Salvo cambios de última hora, el Gobierno italiano prorrogará este domingo sus acuerdos con Libia para que sus guardacostas intercepten las embarcaciones de migrantes y refugiados  en el Mediterráneo central y puedan ser devueltos al país norteafricano.

Varias organizaciones han exigido este viernes a Italia que ponga fin a estos acuerdos implementados desde 2017 y renegociados por el ultraderechista ex ministro del Interior Matteo Salvini. Según las ONG, estos acuerdos significan condenar a estar personas a graves violaciones de los derechos humanos, como han documentado numerosas ONG, medios de comunicación e, incluso, las Naciones Unidas en los últimos años, que no consideran a Libia como un puerto seguro en el que desembarcar a los rescatados en el mar.

En los centros de detención de Libia se han comprobado torturas, esclavitud, violaciones, compraventa de personas o asesinatos sumarios; sin contar con la exposición de los migrantes devueltos a los serios riesgos derivados de un conflicto armado entre el Gobierno de Trípoli —reconocido por la Unión Europea— y las tropas del mariscal Halifa Haftar.

"Ignorar las consecuencias de estos acuerdos es, además de inhumano, imposible", ha denunciado la ONG Médicos Sin Fronteras, que trabaja en misiones de rescate en el Mediterráno y, desde 2016, presta asistencia médica en algunos de los centros de detención de migrantes de Libia bajo control del Ministerio del Interior. "Gracias al apoyo de Italia, personas inocentes y vulnerables o quedan atrapadas en un país en guerra, son obligadas a vivir situaciones peligrosas y amenazadoras, o son sometidas a un sistema de detención arbitrario y despiadado", insiste la ONG, que recuerda que "la mayoría de quienes logran escapar son interceptados sistemáticamente en el mar y devueltos de nuevo a centros de detención o a circuitos ilegales de explotación y violencia".

Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) también ha condenado estos acuerdos que ha calificado de "vergonzosa muestra" de hasta donde están dispuestos a llegar algunos gobiernos de la UE para alejar a los migrantes de sus costas y "condenarlos a la miseria y a la guerra". Según esta organización defensora de los Derechos Humanos,  durante los tres años, al menos 40.000 personas, incluidos miles de niños, han sido interceptadas en el mar, devueltas a Libia y expuestas a un "sufrimiento inimaginable". Entre ellas, 947 personas interceptadas solo este mes", explica Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.

Italia debería exigir que Libia libere a todos los refugiados y migrantes que se encuentran actualmente en sus centros de detención y que cierre esos centros de una vez por todas", exige la responsable de AI.

El Memorando de Entendimiento entre ambos países se firmó en 2017, y en el mismo, Italia se comprometía a entrenar, equipar y apoyar a la Guardia Costera y otras autoridades libias con el objetivo de permitirles interceptar a las personas en el mar y devolverlas a Libia.

Roma y el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU en Libia (GNA), no elegido e impuesto tras el fallido proceso de paz de 2015, decidieron extender el acuerdo en octubre de 2019.

El gobierno italiano se había comprometido originalmente a negociar enmiendas para abordar la grave situación de los refugiados y migrantes pero proseguirá en los mismos términos pese a que la actual guerra civil ha complicado aún más la situación. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha puesto fin a sus trabajos en un centro de repatriación de refugiados vulnerables en Trípoli por riesgo de convertirse en un objetivo militar. Al mismo tiempo, los enfrentamientos entre ambos gobiernos paralelos han causado víctimas civiles y se han bombardeado algunos centros de detención oficiales, causando decenas de muertos.

La guerra entre el GNA y el Parlamento electo y no reconocido en Tobrouk, bajo la tutela del mariscal Jalifa Haftar, se recrudeció el pasado 4 de abril, fecha en la que este último puso cerco a la capital.

Desde entonces han muerto más de 1.500 personas —300 de ellas civiles— y más de 140.000 se han visto obligadas a abandonar su hogar y convertirse en desplazados internos.