Cuando tus vecinos son la especulación y el acoso

El precio del alquiler ha tocado máximos en todas las comunidades en lo que va de 2025. Casi cuatro millones de viviendas permanecen vacías. Hasta 380.000 se destinan al negocio turístico, apartadas del mercado residencial. Más de cinco millones y medio de hogares se enfrentan a situaciones de exclusión residencial. )

Con estos datos sobre la mesa, hablar de vivienda ha pasado a significar hablar de vulneraciones. De precariedad. La crisis habitacional se afianza en nuestro país, exhibiendo —cada vez con menos pudor—sus múltiples rostros. Prácticas abusivas en el alquiler, condiciones de infravivienda, desalojos por la fuerza… Cada vez más al margen de la legalidad. Cada vez con más violencia. Cada vez sobre más personas.

Un abuso de fuerza que en sus facetas más sutiles se disfraza de legalidad y se ceba con el eslabón más frágil del mercado inmobiliario: el inquilino. “Lo primero que me pidieron fue un aval bancario, con el equivalente a seis meses de alquiler”, relata José Ramón, inquilino de un bloque de Arganzuela (Madrid) de la compañía de seguros España SA, que preside Jesús Huerta de Soto, que es también uno de sus principales accionistas.“Una vez dentro, fui consciente de la cantidad de extras a la renta que pretendían cobrarme”, continúa contando. El IBI, el mantenimiento del edificio y de las zonas comunes, los gastos de portería. “Hasta el aparcamiento, y yo ni siquiera tenía plaza de garaje”, comenta con incredulidad. “Al mes me llegaba una factura completamente inflada y opaca, sin desglosar, en la que ya no sabías muy bien qué te estaban cobrando”, asegura.

Sus problemas con la empresa propietaria no terminaron ahí. “Nos intentaron hacer una subida de precios general del 6% conforme al IPC, a pesar de que teníamos firmado un 2%. Sin negociación”, se desahoga al otro lado del teléfono. “Presionándonos para firmar bajo amenazas indirectas. Todo para cubrirse las espaldas, porque sabían perfectamente que lo que hacían no era legal”, valora el vecino. “Nos llegaron a hacer pagar hasta la baja del portero”. Tampoco para salir del piso le pusieron las cosas fáciles. “Cuando se me acabó el contrato, no me quisieron ofrecer una renovación. Solo una prórroga de un año, pero cobrándome 100 euros más al mes, por encima del precio acordado en el contrato”, hace memoria. Ante la falta de alternativas, decidió quedarse. Pero no iba a dejar las cosas estar. El pasado mes de julio, ya fuera de la vivienda, interpuso una denuncia contra la propietaria. “Voy a recuperar esos 900 euros que me han cobrado de más”, sostiene tajante. “Aunque salí en noviembre, no he podido hacerlo hasta ahora porque seguían teniendo mi aval. Lo han usado para chantajearme, para que no les denunciara”, refiere con indignación. Como arma de presión económica.

Acoso, amenazas e intimidación: el estilo 'Desokupa'

“La violencia económica es solo una de las muchas vías mediante las cuales fondos, agencias y grandes propietarios buscan exprimir a los inquilinos para obtener la máxima rentabilidad”, describe Víctor Palomo, politólogo y abogado por el derecho a la vivienda. A veces ni con eso les alcanza. Y llegan las temidas amenazas de desalojo. “Primero fue un burofax. Nos fue llegando a todos los vecinos, puerta por puerta”, recuerda Carmen, vecina de Modesto Lafuente 8. Después de más de tres décadas en su vivienda, los propietarios, la familia de grandes tenedores Campos Cebrián-González Ruano, había decidido rescindir sus contratos. Se tenían que ir. Ante la resistencia de las familias, con todos los contratos aún en vigor, los propietarios recurrieron a lo que los vecinos y las vecinas tildan de “técnicas de intimidación”. “Mandaron a un par de sujetos para forzar a las familias a negociar su salida”, relata Carmen. Más tarde fueron la dejación de las zonas comunes o el cambio de titularidad en los suministros. “Llegando a suplantar nuestra identidad”, refiere la vecina. La familia propietaria no ha respondido a las preguntas planteadas por 'Público'.

En otros edificios, el acoso ha alcanzado niveles directamente insoportables. Es el caso de Tribulete 7, uno de los símbolos de la resistencia frente a la especulación en la capital. Después de adquirir el inmueble y tras la negativa de los inquilinos a marcharse, la SOCIMI  (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Elix Rental Housing puso en marcha por todo el edificio unas supuestas obras de rehabilitación. “Para hacernos la vida imposible. Para que tiremos la toalla y nos marchemos”, recalca Anxo, vecino del inmueble. Ruido, polvo, desperfectos, humedades. Los vecinos que quedan se muestran inquebrantables: “No nos van a echar tan fácilmente. Se acabó la impunidad”.

No son casos aislados. Se han convertido en estrategias sistemáticas del rentismo y la especulación. “Hay un cambio de paradigma en el modus operandi de fondos y grandes propietarios. Ahora al margen del terreno judicial”, corrobora Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Subidas de precios, cláusulas abusivas, técnicas de intimidación. “Son las nuevas herramientas para forzar la expulsión de los inquilinos”, desgrana. ¿El resultado? Desahucios invisibles, fuera de los cómputos oficiales —27.564 en 2024— y al margen de la legalidad. “A costa de la integridad física y mental de los vecinos”, subraya la letrada.

“Empezó a hacerse con los inquilinos que tenían contratos de renta antigua, porque no se les podía echar a través de los tribunales”, razona Palomo. Pero poco a poco se ha ido generalizando. “Ahora es habitual la contratación de los servicios de empresas de desokupación. Muchas de sus prácticas marcan ahora la tónica general del mercado”, añade el letrado. Y es que salen más rentables en términos económicos y temporales. “El propietario en cuestión se ahorra el coste y la espera de las dilaciones judiciales”, valoran fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Es, además, una forma de intentar desarticular las posibilidades de defensa de los vecinos. De esquivar el posible amparo de la justicia. “Hemos tenido muchos ejemplos de victorias colectivas en las que se han utilizado los propios tiempos judiciales como estrategia de presión y de negociación. Así se ahorran este inconveniente”, razonan desde el Sindicato.

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Todo ello facilitado por la connivencia de las administraciones. Como la recién aprobada normativa urbanística de Madrid: el Plan Reside. O, como lo ha bautizado la oposición, el “Plan Especula”. “Una regulación que facilita la expulsión de los vecinos para convertir edificios de propiedad vertical en viviendas de uso turístico”, resume Palomo. Edificios enteros que se convierten en símiles de hoteles, al estilo Airbnb, atrayendo más y más turismo. Pero no es el único motivo de preocupación. “Se está depositando la responsabilidad de la gestión y rehabilitación urbana en entidades privadas”, advierte Palomo. Una deriva que expone a los inquilinos a todo tipo de vulneraciones. Con pocas consecuencias legales para los infractores. “Vivir de alquiler no puede ser sinónimo de vivir sin derechos”, censura el letrado.

Vivir con dignidad: la lucha de los vecinos de la Cañada Real

El derecho a la vivienda no se agota en la disponibilidad de un espacio que habitar. “Es también el derecho a hacerlo en unas condiciones dignas, con todos los servicios básicos garantizados”, sostiene María López de la Usada, jurista e integrante de la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real. La antigua vía pecuaria se pobló con asentamientos de inmigración proveniente de toda España a partir de los años 50, en pleno franquismo. “Como ocurrió en prácticamente todas las periferias de las grandes ciudades, entre ellas Madrid”, desarrolla López. Asentamientos que se fueron regularizando para dar paso a algunos de los barrios y municipios al sur de la capital. “Como el barrio de Orcasitas en Usera, Palomeras Bajas en Vallecas o algunas zonas del municipio de Coslada”, enumera la jurista. La Cañada Real, sin embargo, se quedó en un limbo. “No por eso es un asentamiento ilegal. Es un barrio más, al que todavía no se le ha permitido consolidarse”, matizan desde la Plataforma.

“Vivir de alquiler no puede ser sinónimo de vivir sin derechos”

Un barrio de en torno a 14 kilómetros de extensión, que atraviesa los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Con más de 7.000 residentes, según las últimas estimaciones oficiales, recogidas en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana del año 2017. “Aún así, es difícil aventurar una cifra exacta”, valora López. “Algunas familias se han ido o han sido realojadas en los últimos años. Otras se han incorporado más tarde al barrio, donde han encontrado refugio frente a las dinámicas de expulsión de la capital”, añade. En cualquier caso, La Cañada es un barrio enormemente diverso. Una sucesión de contrastes. Desde chalets independientes y adosados, integrados en su municipio correspondiente y con servicios regulares de agua, luz o alcantarillado, hasta zonas más rudimentarias, “más humildes”. Sin asfaltar, con cortes habituales de los suministros, abandonadas a su suerte por las administraciones. “El caso más extremo es el de los sectores 5 y 6. Este último es el más grande y también el más poblado”, detalla la jurista. Un sector que, desde hace casi cinco años, vive sumido en la oscuridad.

“Es un territorio que ha sido literalmente apagado”, insiste López. En octubre de 2020, Unión Fenosa Distribución, del Grupo Naturgy, instaló limitadores de potencia en la zona sur del enclave. Unos dispositivos que impiden el suministro en el sector 6 e imposibilitan la conexión regular en el 5, donde los vecinos quedan a oscuras por turnos. Los cortes no solo afectan a la luz, también se suceden habitualmente en el suministro de agua corriente. ¿La respuesta de las administraciones? Silencio e inacción. “Pedimos tres cosas muy claras: luz, contratos y una mesa de seguimiento”, aclara la jurista. Cuentan con el respaldo del Consejo de Europa. “Ya en 2022 señaló que había que poner la luz de manera inmediata, pero ha sido a finales de 2024 cuando ha condenado finalmente a España por estas vulneraciones de derechos humanos básicos”, relata López. Se trata de derechos recogidos en la Carta Social Europea, como el derecho a la propia vida, a la salud o a la protección frente a la pobreza y la exclusión social. “Estamos hablando de unas personas, entre ellos 1.800 niños y niñas, que viven sin los suministros necesarios para conservar alimentos o medicación, para cocinar, para protegerse del frío o del calor, para mantener unos niveles de higiene dignos”, denuncia la jurista.

Ni consumos ilícitos ni motivos técnicos. “Se ha hecho a conciencia, para forzar el desalojo de su población”, asegura López. Por detrás de los cortes, recriminan desde la Plataforma, se esconden intereses urbanísticos. “Coincidió precisamente con la reactivación de los desarrollos del sureste de Madrid”, incide su portavoz. El Cañaveral, Ahijones, Berrocales, el Ensanche de Vallecas o Valdecarros. “No se puede explicar de otra forma el nivel de acoso y de abandono institucional del barrio. Sumado a los constantes vertidos sobre sus viviendas y a los derribos ilegales”, completa. Una situación que el Centro Sira de Atención a las Víctimas de Malos Tratos y Tortura llegó a calificar de “entorno torturante”. “La única solución que se está ofreciendo, con planes a diez años vista, es la del realojo fuera de su barrio. Privándoles de su apego al territorio, de sus infraestructuras, de sus redes de apoyo”, se lamenta la jurista. “No podemos normalizar estas vulneraciones de derechos en 2025. Sus vecinos llevan años resistiendo. Ni en las guerras se permiten, al menos sobre el papel, los cortes de suministro”.

No solo pasa en Madrid. El Vacie en Sevilla o Torre Baró en Barcelona tambien son barrios que ponen sobre la mesa un derecho fundamental del que no se habla lo suficiente: el derecho a la energía. A la disposición de la misma de manera constante y en cantidades suficientes. “Es la llave que asegura la cobertura de todas las necesidades básicas, del propio derecho a la vivienda”, indican desde la Plataforma. “Mientras estas situaciones se sigan consintiendo, mientras se continúe mirando hacia otro lado, no se puede hablar de un Estado de derecho a la altura. Se vulneran derechos humanos esenciales todos los días”, sentencian.

“Nos quedamos en nuestras casas”

La precarización de la vivienda no se limita a casos extremos como el de la Cañada Real. Es ya una realidad en cada vez más barrios y ciudades. “Al envejecimiento del parque de vivienda hay que sumarle el nuevo mercado del alquiler de habitaciones”, desarrolla Javier Gil, investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU). Un mercado que busca extraer todavía más renta de la población más precaria y empobrecida. “Porque una vivienda que se alquila por habitaciones, de media, se alquila a un precio mayor”, insiste Gil. ¿La consecuencia? Los inquilinos cada vez tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler. “Pero alquilan menos espacio y en peores condiciones”, denuncia el investigador. Lo corroboran los datos. Los últimos informes de portales como Idealista o Fotocasa revelan precios por encima del umbral de los 600 euros en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. “Lo que hace diez años costaba un piso completo”, contextualiza Palomo. Una tipología de alquiler que, a la vez que escapa a la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, favorece el modelo del chabolismo vertical. “Pisos cada vez más fragmentados, en los que viven más personas y en peor estado”, explica el letrado.Desde el Sindicato de Inquilinos de la capital se muestran firmes: “Nuestras ciudades y barrios no están en venta”. Para los activistas, la lucha pasa más que nunca por “autoorganizarse y tejer comunidades y barrios fuertes y unidos”. Con el recurso a dos de las tácticas estrella de la organización: la huelga de alquileres y la estrategia Nos quedamos. Aunque sin perder de vista la batalla en el terreno judicial. La condena por cláusulas abusivas contra Nestar o la primera querella colectiva por acoso inmobiliario contra Elix. “Con estas pequeñas victorias sentamos precedentes y redirigimos el foco del debate a donde tiene que estar: la vivienda como un derecho, no como un bien de mercado”, reivindican.