BOGOTÁ.- Con el desarrollo de la ley de amnistía e indulto, que va a dar tranquilidad jurídica a la mayor parte de los más de 15.000 integrantes de las FARC (entre guerrilleros y milicianos), con un proceso muy favorable que se extiende a las fuerzas del Estado implicadas en el conflicto, se inicia en Colombia un año cargado de esperanzas, que debe incluir el final del otro grupo guerrillero, el ELN.

Por primera vez en 52 años, los colombianos podrán transitar tranquilamente por un país que hasta ahora ha estado tachonado por las llamadas “zonas rojas” en las que la guerrilla ejercía el control territorial e imponía su ley y sus condiciones. Tampoco podrán ya actuar a sus anchas las fuerzas estatales abusivamente descontroladas, sustentadoras muchas veces del paramilitarismo criminal, con la coartada de la lucha contra la subversión.

Colombia empezará a vivir en 2017 sin la “doctrina del enemigo interno” que ha sido del objetivo supremo del ejército y la policía durante las últimas décadas, en conexión con la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” anticomunista, impuesta desde Estados Unidos en la guerra fría. Su cumbre se marcó a finales de los años 70 durante la presidencia de Julio César Turbay con la promulgación del llamado “Estatuto de Seguridad Nacional” que institucionalizó la tortura y la desaparición forzada. Como informó Público hay unos 69.000 desaparecidos en Colombia, según estimaciones de la fiscalía. En 2017 se va a poner seriamente en marcha “un Plan de Búsqueda”.

Queda aún pendiente la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unas conversaciones que se iniciarán en Ecuador en las próximas semanas

Para Fernán González, uno de los más importantes historiadores colombianos, la llegada de la paz debe suponer también y fundamentalmente “el inicio de la transformación de la cultura política del país, sobre todo en lo que tiene que ver con la intolerancia y con la incomprensión del otro. En Colombia no se ha desarrollado una política moderna de diálogo con el adversario. Hasta que la gente no entienda que la vida política es una construcción colectiva de acuerdos entre adversarios y no de enemigos, el reto para la implementación de los Acuerdos de Paz va a ser muy grande”, declaraba hace poco a la revista Semana.

Queda aún pendiente la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unas conversaciones que se iniciarán en Ecuador en las próximas semanas, y cuyo mayor escollo es la continuada práctica del secuestro por parte de este grupo y cuyo final pone como condición ineludible el Gobierno del Presidente Santos antes de sentarse a negociar.

Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU acaba de levantar su voz de alarma ante un cierto renacimiento de la guerra sucia, según su delegado en Colombia, Todd Howland. Según el analista Antonio Caballero, sus protagonistas “son los mismos desde hace 30 años han financiado los viejos terratenientes. O los nuevos, que en estos 30 años se han enriquecido con las tierras despojadas a muchos cientos de miles de familias campesinas y que se niegan a que vuelvan los 6 millones de desplazados”. 2017 debe ser el año del final de una lacra que ha situado a Colombia a la cabeza del mundo en desplazamiento forzado.

Precisamente una de las Bandas Criminales o “BACRIM” como ahora se denomina a los paras, se llama “Ejército antirrestitución de Tierras”. Otras son “Los Rastrojos”, “Águilas Negras”, “Urabeños” o “Libertadores del Vichada”. Y la alarma ya se ha producido: están ocupando los territorios dejados por la guerrilla y donde el Estado no ha hecho aún presencia. Su objetivo: apoderarse del negocio del narcotráfico y la minería ilegal imponiendo el terrorismo y su ley. Ya tienen presencia en 27 de los 32 departamentos de Colombia, según el Ministerio de Defensa.

Una vez producido el desarme de las FARC, que culminará en seis meses como máximo, y convertida la guerrilla más poderosa y antigua del continente en un partido político más, debe empezar otra lucha de fondo, que desgraciadamente no se terminará en 2017, la que tiene que acabar con la corrupción, la primera lacra de Colombia, la pobreza y la desigualdad, que no han dejado de suministrar munición para una rebelión armada de más de medio siglo.