blanco de impunidad para el presidente ruandés, que ya cometió "auténticas barbaridades antes del genocidio", dijo a Público Joan Carrero, el presidente de una de estas organizaciones, la Fundación S'Olivar.

A la protesta de la familias, que tenían previsto manifestarse hoy en Madrid, se habían unido numerosas ONG e incluso el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.