La situación del alquiler en Catalunya debería hacer sonar todas las alarmas. Una de cada cuatro familias del área metropolitana de Barcelona destina más del 40% de sus ingresos a asumir los costes de la vivienda. Los precios del alquiler están absolutamente desconectados de los salarios de la ciudadanía. Después de la crisis hipotecaria, esta segunda burbuja del alquiler está excluyendo a cada vez más personas del acceso al derecho a la vivienda. Vemos a diario cómo no dejan de aumentar los desahucios por impago de alquiler; proliferan los desahucios invisibles –con contratos que no se renuevan o con subidas de renta que resultan abusivas–; el realquiler de habitaciones; las ocupaciones; incluso propuestas denigrantes, como la de los pisos colmena.

No es sencillo señalar culpables ni recetas mágicas que solucionen aquello que lleva décadas deteriorándose: un sistema que permita el acceso universal a una vivienda asequible, estable y segura. Sí sabemos, no obstante, que las modificaciones legislativas operadas por los gobiernos españoles alrededor de 2012 y 2013 por un lado han precarizado a los y las arrendatarias, y por otro han facilitado el negocio inmobiliario de entidades financieras, grandes empresas y fondos de inversión. También sabemos que la práctica inexistencia de un parque público de alquiler impide a las Administraciones dar respuesta ante situaciones de emergencia, como los desahucios, y también ante la situación de los jóvenes o las personas migrantes con grandes dificultades para acceder a un hogar.

En los años sesenta, las personas que vivían de alquiler eran casi el doble de las que lo hacen hoy en día. No llevamos en el ADN una fijación por la vivienda en propiedad. Pero la carestía y la inestabilidad del alquiler impide llevar a cabo un proyecto de vida a medio o largo plazo. ¿Qué tendría que pasar para que vivir de alquiler volviera a ser una opción deseada por la ciudadanía? En primer lugar, contratos más largos o que se pudieran renovar siempre y cuando el inquilino lo quisiera, si ha cumplido con las obligaciones del acuerdo. Así sucede en Francia o en el millón de viviendas de renta controlada que hay en la ciudad de Nueva York.

En segundo lugar, poniendo un tope de precios –no valorando solo los precios de mercado, sino teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía– y limitando los aumentos del alquiler entre contrato y contrato: incrementar el precio del alquiler por encima del IPC sin haber hecho mejoras en el piso no debería estar permitido. Es el ejemplo de París o Berlín, mientras que en nuestras ciudades no hay ningún límite de aumento. En caso de implementarse alguna de estas medidas, la Administración debería dotarse de un buen cuerpo de inspección, ya que no puede recaer sobre los inquilinos e inquilinas la responsabilidad de denunciar a su arrendador en caso de alquiler abusivo o aumentos desproporcionados.

En tercer lugar, debería quedar claro que la vivienda es un derecho fundamental y no un negocio para especular. Existen medidas que se aplican en todo el mundo para impedir que grandes actores financieros especulen con ella, tales como tasas, sanciones o limitaciones de compra por parte de grandes fondos de inversión internacional. Tres ejemplos a erradicar en España: las llamadas socimi –vehículos de inversión destinados al alquiler que no pagan impuestos y, en cambio, utilizan malas praxis con los inquilinos–; la golden visa –la obtención de la residencia en España a cambio de una inversión inmobiliaria de más de medio millón de euros–; y las plataformas de vivienda turística –que, a menudo sin licencia y sin tributar, sacan cientos de miles de viviendas del mercado de alquiler, contribuyendo así al alza de precios.

Finalmente, no podemos perder de vista un actor fundamental en las relaciones entre propietarios e inquilinos: las empresas inmobiliarias, intermediarios entre arrendador y arrendatario que, a menudo, aplican unas comisiones estratosféricas por un rol casi nulo. Los inquilinos y arrendatarios se ven obligados a asumir estos gastos casi siempre en su totalidad, que, sumados a fianzas desproporcionadas, implican un desembolso de dinero difícil de asumir para muchísimas personas.

Apostar por incrementar las viviendas públicas y cooperativas, fuera del mercado, tiene que ser la prioridad de las Administraciones públicas. Con un ínfimo 1,5% –diez veces menos que en los países más avanzados de nuestro entorno–, resulta imposible dar respuesta incluso a los hogares más vulnerables, que tienen que recurrir a un carísimo mercado privado. De esta manera, con más del 95% de las viviendas en el mercado, es imprescindible intervenir para regularlo en favor de los y las arrendatarias, tal y como ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas. Ambas líneas de actuación son necesarias: tanto aumentar la cobertura por parte de las Administraciones como regular un mercado que está lucrándose con un derecho fundamental. La ciudad de París, con un 20% de vivienda asequible, hace años que introdujo medidas de regulación de los precios de alquiler. ¿No lo haremos aquí, donde tenemos un parque público casi inexistente?

Eso sí, avanzar hacia un escenario con un alquiler justo y asequible solo será posible con un fuerte incremento del presupuesto en materia de vivienda y un movimiento fuerte por el derecho a la vivienda, organizado en sindicatos de inquilinos, grupos de vivienda, PAH y cooperativas, en todas partes.