La coalición autoritaria de Dina Boluarte se blinda contra los jueces anticorrupción
La independencia judicial amenaza los planes de impunidad de los mandatarios en el poder, entre los que existen numerosos condenados y acusados por casos de corrupción. Los magistrados denuncian que algunas leyes impiden perseguir los delitos, mientras el Congreso prepara la estocada para someterlos.
Lima--Actualizado a
Ningún país latinoamericano tiene en prisión a dos expresidentes por el caso Odebrecht: en Perú, la independencia del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato y de los jueces amenaza los planes de impunidad de un poder corroído por la corrupción. Un poder del que forman parte políticos condenados y acusados en casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Ante esta situación, los magistrados denuncian que desde 2024 una decena de leyes maniata la persecución del delito, mientras el Congreso prepara la estocada para someterlos y los ataca a diario con información falsa.
Los políticos que gobiernan Perú desde el Congreso, con Dina Boluarte como presidenta nominal, están acusados o investigados por corrupción o violaciones de derechos humanos. Tras la sentencia dictada en abril de 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala —por organización criminal y blanqueo de capitales en campañas electorales—, la coalición autoritaria, que denuncian numerosos expertos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, acelera la asfixia al sistema de justicia. El Congreso planea cambiar su reglamento para inhabilitar a jueces y fiscales supremos con solo 50 votos, cuando actualmente son necesarios 67.
En el omnipotente Congreso mandan el partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados de la segunda vuelta electoral de 2021: los ultraderechistas Renovación Popular y Avanza País, y las bancadas de los empresarios César Acuña y José Luna, investigados desde hace décadas por negocios opacos. Después del frustrado autogolpe del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, se sumaron al cuestionado pacto varias figuras envueltas en casos de corrupción: los parlamentarios de Perú Libre, del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, condenado por varios delitos y acusado por organización criminal y blanqueo de capitales, al igual que Keiko Fujimori y su entorno -enjuiciados también por organización criminal y blanqueo de capitales-.
Un informe elaborado por cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ministerio Público, fiscales y juristas coinciden en que diez normas aprobadas entre 2024 y 2025 han debilitado el sistema de justicia y perjudican la persecución de delitos cometidos por los poderosos y por otros grupos criminales.
Controlar a jueces y fiscales
Consultada por Público, la exfiscal suprema Bersabeth Revilla sostiene que "el panorama legislativo en Perú está subordinado a intereses políticos y personales que van contra la Constitución y los tratados internacionales, afectando principalmente la independencia de los magistrados y el sistema de justicia".
"Los cambios en las leyes de colaboración eficaz, crimen organizado y la extinción de dominio —el decomiso de bienes producto de la corrupción— afectarán a unas 5.500 investigaciones en curso, incluidos casos contra expresidentes: representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y el combate contra la criminalidad", añadió la exmagistrada.
De acuerdo al exfiscal Martín Salas, la administración de Justicia está en gran riesgo: "Tenemos un poder político investigado: presidenta, ministros, congresistas, muchos de ellos preocupados porque no pueden manejar la Fiscalía de la Nación como en 2022-2023, y la Justicia trabaja de manera autónoma. Qué mejor para ellos que protegerse tomándola", alertó en Radioprogramas.
A esto se suma una campaña de descrédito contra los magistrados. Desde que aumentaron los asesinatos debido a la extorsión, el Ejecutivo, el Congreso y medios de comunicación afines repiten que la Policía detiene a delincuentes, pero los fiscales y jueces los liberan. Sin embargo, ello ocurre porque este Gobierno cambió las normas: solo hay prisión preventiva cuando el pronóstico de condena es mayor de cinco años de prisión. Y si los detenidos tienen de 18 a 25 años y no cuentan con antecedentes penales, la pena se suspende cuando el pronóstico es menor de ocho años de prisión.
El precedente de la sentencia a Humala
El juicio oral por organización criminal y blanqueo de capitales contra la lideresa del fujimorismo estaba a cargo de los mismos jueces que en abril han sentenciado a Humala por recibir ilícitamente unos 87.000 dólares de Venezuela en 2006 y unos tres millones de dólares de la constructora Odebrecht en 2011. En enero, dos de los tres magistrados anularon irregularmente lo avanzado en el juicio a Fujimori y ordenaron una nueva acusación con la ley de crimen organizado modificada en 2024.
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"Hay una procedencia ilícita, aportes inexistentes y falsos que trataron de ser legitimados mediante diferentes mecanismos", dijo la jueza Nayko Coronado al leer el adelanto de sentencia de Humala el 15 de abril. La procuradora ad hoc Lava Jato, Silvana Carrión, destacó en una entrevista radiofónica que es el primer caso a un presidente que marca un precedente importante: los aportes ilícitos de campaña electoral constituyen lavado de activos.
La forma en que el exmandatario, su esposa Nadine Heredia, su cuñado —condenados a prisión— y allegados derivaron el dinero a empresas fachada y falsos aportantes es similar a la que usó Keiko Fujimori en 2011 y 2016, y por la que fue a juicio.
"Es muy importante para los demás casos que lleva el Equipo Especial Lava Jato con relación a aportes ilícitos en las campañas electorales, uno de ellos el de Keiko Fujimori. Está sentando las bases", comentó el fiscal Germán Juárez después de conocer la sentencia.
"Esta es la razón por la que somos perseguidos: porque hemos llevado a la Justicia a dos expresidentes que ya son sentenciados. El Equipo Especial Lava Jato muestra su unidad respecto a lo que siempre hemos dicho: que no debe haber intocables, y que enfrentar el poder es sumamente difícil. Con la sentencia, el Poder Judicial demuestra también que es baluarte de la justicia y por eso nos atacan", añadió el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo.
Según el exfiscal Martín Salas, a raíz de esta condena, en otros casos "idénticos" vinculados con Odebrecht en campañas políticas "podría decirse que la suerte está cantada".
Daños a la investigación del poder
El fiscal José Domingo Pérez, destacado integrante del Equipo Especial Lava Jato, cita entre las normas recientes más perjudiciales la que dispone que solo pueden aplicarse las sentencias de tribunales internacionales en los que Perú haya sido parte. "Eso limita el control de convencionalidad de los jueces", explica, refiriéndose a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es comúnmente invocada por los magistrados peruanos.
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Pérez cita una decisión reciente de un juez que cambió una condena de prisión por detención domiciliaria a favor de un militar culpable de desaparición forzada. La decisión se basó en una nueva ley de supuesta prescripción de crímenes de lesa humanidad. "El juez no habría aplicado un control de convencionalidad de la norma, porque en la Corte Nacional de Justicia Penal siempre han respetado las sentencias de la Corte Interamericana", agrega el fiscal Lava Jato.
Adicionalmente, el cambio de la tipificación del delito de crimen organizado ha afectado al Ministerio Público, señala el fiscal. "Ha establecido estándares bastante altos, difíciles de probar, que van en contra de convenciones que Perú ha firmado sobre delincuencia organizada (Palermo y ONU). Afecta a fiscalías especializadas de crimen organizado, de lavado de activos, corrupción de funcionarios y los equipos Lava Jato y de corrupción en el poder", indica Pérez.
El informe de la Corte Suprema que analiza las reformas legales del Congreso cuestiona que ahora solo se consideren delitos de crimen organizado los sancionados con penas mayores a cinco años de prisión, y que la finalidad de la organización criminal sea obtener un beneficio económico —y no, por ejemplo, poder político—. La nueva norma, además, ya no sanciona la acción de promover una organización criminal, y obliga a que en las diligencias de allanamiento esté presente el abogado del investigado o un abogado de defensa pública, lo que da tiempo a los imputados para desaparecer o modificar las evidencias.
Pérez explica que la modificación de la ley de colaboración eficaz redujo el plazo de este proceso a ocho meses, pese a que en los crímenes transfronterizos los trámites de cooperación internacional para corroborar información pueden tardar medio año. "Reducir el plazo estimula a que sean renuentes a colaborar con la Justicia", anota el fiscal que desde 2018 investiga casos de corrupción de políticos de alto perfil en relación a Odebrecht.
El Gobierno promulgó este viernes una nueva ley de extinción de dominio que aprobó el Congreso en abril, y ahora impide que los bienes producto de la corrupción pasen al Estado hasta que haya una sentencia en última instancia.
"Desde que tenemos este Gobierno que encarna Dina Boluarte, la política criminal se ha ido modificando: una secuencia de normas ha alterado la forma con la que jueces, fiscales y la Policía tienen que afrontar y combatir el crimen. La extinción de dominio forma parte de este conjunto, están instaurando un estado de impunidad", apunta el fiscal.
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"Las normas deben darse para la sociedad en general, pero en estos casos tienen destinatarios: por ejemplo, la exención de responsabilidad penal de los partidos políticos se dio dos semanas antes del inicio del juicio oral a Keiko Fujimori, en 2024, y uno de los proponentes fue el partido Fuerza Popular", recuerda Pérez.
El informe de la Corte Suprema que analizó estos retrocesos plantea al Congreso reparar el daño con nueva legislación, y expresa la preocupación sobre la transparencia y legitimidad de una comisión parlamentaria creada para "reformar el sistema de justicia".
De acuerdo a los jueces supremos, el "vuelco más lesivo de estas modificaciones" se produjo al retirarle a la Fiscalía la conducción de la investigación penal y entregarla a la Policía, lo que califican como "una policialización del proceso penal". Esto se agrava por una relación tóxica entre la Policía y el Ejecutivo, que obstaculizan las investigaciones fiscales del homicidio de 50 personas durante la represión de protestas de 2022 y 2023 contra Boluarte.
"Al dar la investigación a la Policía, capturan las investigaciones y ello impacta en el proceso penal: esta política criminal desgasta la legitimidad de las instituciones de justicia, principalmente el Ministerio Público. Con esta ley retroceden a un procedimiento anterior cuestionado por burocrático, con incidencias de corrupción y manipulación", agrega el fiscal Pérez.
A inicios de mayo el panorama empeoró incluso más. El Tribunal Constitucional -que funciona como brazo del Congreso- ordenó reponer en el Ministerio Público a un fiscal supremo investigado por pertenecer a una red de corrupción del sistema de justicia, llamada Cuellos Blancos del Puerto. Otro exfiscal supremo destituido por dos casos distintos, uno de ellos por los Cuellos Blancos, usó dicha resolución de la corte constitucional para argumentar ante un juzgado que también debía ser anulada su destitución -ordenada en un proceso disciplinario por el consejo de la judicatura-. El juez decidió a su favor. En ambos casos, las investigaciones fiscales de los Cuellos Blancos no pasaron a la siguiente etapa porque el actual Congreso archivó las denuncias constitucionales.
El sujeto clave de dicha mafia -considerado así por la Fiscalía-, el destituido juez supremo César Hinostroza, vive prófugo de la Justicia en Bélgica, después de que España aprobara su extradición en 2019.
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