En cada hueso, una vida por contar

Han pasado 86 años desde el inicio de la Guerra Civil. Las palabras del general Queipo de Llano recogidas en el documental A sangre y fuego. Málaga, 1936 fueron mucho más que la enunciación de un deseo: “Sí, canalla roja de Málaga. Esperen a que llegue allí dentro de diez días. Me sentaré en un café de la calle Larios, bebiendo cerveza y por cada sorbo mío, moriréis diez”.

Era el anuncio de un exterminio. Se calcula que murieron unas 150.000 personas entre retaguardia, crímenes, desaparecidos, bombardeos o prisiones. Un exterminio ejecutado en tres fases, la primera de las cuales (el periodo de guerra, 1936-1939) consistió en la eliminación física de cualquiera que hubiera mantenido el más mínimo roce con la República.

Baste un dato concreto para entender la magnitud. Solo en Andalucía se registran 45.466 desaparecidos. Es un tercio de lo que provocó la represión franquista en España. Pero la cifra supera el número de víctimas de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Y la de Pico Reja (Sevilla) va camino de convertirse en la fosa común con más personas exhumadas en Europa occidental desde Srebrenica (Bosnia Herzegovina).

Sin embargo, casi 90 años después, se desconoce cuántos de esos 150.000 fallecidos siguen enterrados en cunetas y fosas. Hay cálculos aproximados del número de cuerpos que podrían encontrarse, siempre teniendo en cuenta que en casi un siglo muchos de esos enterramientos han literalmente desaparecido por los efectos del paso del tiempo. Una cifra que podría funcionar como objetivo es la que maneja Paco Etxeberria, antropólogo forense, ahora asesor de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática: 20.000 cadáveres. En fosas comunes. En nuestras cunetas. 20.000 vidas que pueden ser todavía recuperadas, contadas y escuchadas.

Tuvieron que pasar 25 años desde el último estertor de Franco, y una transición vendida hasta la saciedad como modélica, para que en España pudiera abrirse la primera fosa utilizando una metodología científica homologable a nivel internacional: la conocida como Los trece de Priaranza (El Bierzo, León). Fue en el año 2000 y sucedió sin el apoyo de Gobierno alguno, con un Estado desaparecido y ausente, sólo gracias al tesón de las familias, voluntarios y de personas como Emilio Silva, nieto de un represaliado, que hoy preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), impulsora de buena parte de las acciones de búsqueda de ejecutados durante la Guerra Civil.

Desde entonces hasta 2018 se recuperaron algo más de 9.000 cuerpos en 743 exhumaciones. La inmensa mayoría de los restos hallados (el 89%) pertenecen a población civil y, por tanto, no participaban en ningún ejército ni acción de guerra en el momento de ser ejecutados por el franquismo y lanzados a una fosa común. Es más, los trabajos de identificación de esos cuerpos permiten comprobar que las profesiones mayoritarias entre las víctimas identificadas son las relacionadas con el trabajo en el campo: campesinos, jornaleros y agosteros.

Se cumplía a pies juntillas la profecía de otro carnicero, Gonzalo Aguilera, aristócrata, terrateniente y capitán del Ejército español en la Guerra Civil, que desempeñó la función de oficial de prensa de Franco y de Emilio Mola: “Tenemos que matar, matar y matar, ¿sabe usted? Son como animales, ¿sabe? Y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste [...]. Nuestro programa consiste... en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado”.

El proletariado. Campesinos, jornaleros y agosteros. Y algunos profesionales liberales de izquierdas.

Gracias precisamente a parte de ese proletariado han sido posibles muchas de las exhumaciones llevadas a cabo en los últimos años. Hasta un sindicato de electricistas noruego contribuyó de manera desinteresada a hacer posible el desenterramiento de miles de cuerpos, según relata Silva. Lo que debería haber sido una responsabilidad del Estado, un compromiso con la Historia, con los ciudadanos y con los derechos humanos, en manos de voluntarios de una veintena de países... Ay, el peligroso proletariado.

Al impulso de la ARMH se unieron el de otras muchas asociaciones como Aranzadi y otras vinculadas a sus propios territorios. Con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, llegaron las primeras subvenciones a las exhumaciones. Estas ayudas fueron eliminadas por el Gobierno de Rajoy, que dejó a cero el presupuesto para la Memoria Histórica. Otras instituciones y gobiernos autonómicos, como los de Euskadi o Navarra y diputaciones como las de València, Cádiz o Sevilla, también han participado de manera activa en la búsqueda de los miles de desaparecidos. Ya con el Gobierno de coalición volvieron las subvenciones y ayudas para asociaciones y ayuntamientos. Hasta la aprobación este mes de julio de la nueva Ley de Memoria Democrática en medio de un espectáculo protagonizado por el PP a cuenta de una histriónica y extemporánea reivindicación de las víctimas de ETA.

Casi 50 años después de la muerte de Franco, el Estado asume, por fin, la responsabilidad de las exhumaciones de las decenas de miles de personas que continúan desaparecidas desde la Guerra Civil y los primeros años de dictadura. A partir de ahora, la Secretaría de Memoria Democrática elaborará planes cuatrienales de exhumaciones.

Sí, el Estado llega tarde. Tanto que ya apenas quedan personas vivas que fueran testigos del horror. Y llega también a medias, sin atender las peticiones reiteradas de justicia por parte de las víctimas. Sin verdad, justicia ni reparación cualquier iniciativa se queda coja y tuerta. Y con ella la sociedad en su conjunto. En Público lo llevamos reivindicando así, a través de la voz de las víctimas, a lo largo de nuestros quince años de historia, como un compromiso ineludible. Y seguiremos haciéndolo otros quince años si es necesario, hasta que se reconozca a los miles de hombres y mujeres que se dejaron la vida y la libertad en la lucha contra el fascismo.