Los seis sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio han ingresado en prisión preventiva este jueves.

Un juez ecuatoriano ha optado por el encarcelamiento provisional de los seis hombres, todos ellos de nacionalidad colombiana, al tomar como base las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. Una instrucción judicial que tendrá una duración de 30 días.

Todos los implicados han sido arrestados "durante redadas ejecutadas" en dos distritos de la capital. Dos de ellos habían sido vistos en el lugar del ataque, ocurrido el miércoles tras un mitin electoral en Quito. Además de otro implicado que falleció tras ser alcanzado en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.

Los detenidos no tendrían relación con la banda Los Lobos. El vídeo en el que este grupo de delincuencia organizada admitía la autoría del crimen resultó ser falso, después de ser verificado por las fuerzas policiales.

Los restos mortales de Villavicencio fueron trasladados este jueves al Centro de Medicina Legal donde le fue practicada la autopsia. Para después dirigirse a un tanatorio en la zona norte de Quito, donde el cuerpo será velado por familiares, y el viernes se abrirá al público.

El atentado también dejó al menos nueve heridos, entre los que hay tres miembros del equipo de seguridad responsable de custodiar a Villavicencio, cinco de ellos se encuentran estables.

Ataque a una candidata asambleísta

La escalada de la violencia en Ecuador está en uno de los peores momentos de su historia. Apenas unas horas después del atentado contra Villavicencio, una candidata asambleísta, Estefany Puente, ha sufrido un ataque cuando se desplazaba en coche por la ciudad de Quevedo.

Puente conducía un vehículo en compañía de su padre y de un colaborador cercano, cuando fue interceptada por dos desconocidos que viajaban en motocicleta, según informa el diario El Universo.

En ese momento, uno de los sujetos abrió fuego contra el parabrisas y el costado derecho del automóvil y, más tarde, se dio a la fuga. Por suerte, la candidata salió ilesa del ataque, pero la Policía de Ecuador ya se encuentra investigando el suceso y los motivos del atentado.

La ONU y la OEA, preocupados por el avance de la violencia

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado el crimen contra Villavicencio, un suceso que para él "representa una grave amenaza a la democracia".

Mientras que ha expresado su solidaridad con el Gobierno, el pueblo de Ecuador y la familia del fallecido, ha denunciado el deterioro de la seguridad en el país latinoamericano, así como el impacto del crimen organizado y la "necesidad" de intensificar los esfuerzos tanto nacionales como internacionales para combatirlo.

"Naciones Unidas continuará apoyando a las autoridades ecuatorianas para abordar la violencia con pleno respeto a los principios y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos", recoge un comunicado del portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha asegurado que "el enemigo de la democracia es el crimen organizado y el narcotráfico, (ya que) están dispuestos a todo para mantener las cuotas de poder y sus intereses económicos".

La organización, que ha conseguido el "compromiso de todos los poderes" para realizar una segunda vuelta electoral en Guatemala, ha llamado a los guatemaltecos a fijarse en lo ocurrido en Ecuador ya que, según Almagro, el crimen organizado está observando los resultados por "toda la inmunidad que pueda obtener".

Suspensión de derechos durante el estado de excepción

Amnistía Internacional (AI) también mostró su desasosiego "por la actual situación de violencia en Ecuador, que se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas".

Al mismo tiempo, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha hecho hincapié en que "el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos, que podrían socavar la seguridad de toda la población del país".

En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente, Guillermo Lasso, emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden.

Según la ONG, esto "contraviene las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente".

El estado de excepción declarado este jueves en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente e implica la suspensión de una serie de derechos, entre ellos el de libre asamblea.

Además, el decreto amplía el mandato de la Policía y de las fuerzas armadas, que les permite entrar en residencias y locales para hacer registros y confiscar bienes, así como acceder a correspondencia.

En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, AI recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.