La quimera de la despolitización de la Justicia

La palabra lawfare se coló el año pasado en telediarios, memes de Facebook y conversaciones de barra de bar. La fonética todavía es —para muchos— una asignatura pendiente. Lo mismo ocurre con su escritura. El anglicismo nace de la contracción entre law y warfare. En español, ley y guerra. Lo que viene a significar algo así como guerra jurídica o legal.

El término tiene solera: los medios empezaron a utilizarlo durante el cambio de siglo. ¿La explicación? No había ningún concepto para hablar del uso desproporcionado que pueden llegar a hacer los tribunales cuando quieren desestabilizar o perseguir a algún adversario. El lawfare lleva resonando desde entonces, cada vez con más fuerza. Y no es para menos porque pone nombre a uno de los males endémicos en España: la instrumentalización de la Justicia.

Definir el cómo y el cuándo

La Real Academia Española (RAE) no recoge la palabra lawfare en su diccionario, como sí hacen las dos instituciones de referencia en el plano británico, Oxford y Collins. La primera define el lawfare como el conjunto de “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo [político]”. La segunda habla del “uso de la legislación” por parte de un poder administrativo “contra sus enemigos, especialmente desafiando la legalidad de la política militar o exterior”. ¿Qué dicen al respecto las guías españolas más allá de la RAE? La Fundación del Español Urgente, también conocida como Fundéu, transcribe la primera de las acepciones y recomienda utilizar en su lugar otras alternativas, como persecución judicial o instrumentalización de la Justicia. El resto de las búsquedas ofrecen una página en blanco como resultado.

Las referencias al lawfare son más explícitas en la arena política, sobre todo desde las elecciones de 2023. Podemos, no obstante, empezó a sufrirlo diez años antes: “los morados” acumulan más de una veintena de querellas archivadas en menos de una década. Junts volvió a poner el lawfare sobre el papel en las negociaciones previas a la investidura de Pedro Sánchez; y ERC aprovechó el arranque de la legislatura para denunciar la existencia de “casos de guerra judicial” contra el independentismo catalán. El presidente del Gobierno también se ha dado cuenta de las entrañas del lawfare. “Hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la Justicia”, deslizó durante una entrevista para Televisión Española (TVE).

El PSOE no tiene una postura homogénea y sigue hablando de lawfare con cierta ambigüedad. Los partidos situados a su izquierda sí tienen claro que es necesario acabar con la instrumentalización de la Jjusticia en España. Las dudas están en el cómo. Y también en el cuándo. ¿Qué herramientas pueden ser eficaces para escapar del lawfare? ¿Y qué pueden hacer los poderes públicos? ¿Cuál sería el modelo a seguir? 

“Despolitizar” la Justicia, ¿realidad o utopía?

La Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, y hasta el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Los organismos internacionales se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la “falta de independencia” del sistema judicial español. Los puntos flacos son casi siempre los mismos. Y de ahí que las autoridades europeas tengan tan claro por dónde empezar. “El Poder Judicial tendría que ser un espacio de contrapeso para vigilar las instituciones y frenar sus posibles abusos, no puede convertirse en una carta al alcance de los partidos políticos. Este matiz es importante. Lo correcto sería hablar de una Justicia con fuertes injerencias partidistas, no tanto de una Justicia politizada”, defiende el magistrado Joaquim Bosch. 

Los expertos coinciden al exigir una reforma “urgente” del sistema para nombrar a los miembros de los altos tribunales y del Consejo General del Poder Judicial

Esta es una tesis que comparten casi todas las voces consultadas por Público. “Lo que está detrás [del debate] es el uso indebido que se hace de los instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de adversarios. Esto se ha relacionado mucho con los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García Ortiz”, reconoce Cristina Hermida del Llano, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Los expertos coinciden al exigir una reforma “urgente” del sistema para nombrar a los miembros de los altos tribunales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero advierten de lo utópicas que pueden llegar a sonar las propuestas que beben de la idea de “despolitizar” la Justicia. ¿Es realmente imposible?

La respuesta corta sería un sí. La larga la tiene Albert Noguera, politólogo y catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de València. “El sistema judicial español se ha culturizado en torno al poder y en unos términos profundamente conservadores y reaccionarios. Esta relación de factores, sumada a una herencia franquista que no podemos ignorar, explica en cierto modo que la derecha, cuando no gobierna, utilice un instrumento como la Justicia para hacer política”, señala. “El problema como tal no tiene solución. La narrativa de que el Poder Judicial no se puede entrometer en política es absurda, porque los magistrados son personas, y el Derecho no es una ciencia objetiva ni mecánica. Lo que sí podemos hacer es intentar que se generen tendencias que sirvan para contrarrestar esa cultura reaccionaria”, continúa.

Lo mismo apunta Joan Navarro, sociólogo y cofundador de Más Democracia. “La Justicia no sólo puede, sino que debe intervenir en la agenda política para cumplir su misión de control administrativo y corregir los excesos de quienes asumen el Poder Ejecutivo. Lo que ocurre es que los magistrados no siempre son neutrales cuando realizan estas funciones, dicho de otra manera: la cuestión no es que se intervenga, sino que se intervenga de manera poco parcial”, recalca el también profesor. 

Los aforamientos, origen de (casi) todo 

La sociedad española desconfía de la Justicia. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado mes de mayo los resultados de una encuesta sobre la calidad democrática y la percepción ciudadana de cada una de las instituciones del Estado. Los tribunales se quedaron a las puertas del aprobado. El 78,5% de las personas encuestadas aseguraba estar “muy en desacuerdo o en desacuerdo” con el planteamiento de que la Justicia no hace distinción entre unos y otros investigados. El porcentaje crecía más de diez puntos cuando se comparaba el trato que reciben los políticos con el de un “ciudadano corriente”. Y todas las miradas apuntan en la misma dirección. “España nunca ha buscado un sistema judicial marcadamente independiente en sus estructuras, sino que ha apostado por un reparto de cuotas entre los dos principales partidos. La propia judicatura permite estas injerencias en sus órganos de mando. ¿De dónde viene este interés en mantener controlado el CGPJ? España es el único país que tiene un número tan elevado de aforamientos. Los políticos son juzgados por tribunales especiales y los miembros de esos tribunales son designados por el Poder Judicial. Esto lo explica todo”, señala Joaquim Bosch.

Los diputados, los senadores, los fiscales y los magistrados no pasan por las instancias más bajas del sistema judicial, van directamente a los altos tribunales. Lo mismo ocurre con los presidentes autonómicos y la familia real. España ronda los 270.000 aforados. Estados Unidos, Alemania, Portugal o Italia reportan cifras insignificantes de cargos que gozan de esta condición. “La reducción de los aforamientos es clave para caminar hacia una menor instrumentalización de la Justicia”, insiste el magistrado. Pero este no es —ni mucho menos— el único lastre en el sistema legal de nuestro país.

Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, menciona también las carencias a la hora de designar a los miembros de la cúpula judicial en el modelo español. “Esta es una demanda recurrente de las instituciones europeas. Necesitamos un sistema que vaya más allá de las cámaras parlamentarias, pero que limite al mismo tiempo la intervención de las asociaciones judiciales; si no, solo cambiaríamos una instrumentalización por otra, aún encima, no elegida por los ciudadanos”, matiza. El CGPJ lo integran actualmente su presidenta, Isabel Perelló, y veinte vocales —“jueces y juristas de reconocida competencia”—fruto de acuerdos cerrados en el Congreso y el Senado. El mandato se renueva cada cinco años. Esta cuestión está directamente relacionada con las “pugnas partidistas” para controlar el órgano y mantener “amarrados” a los encargados de instruir los casos que puedan salpicar a cualquier persona aforada. 

“Los poderes económicos, sociales y políticos siempre tienen mucha más capacidad de influencia y determinación sobre los poderes judiciales que las personas que están fuera de determinados entornos. Esta es una de las grandes limitaciones del Derecho. La Justicia tiende a favorecer sistemáticamente a quienes tienen el poder. La clave está en ver qué tipo de reformas se pueden aplicar para conseguir una Justicia más vinculada al pueblo y menos relacionada con el terreno político”, recalca Andrés Boix, profesor de Derecho Público en la Universitat de València. ¿Cómo se pueden materializar estas reformas? ¿Cuál es realmente su viabilidad? 

Las recetas para un sistema más nítido 

El primer paso sería replantear el sistema de elección de los miembros del CGPJ, hacerlo “más transparente, más representativo”. El debate aquí está servido. “España es una anomalía judicial en Europa. El empeño por defender un sistema fallido nos ha llevado a una situación de descrédito absoluto fuera de nuestras fronteras. Si la cúpula de la judicatura la deciden los diputados y senadores, debería representar a todo el arco parlamentario, cosa que no ha ocurrido nunca. Y si caminamos hacia un modelo mixto, tenemos que asegurar que se tengan en cuenta las incompatibilidades y los méritos de los candidatos, incluso que se permitan propuestas públicas. Las personas que se presenten no tienen que cumplir solo los requisitos mínimos, también hace falta mirar los máximos”, señala Joaquim Bosch.

Las asociaciones de jueces proponen —a menudo— ser ellas las encargadas de asumir las tareas relacionadas con el nombramiento de los miembros del órgano rector de la judicatura. Esto es algo que tampoco acaban de ver las fuentes consultadas por Público. “Las asociaciones ahora mismo son correas de transmisión de los partidos políticos al ámbito judicial. Lo vimos con la aprobación de la amnistía, algunas declararon su inconstitucionalidad y convocaron una huelga cuando ni siquiera se había aprobado”, lamenta Gema Rosado Iglesias. “Las asociaciones son extremadamente corporativas, necesitamos que sean capaces de cumplir con su misión constitucional y puedan proponer y designar a los miembros de la cúpula judicial en función de sus carreras, no de su ascendencia política”, apunta Joan Navarro. 

Andrés Boix, por su parte, trae al centro del debate otros “modelos que pueden ser referencia”, como el universitario. “Las universidades han generado un entramado institucional en el que son ellas quienes eligen a sus rectores. Tienen cierto control financiero, pero pueden autoorganizarse. Esto es lo que debería hacerse con el CGPJ”, arranca, para luego añadir: “Los rectores son votados por el profesorado, pero también por los alumnos y por el personal administrativo. El Poder Judicial debería elegirse de la misma manera. La Justicia no son solo los jueces, también son los fiscales, los abogados, los procuradores, los funcionarios de la administración de justicia y hasta las personas investigadas. Esto evitaría un órgano tan politizado. El control estaría en manos de todos los actores del sistema”.

El recopilatorio de recetas no termina aquí. “La formación que reciben los futuros magistrados también exige una transformación profunda. Las escuelas tienen que enseñar una teoría crítica que les permita adquirir una visión más holística a la hora de aplicar el derecho, una visión menos positivista”, sugiere Albert Noguera. El catedrático pide además poner el foco en la composición del Poder Judicial. “¿Por qué lo tienen que integrar sólo jueces? Lo que hace [este órgano] es establecer sanciones disciplinarias, determinar los ascensos y marcar los períodos vacacionales. Las puertas deberían abrirse a personas que no vengan del ámbito judicial para romper con el corporativismo que existe y hacer la estructura más representativa”, reivindica. Este es un alegato en el que también repara Cristina Hermida del Llano: “Me parece importante que se den becas para financiar los estudios de las oposiciones a la carrera judicial, y garantizar así la igualdad de oportunidades y la captación de talento, con independencia del origen económico o geográfico de cada opositor. El temario debería prestar más atención, además, a los principios éticos y filosóficos del derecho”.

Joaquim Bosch va un paso más allá y propone incluso quitarle competencias al CGPJ. “Esto no sería nada descabellado, tiene parangón en otros países. El Poder Judicial aquí es tan importante y genera tanta controversia porque designa a los jueces que juzgan a los políticos Sin esta función, los nombramientos serían mucho más objetivos y las polémicas apenas existirían”, reivindica. Y Andrés Boix cambia de tercio para pedir el aumento de las competencias que tiene la figura del jurado popular. “Lo lógico sería darle más peso. Esto serviría para tener un sistema menos instrumentalizado. Y es algo que ocurre en casi cualquier democracia de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta los procedimientos civiles van a jurado popular”. ¿Qué más cosas podemos aprender de otros países vecinos? 

Los modelos de los que podemos tomar nota 

España tiene un sistema de designación discrecional para elegir a los miembros del CGPJ. Esto quiere decir que los candidatos que cumplen con unos requisitos mínimos pueden ser elegidos vocales del órgano de mando de la judicatura, sin que nadie valore los criterios máximos. “Todo el mundo sabe que ser el mejor jurista del país no te asegura llegar al Tribunal Supremo, pero la cercanía con uno de los dos grandes partidos políticos, te lo pone más fácil”, lamenta Joaquim Bosch. El magistrado pone como ejemplo el caso italiano. “La selección se realiza en base a un sistema de méritos tasados y establecidos”. Y menciona también el escenario alemán, donde “existen unas comisiones técnicas que son las que deciden la composición de los altos tribunales”.

Alemania tiene además un sistema parecido a los exámenes del MIR. “Los estudiantes de derecho eligen la especialidad en base a su nota, deciden si quieren ser registradores, notarios, jueces o funcionarios. Esto hace que personas de una escala social más baja puedan acceder a la magistratura. Y reduce las polémicas sobre los nombramientos”, apunta Andrés Boix. Albert Noguera se traslada por un momento al otro lado del Atlántico. “Bolivia llegó a establecer que el nombramiento de los magistrados de altos tribunales se llevara a cabo por sufragio universal. Lo que pasa es que la influencia del poder político se producía en la selección de los candidatos que concurrían a las elecciones: todos eran proclives al Gobierno”, advierte. Y Cristina Hermida del Llano busca el ejemplo en los países nórdicos: “Dinamarca, Noruega y Finlandia destacan por sus altos estándares en términos de independencia judicial, lucha contra la corrupción y eficiencia en la administración de justicia. Estos son los países donde mejor funciona la Justicia a nivel mundial”, concluye.