Dos nuevos impuestos engrosarán el sistema fiscal español. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de febrero los proyectos de ley para crear la conocida como tasa Google, que gravará el negocio de las grandes multinacionales tecnológicas y con la que el Ejecutivo prevé recaudar 968 millones de euros anuales, y la tasa Tobin sobre las transacciones bursátiles, que aportará a las arcas públicas 850 millones al año, según los cálculos gubernamentales.

El siguiente paso para aplicar estos tributos será su tramitación parlamentaria y, según los plazos previstos, ambos podrían quedar aprobados antes del próximo otoño. Sin embargo, la entrada en vigor de la tasa a los gigantes digitales se hará esperar: tal y como anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el cobro se aplazará hasta finales de año para dejar margen a "un acuerdo internacional" sobre esta medida, informa Eduardo Bayona en Público.

En la actualidad existen negociaciones a distintos niveles para consensuar las bases de la tasa Google, que gravará la actividad de ciberemporios como la propia Google, Apple, Amazon o Facebook, que apenas tributan por sus beneficios. De hecho, entre estas cuatro compañías pagan solamente 22 millones de euros en España, aunque su facturación conjunta ronda los 6.000 millones de euros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) espera cerrar en noviembre un acuerdo para armonizar a nivel internacional este impuesto, con el que prevé que los estados recauden hasta 100.000 millones de dólares. Por su parte, la Comisión Europea está decidida a lanzar su propia directiva el año que viene, en caso de que fracase la negociación en la OCDE.

Estas decisiones se debatirán en medio de las presiones de la Administración Trump, que ha amenazado con represalias arancelarias a los países que apliquen de manera unilateral el tributo a las tecnológicas, que, en su mayoría, tienen sus matrices en EE. UU. Sin ir más lejos, el presidente estadounidense amenazó hace un mes a los países europeos con imponer aranceles del 25% a sus automóviles si ponían en marcha el impuesto.

En este contexto, Francia, el país pionero en la aplicación de la tasa Google, que ya había realizado incluso el primer cobro, ha suspendido la medida de manera temporal. El Elíseo quiere evitar así una guerra comercial con los EE. UU. y ganar tiempo hasta que se alcance un acuerdo multilateral. El Gobierno de España ha tomado una decisión similar: aunque el pago del impuesto será trimestral, para este año ha establecido de manera "excepcional" una liquidación única a finales de diciembre con el fin de "dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", según explicó a los medios de comunicación la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

En cualquier caso, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha anunciado que piensa aplicar la figura tributaria a los gigantes digitales antes de que acabe el año, aunque no se llegue a un acuerdo internacional y pese a las amenazas que llegan del otro lado del Atlántico. "Vamos a seguir desarrollándolo", aseguró en una rueda de prensa la ministra Montero, que también quiso despejar los temores sobre una eventual represalia de la Administración Trump asegurando que las relaciones con EE. UU. son "fluidas".

Impuestos simbólicos

En la actualidad, las megaempresas digitales tributan por sus negocios en paraísos fiscales como Irlanda y Luxemburgo, o en países con una fiscalidad laxa como Holanda. La elusión fiscal llega al extremo de que estas compañías apenas pagan impuestos en España pese a su importante actividad: Google, cuya facturación ronda los mil millones de euros, paga poco más de seis; Apple, que ingresa más de 400 millones, solo tributa 13; Amazon obtiene más de 4.000 brutos y su aportación a las arcas públicas es simbólica; y, finalmente, la división española de Facebook declara pérdidas. Otras multinacionales como Microsoft, AirBnb, TripAdvisor, HBO, Netflix, Twitter, Uber, Cabify y las plataformas de contactos o de comida a domicilio se encuentran en una situación semejante.

Para poner remedio a este problema, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales –más conocido como tasa Google– impondrá un gravamen del 3% a los ingresos que obtengan en España las empresas tecnológicas por servicios de publicidad, intermediación y venta de datos personales. Lo deberán pagar únicamente las compañías con sede en otros países que facturen más de tres millones de euros al año en el mercado español y más de 750 en el global, de manera que no afectará a las pequeñas y medianas empresas y a las startups locales.

Tasa a la compra de acciones

El otro tributo aprobado por el Consejo de Ministros es el Impuesto sobre las Transacciones Financieras –conocido como tasa Tobin– que gravará con un 0,2% las compras de acciones de empresas españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Este tipo solo se aplicará a las operaciones de compra de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes ni de empresas no cotizadas en bolsa.

Quedan fuera del ámbito de la tasa Tobin la deuda –tanto la pública como la privada–, así como otros productos financieros complejos, como los derivados. También estarán exentas operaciones como la salida a bolsa de una compañía o las que se lleven a cabo entre sociedades del mismo grupo. El Gobierno dedicará los ingresos obtenidos con esta nueva figura tributaria a financiar el sistema de pensiones y la Seguridad Social.

Modernización fiscal

La ministra de Hacienda enmarcó estas medidas en "un proyecto de modernización de nuestro sistema fiscal" con el objetivo de "mantener su eficacia con la realidad económica y su papel redistributivo", en un contexto en el que han surgido negocios "opacos o poco transparentes". Según María Jesús Montero, estas medidas contribuirán a poner al día el actual modelo de "fiscalidad analógica" para dar respuesta a "realidades que no existían hace una década", informa Eduardo Bayona.

El impuesto que se ha aplicado tradicionalmente a las ganancias de las empresas es el de sociedades, "un tributo del siglo XX, pensado para recaudar donde la empresa tiene ubicado físicamente su negocio, pero no donde obtiene los ingresos", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Desde su punto de vista, los fiscos no han sabido adaptarse a los modelos de negocio que han surgido de la mano de la globalización y la digitalización. Por eso, subraya, las tecnológicas y las empresas transnacionales en general "soportan unos tipos efectivos muy bajos".

"Hablar de elusión fiscal es quedarse corto", según el economista Manuel Garí, que añade: "Está tan bien organizada que parece pensada para dinamitar el sistema fiscal". "Las multinacionales, y especialmente las digitales, por el tipo de negocio y por su estructura empresarial, deslocalizan los beneficios de donde obtienen los ingresos", asegura este experto, que considera que las empresas "no deberían poder operar sin una sede física en el país".

Los dos proyectos de ley podrán salir adelante en el Congreso con una mayoría simple y, con independencia de la fecha en la que se acaben aprobando, las tasas no se podrán aplicar de manera retroactiva. Estas medidas, según avanzó Montero tras el Consejo de Ministros, no serán las únicas novedades del Ejecutivo en materia tributaria, sino que son "un primer paso" de un proyecto fiscal "más justo en el que va a tener un peso importante la fiscalidad verde".

EXPECTATIVAS DE INGRESOS A LA BAJA

Los proyectos de ley que regularán la creación de la tasa Google y la tasa Tobin son casi calcados a las propuestas que el Gobierno llevó al Congreso hace un año. Entonces, la previsión de ingresos por el tributo a las tecnológicas era de 1.200 millones de euros y de 850 millones por el impuesto a las transacciones financieras, pero el adelanto electoral abortó su tramitación. Ahora, el Gobierno de PSOE y UP ha recuperado las medidas revisando a la baja la recaudación prevista por la tasa Google: el Ejecutivo espera que le reporte al Estado 968 millones, 232 menos que el año pasado. Según la ministra Montero, la diferencia en el cálculo obedece a "la ralentización de la economía" y a la evolución de esta figura tributaria en otros países.