Sin casa no hay paraíso

El modelo de vivienda de una sociedad nos habla del modelo económico y social por el que se rige, es decir: de la distribución del poder y de la riqueza, de las relaciones de género, de su capacidad de integración o, por el contrario, de su tolerancia a la desigualdad, de la importancia que se le otorga a los derechos sociales, de su conceptualización de lo público y lo privado y, en suma, de su posibilidad misma de perdurar. Si nuestro modelo de vivienda está en crisis, nuestra sociedad también lo está. 

En la actualidad, hablar de vivienda es hacerlo de la desesperación y la frustración de amplios sectores de la sociedad y del enriquecimiento de unas minorías que encuentran en ella un activo con el que especular. La vivienda es, sobre todo, el termómetro con el que hoy por hoy medimos la desigualdad, tanto en términos que podríamos llamar de clase como en clave territorial.

Una derecha que apuesta por volver a la España de los propietarios

En el artículo que abre nuestro especial, el periodista Oriol Daviu analiza la situación de la vivienda en los distintos territorios del Estado español. Daviu recuerda que la vivienda es una competencia de ejecución principalmente autonómica, pero se encuentra financiada a través del Plan Estatal de Vivienda (PEV). El PEV para 2026-2030 está en pleno proceso de negociación y parece difícil que en esto, como en tantas otras cosas, pueda haber un acuerdo entre el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y la oposición del Partido Popular. Esta oposición, que es política e ideológica, tiene también una expresión territorial. Las comunidades gobernadas por la derecha —la mayor parte de las 17 que integran el Estado—  apuestan por un modelo que regrese a la España de los propietarios, nacida con el desarrollismo franquista, y que se fomente la ampliación del parque de vivienda privada y el acceso a la compra/venta mediante incentivos fiscales y financieros.

La vivienda es, sobre todo, el termómetro con el que hoy por hoy medimos la desigualdad, tanto en términos que podríamos llamar de clase como en clave territorial. Es importante tener presente que la vivienda, antes que un activo, es un bien social y su acceso está consignado en nuestra Constitución como un derecho

El modelo por el que el Gobierno apuesta, aún de manera tibia y con toda clase de reticencias, busca hacer crecer y afianzar el parque de vivienda de protección oficial y contiene propuestas destinadas a facilitar a jóvenes y personas vulnerables el acceso a la vivienda. Adoptar medidas de esta índole implica contar con la colaboración de unas comunidades autónomas reticentes y afrontar las presiones del sector inmobiliario, en el que grandes tenedores y fondos de inversión tienen muchos intereses que defender. Y saben cómo hacerlo. De momento, han logrado instalar en la sociedad el miedo a la okupación, a pesar del carácter totalmente residual y controlado de este fenómeno. 

Mientras la ciudadanía vive atemorizada por la okupación, crece el rentismo, que es el verdadero problema en relación al mercado de la vivienda. Limitar el rentismo y sus efectos perniciosos sobre los precios de la vivienda implica una mayor regulación. En este sentido, diversos expertos y expertas alertan en nuestro especial sobre la necesidad de aumentar el parque de vivienda protegida, porque facilitar el acceso a la vivienda privada a través de incentivos fiscales y medidas que acrecientan los beneficios de la banca provoca daños colaterales. Una solución real y definitiva a la crisis de la vivienda, en el punto en el que estamos, pasa por pinchar la burbuja, y eso supone necesariamente limitar los precios del alquiler y recuperar para vivir los inmuebles vacíos y los que tienen un uso turístico. Es importante tener presente que la vivienda, antes que un activo, es un bien social y su acceso está consignado en nuestra Constitución como un derecho. 

Pinchar la burbuja

Como asegura Alejandra Jacinto, para pinchar la burbuja es necesario “desmercantilizar” la vivienda: arrebatársela a quienes obtienen extraordinarios beneficios sin hacer absolutamente nada más que especular, sin aportar nada. A quienes se benefician de un bien cuyo precio está inexorablemente destinado a crecer. El suelo es finito, y allí donde aparecen nuevos asentamientos o crecen los existentes, las administraciones destinan recursos en forma de servicios que sufragamos con nuestros impuestos. Al consolidarse los asentamientos, los precios de la vivienda crecen. El rentismo, que se aprovecha de este ciclo sin aportar nada a cambio, es el mayor factor de desigualdad en la actualidad porque genera una distancia inasumible entre quienes viven de los beneficios de poseer activos inmobiliarios y unas mayorías sociales con muchos problemas para acceder a una casa; unas mayorías sociales que se agolpan desesperadas a las puertas del paraíso. 

En El secuestro de la vivienda, (Península, 2025), Jaime Palomera explica que la mayoría de las viviendas se encuentran solo al alcance de quienes pueden pagar al contado, es decir, se venden sin hipoteca. En paralelo, el número de grandes tenedores sigue creciendo, especialmente desde la pandemia. Todo esto se traduce en alquileres a precio de lujo, más casas vacías y más pisos destinados al turismo. Por todo lo anterior, como afirma Jacob Stringer, autor de ¡Inquilinos, ¡uníos! (Bellaterra, 2025), en la entrevista que le ha hecho Marcos Bartolomé para nuestro especial: “la vivienda es lo que nos empobrece”. 

La periodista de Público Inés García Rábade, precisamente, nos cuenta en su reportaje “Cuando tus vecinos son la especulación y el acoso”, lo que les sucede a los inquilinos cuando la pobreza va de la mano de la precariedad y la vulnerabilidad. Por contraste, la exteniente de alcalde de la ciudad de Viena —ejemplo exitoso de un modelo de vivienda asequible— y reconocida experta en estos temas, Michaela Kauer, asegura en la entrevista que le hace Alfredo Almendro que, como en Viena hay un sector público y cooperativo muy fuerte, dos tercios de la población de la ciudad vive en algún tipo de vivienda protegida, social y asequible. Esto contribuye a moderar los precios del mercado y a asegurar el acceso a la vivienda.

Vivir en comunidad

Álvaro Bravo y Diana Moreno describen la situación de la vivienda cooperativa y social, y nos hablan de la difusión creciente aunque aún tímida del modelo de cesión de uso. En la actualidad existen un total de 146 iniciativas de esta naturaleza en el conjunto del Estado español. Este tipo de proyectos están creciendo, como se encarga de recordarnos el sociólogo Ivan Miró, particularmente en Catalunya. 

Por su parte, el antropólogo José Mansilla nos habla de la necesidad de avivar lo comunitario y de defender la vivienda como un derecho, de los sindicatos de inquilinos e inquilinas como la condición para presionar sobre los propietarios y los poderes públicos en defensa, no solo de los derechos del inquilinato, sino de un modelo más igualitario de sociedad. Las plataformas de inquilinos surgieron como reacción a la llamada Crisis del Ladrillo (2008-2014). Justo cuando el neoliberalismo entraba en crisis, los poderes públicos acudieron a rescatarlo. La pandemia, que parecía preludiar un cambio definitivo de paradigma, terminó por profundizar un modelo económico en virtud del cual la acumulación de riqueza y poder están cada vez más vinculados a la propiedad de activos inmobiliarios y menos al trabajo productivo.

Un modelo más igualitario de sociedad es incompatible con esta “economía de activos”, y lo es también con una forma de conceptualizar la vivienda como un espacio que reproduce el reparto de roles propios del sistema patriarcal, tal y como nos recuerda Queralt Castillo en su reportaje. Lo mismo ocurre cuando el mercado de la vivienda se comporta al margen de la sostenibilidad ambiental. Tom Kucharz explica que la frenética construcción de viviendas vivida en España durante décadas “no solo ha consumido suelos, biodiversidad y paisajes, sino que ha moldeado unas viviendas cada vez más vulnerables frente a temperaturas extremas, lluvias torrenciales, incendios forestales y sequías prolongadas”. 

Si queremos sobrevivir a nuestra propia depredación, todo esto tiene que cambiar y, como se ocupa de advertir Irene Escorihuela, las administraciones públicas deben jugar en este sentido un papel fundamental. La ampliación del parque público y la regulación del mercado privado no pueden esperar si queremos evitar que el acceso a la vivienda fracture más aún nuestra sociedad. El lugar en el que vivimos no puede ser una mercancía, salvo que pensemos que es una mercancía la vida misma. Es urgente caminar “hacia otro modelo de vivienda”.