Los acuerdos entre el Gobierno de Italia y las autoridades libias para frenar las llegadas de personas migrantes y refugiadas a Europa por el Mediterráneo han llevado al país transalpino ante los tribunales.

Diecisiete personas migrantes han presentado un recurso contra Italia ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo por violar supuestamente sus derechos al permitir que la Guardia Costera libia les devolviera de nuevo a este país tras un naufragio ocurrido el pasado año en el mar Mediterráneo.

Los diecisiete son supervivientes de un hundimiento ocurrido el 6 de noviembre de 2017, confirmó hoy en la sede de la prensa extranjera la abogada italiana Loredana Leo, de las Asociaciones para los Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI).

Los hechos se remontan a noviembre de 2017 cuando la ONG alemana Sea Watch acudió al rescate de 130 inmigrantes que se encontraban a bordo de un barco que se estaba hundiendo en el mar. En aquel momento, los guardacostas libios, que estaban siendo coordinados a su vez por la Guardia Costera italiana, supuestamente interfirieron en el salvamento.

Aquel día murieron al menos 20 inmigrantes, la ONG Sea Watch salvó a 35 personas y los guardacostas libios devolvieron de inmediato a Libia a otros 47 supervivientes, que fueron encarcelados en centros detención del país en los que se violaron sus derechos humanos y en los que sufrieron torturas e, incluso, fueron vendidos como esclavos, según denunció Leo.

Entre los demandantes se encuentran los padres de dos niños que fallecieron en el naufragio, dos nigerianos que fueron devueltos a Libia y el resto son inmigrantes que se encuentran actualmente en Italia.

Los centros a los que fueron trasladadas estas 47 personas acogen habitualmente a otras que son devueltas al país y detenidas de inmediato, por lo que "el Gobierno italiano no podía no saber las consecuencias a las que iban a ser sometidas".

Italia, "responsable legal" de las violaciones de derechos

El recurso sostiene que el acuerdo de colaboración que firmaron Italia y Libia en febrero de 2017 para frenar el flujo de inmigrantes en el Mediterráneo, y que fue criticado entonces por numerosas organizaciones, es una señal clara de "la responsabilidad legal del Gobierno italiano en las acciones de los barcos italianos y libios".

Los denunciantes consideran que el Ejecutivo italiano es responsable por coordinar los trabajos de la Guardia Costera libia en el Mediterráneo, unas actuaciones que a menudo aumentan el riesgo de los "inmigrantes que se encuentran ya de por sí en situación de peligro", en palabras de la abogada italiana.

Leo también lamentó la "violencia" con la que actúan estos guardacostas libios en el mar cuando se disponen a frenar las barcazas que intenta llegar a las costas europeas.

La denuncia ha sido redactada por varias ONG a partir de pruebas recogidas por la organización Forensic Oceanography, que forma parte de la agencia Forensic Architecture, con sede en la Universidad Goldsmiths de Londres.

El Ministerio del Interior de Italia comunicó el martes que en lo que va de año 9.710 personas han llegado a las costas italianas a través del Mediterráneo, un 77,16% menos que los 42.505 del mismo periodo del año pasado. De ellos, 6.731 llegaron a Italia este año procedentes de Libia mientras que en el mismo periodo de 2017 lo hicieron 41.022 personas.