La justicia ha dado un paso relevante en la protección de los derechos de los habitantes de la Cañada Real. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve años de inhabilitación al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, por ordenar el derribo de una vivienda sin resolución firme, sin garantías legales y con conocimiento de que estaba habitada.

La sentencia considera que Santos incurrió en un delito de prevaricación administrativa, y califica su actuación como “arbitraria” y “deliberadamente injusta”. El tribunal destaca que el funcionario actuó conscientemente al margen del procedimiento legal, vulnerando derechos fundamentales del vecino afectado, un residente legal en España cuya casa fue demolida con todas sus pertenencias dentro mientras se encontraba de vacaciones en Marruecos.

El caso ha sido especialmente sensible por tratarse de la Cañada Real, donde desde hace años colectivos vecinales denuncian una estrategia institucional de desalojo encubierto en favor de intereses urbanísticos. “Se ha utilizado el aparato institucional para ejecutar una política deliberada de acoso inmobiliario”, ha afirmado Carlos Castillo, abogado de la acusación particular y miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

La resolución judicial también abre la puerta a una reclamación de indemnización, al reconocer la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid, que deberá responder patrimonialmente por los daños provocados por su alto funcionario.

En cambio, el tribunal ha decidido absolver al excomisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, Markel Gorbea, quien trasladó a Urbanismo que la vivienda estaba “flagrantemente abandonada”, aunque sin verificarlo. La Audiencia considera que no tenía capacidad de decisión directa sobre el derribo y, por tanto, no puede ser penalmente responsable. Sin embargo, desde CAES denuncian que la sentencia pasa por alto la responsabilidad política de quien inició la cadena de decisiones que terminó en la demolición.

El derribo tuvo lugar el 19 de julio de 2022, mientras el expediente estaba en tramitación y había sido recurrido formalmente. No hubo notificación previa ni presencia policial. La vivienda, construida con materiales sólidos y dotada de suministro eléctrico y agua, quedó reducida a escombros con todos los objetos personales y el vehículo del afectado en su interior.

Este fallo judicial se produce en un contexto de abandono institucional prolongado en la Cañada Real, donde miles de personas —especialmente en los sectores V y VI— llevan sin luz desde octubre de 2020. Una situación denunciada por el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo y numerosas entidades de derechos humanos.

Desde CAES insisten en que esta sentencia representa una victoria parcial, pero aún insuficiente. “Celebramos que se haya condenado una actuación claramente ilegal, pero no podemos dejar de señalar que hay responsabilidades políticas que siguen sin asumirse”, concluye Castillo.