Los disturbios en que degeneraron algunas de las manifestaciones del jueves en Francia contra la reforma de las pensiones dieron lugar a 457 detenciones que llevaron a cabo las fuerzas del orden, entre los que hubo 441 agentes heridos.

Las cifras las dio este viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien en una entrevista al canal CNews señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia que se produjeron al margen de las marchas organizadas por los sindicatos contra la reforma del Gobierno.

"La extrema izquierda quiere atacar la República y hay que dar un mensaje de condena", subrayó el ministro, que reconoció que los sindicatos ya han denunciado la violencia, pero no así toda la oposición.

Insistió en la defensa de la acción de los 12.000 policías y gendarmes movilizados ayer, que "protegieron a los manifestantes" convocados por los sindicatos en más de 300 marchas por todo el país.

Según sus propias cifras, hubo en torno a un millón de manifestantes (3,5 millones, según una de las centrales convocantes).

Pero hizo notar que "esta movilización importante va de la mano de una radicalización de una pequeña parte", en particular "de la extrema izquierda" que se hizo notar en París, pero también en otras ciudades donde hubo graves altercados, como en Rennes, en Nantes, en Lorient o en Burdeos.

En París, dijo que en París hubo "1.500 vándalos" que se adelantaron al cortejo sindical y atacaron a los agentes con cócteles molotov, con adoquines y con barras de hierro.

El departamento de Interior contabilizó 903 incendios de mobiliario urbano y de contenedores que en algunos distritos de París, como en otras ciudades, llevan acumulándose por la huelga de la recogida de basuras desde hace más de dos semanas.

Darmanin contó que el presidente, Emmanuel Macron (que se encuentra participando en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas), y la primera ministra, Élisabeth Borne, "están inquietos en primer lugar por los manifestantes, que han podido manifestarse en buenas condiciones", pero también "por la radicalización de una pequeña parte".

Preguntado sobre si hay que renunciar a la ley de reforma de las pensiones ante la situación actual, su respuesta fue: "No creo que haya que retirar este texto por la violencia. Si no, la República no existe".

Es más, justificó su aplicación pese a la gran impopularidad de esa reforma, que retrasa de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación: "No es muy popular, pero hay que ser valiente".

"La impopularidad que nace de la reforma de las pensiones (...) muestra que los políticos también están para la próxima generación y no sólo para la próxima elección".