"En esta sociedad sólo las personas trans se tienen que ganar la identidad"

Chrysallis es una plataforma diferente. Desde el primer momento esta asociación de familiasde menores trans apostó por descentralizar su gestión. Natalia Aventín, su presidenta desde hace un lustro, vive en Benasque (Huesca). Una demostración de que existe vida más allá de las grandes metrópolis. Aventín llega a Barcelona para asistir a un encuentro de socios. Tras lograr varios hitos remarcables en el reconocimiento de los derechos de estos menores, la entidad trabaja ahora en la redacción de una ley trans que debe blindar de una vez al colectivo contra la discriminación social, educativa y sanitaria.

¿Qué papel ha desempeñado la deslocalización en los éxitos de la plataforma?

Siempre tuvimos claro que dividir el trabajo por comunidades autónomas era importante, porque acceder al Gobierno central era demasiado complejo. Teníamos que hacer presión en las instituciones cercanas: es más fácil ir a un colegio con la información y luego ir a la inspección a hacer un cambio de registro que ir a una consejería. En las primeras llamadas a esas consejerías nos decían que "hasta los 18 años no se podía ser persona trans". Unas conversaciones teñidas de desconocimiento.

Ustedes mantienen que todo cambió gracias a pequeñas victorias individuales.

Sí, crecimos gracias a pequeños gestos. Y así nos empezaron a abrir las puertas para incorporar instrucciones: reglamentaciones que no tenían la categoría de ley, pero que ya servían para resolver algunas necesidades.

Luego el Gobierno socialista dejó la reforma de la ley de rectificación registral del sexo de personas trans en el tintero.

Sí, estuvimos en la nueva redacción de la 3/2007, que estuvo a punto de pasar al Congreso. Es uno de esos pellizquitos.

¿Cómo reaccionaron a esa paralización?

No hemos abandonado ninguna vía. Si hemos visto posibilidades en litigios individuales, hemos ido a por ello. Y como no se ha cambiado la ley por la formación de Gobierno, pues todo eso que hemos avanzado. Si nos quedáramos con las promesas políticas, no tendríamos nada. Donde podemos morder, mordemos.

Esas instrucciones que menciona, ¿bastan para amparar a todos los menores trans?

Después de la instrucción, en casi todos los registros civiles se realiza el cambio de nombre sin problema. Pero la encargada del registro de Zaragoza, por ejemplo, nos dio un no. Y a partir de ahí fue un lío: fue preciso hacer la solicitud del informe médico, porque si no el expediente se bloquea...

Pedir el informe es algo que duele, ¿no?

Es patologizar. Buscamos estrategias para saltar muros, pero quienes quieren ponerlos siempre encuentran la forma. Siempre hay problemas. La última resolución del Constitucional para que los menores trans puedan registrar su nuevo sexo en el DNI nos es favorable, aunque hable de "menores maduros" y de "estabilidad" para dicho cambio.

¿Cómo se demuestra esa "estabilidad"?

Es una cuestión de relatos. Siempre es lo mismo: en nuestra sociedad, solo las personas trans se tienen que ganar la identidad. Eso es una discriminación mayúscula. Esa estructura de orden político-social está basada en una creencia. Antes de nacer, nos están asignando unos u otros roles, que se toman como una verdad certera que no se puede transgredir y, para hacerlo, tienes que demostrar constantemente que eso no es ciencia.

¿En qué punto están los contactos para que se apruebe una ley paraguas trans?

Pues había una ley presentada para esta legislatura, pero terminó. Ahora estamos reunidos de nuevo. Parece que se quiere tapar todo con una ley LGTBI. Y eso no lo queremos.

¿Por qué no lo quieren?

Porque no todo es lo mismo. Acabamos mezclando los líos de orientación sexual con los líos identitarios, y la gente no sabe de lo que hablamos. Es superimportante que se legisle aparte. Hay que hacer algo claro y específico.

¿Cómo se trabaja para garantizar los requisitos médicos y, a la vez, ahondar en debates contra la violencia al cuerpo?

Es una cuestión muy contradictoria. Luchamos porque se tengan servicios sanitarios, pero para que no se tenga que acceder obligatoriamente a ellos. No hay que empujar a que se transformen los cuerpos, hay que empoderar, porque los menores no son Playmobils. Pero, cuando una persona necesita un tratamiento o cirugía, hay que hacer que tenga garantías. No podemos descargar toda la responsabilidad del patriarcado en las personas trans. Porque, cuando no te has hormonado, según cómo vistas te van a leer de una forma que no te sientes, y esa es una discriminación constante.

¿Una batalla cotidiana?

Que todos los días tengas que defender quien eres es agotador. Y la seguridad hay que garantizarla. No queremos más procesos penosos para las personas trans: los bloqueadores hormonales se utilizan para cuando se tiene una pubertad precoz, porque dicen que hay personas que, pese a que la pubertad sea natural, eso les puede crear problemas psicológicos. El mismo motivo que en las personas trans: desarrollarse de una manera que no se corresponde a como nos han enseñado. Pues a los trans no se les permite. ¿Y un hombre al que se le opera una ginecomastia? ¿Ahí sí?

Usted defiende la descentralización. El tránsito de su hijo se dio en Benasque, un pueblo de unos 2.150 habitantes. ¿Son los pueblos ventajosos para eso?

Nos encontramos con más facilidades para un tránsito social en un pueblo, porque nos conocemos de forma más íntima. Un pueblo no está exento de problemas, pero gestionar la información en un sitio pequeño es más sencillo. Es más difícil tener los entornos sociales controlados en una ciudad grande. ¡Ni nos saludamos en el ascensor!

DESCENTRALIZACIÓN Y REDES SOCIALES

Chrysallis –una asociación con 1.200 familias– trabaja por núcleos en las comunidades autónomas y se reúne dos veces al año. Desde que nació en 2013, la entidad funciona sobre todo de manera virtual. "Abaratamos costes", sostiene Natalia Aventín, que dedica la mayor parte del tiempo a la entidad. El resto, a uno de los mil oficios que maneja para sustentarse: desde un taxi a las taquillas de una estación de esquí. En su modelo de asociación, la extensión del conocimiento es básica: la información en el ámbito escolar, sanitario o legal es el único seguro para las familias para ejercer los derechos básicos de los menores. En Catalunya, una de las zonas en las que más presión ejercen, hay más de 200 personas afiliadas.